Recelos y aclaraciones tardías ante las cámaras en los colegios

El pasado 24 de octubre LAB advirtió de que el Departamento de Educación había comenzado a instalar cámaras en los colegios públicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en el marco de un proyecto de nuevas «aulas digitales». El equipo previsto consta de un monitor interactivo, ordenador de sobremesa, cámara web, micrófono personal inalámbrico y micrófono para el aula. A esto se sumarían, según el sindicato, cámaras en el techo de las aulas que, para poder funcionar, deberían conectarse al ordenador de sobremesa.

«Además de ser herramientas sin fines pedagógicos, dichas cámaras, que se pretenden implantar sin el consentimiento de la comunidad educativa y sin tener en cuenta su opinión, se quieren utilizar para el control del personal. Asimismo, ponen en peligro la protección y la intimidad del alumnado y atentan contra su privacidad», apuntó LAB, que alertó de que el Departamento de Educación «está chantajeando a las direcciones de los centros con la instalación de estos nuevos dispositivos interactivos». «Ha amenazado a los equipos directivos con que si renuncian a las cámaras no recibirán el resto del equipamiento del aula digital».

Tres días después, el 27 de octubre, Steilas publicó una nota en la que exigía una digitalización «consensuada». Al igual que LAB, advirtió de que los sindicatos, las direcciones de los centros y el profesorado no han recibido «ninguna información al respecto», ni han tenido «la oportunidad de consensuar los objetivos de estos equipamientos informáticos, ni las características de los mismos». Instó a Educación a aclarar, «a la mayor brevedad posible», la planificación de este proyecto y el de su aplicación y los criterios para la instalación de cámaras en los centros educativos. También preguntó al Departamento de Begoña Pedrosa quién gestionará el tratamiento de los datos recabados y cómo se garantizará la protección de los mismos.

Estas preguntas van en línea con las formuladas por ELA, que pidió explicaciones en el Mesa Sectorial de Educación, celebrada el mismo día 27. «Es denunciable que el responsable de personal nos diga que no tiene información al respecto y que nos haya pedido aclaraciones a los propios sindicatos», apuntó la central en una nota, en la que censuraba la «unilateralidad y la falta de transparencia». «No sabemos para qué son las cámaras y los micrófonos, ni cómo se va a gestionar la información recogida», añadió, haciendo hincapié en que «la digitalización sin límite es peligrosa y puede tener efectos sobre el proceso educativo».

El 29 de octubre, ELA volvió a compartir en redes una nota en la que denunciaba la falta de una respuesta clara por parte del Gobierno de Lakua. Exigía que se paralice la instalación de los equipos hasta recibir las explicaciones oportunas y animaba a los y las profesoras a movilizarse en los centros educativos en defensa de sus derechos.

Esta llamada a la movilización fue efectiva, ya que al día siguiente, el 30 de octubre, Educación envío una circular a los directores y directoras de los centros «dada la polémica suscitada». El Departamento señaló que la aulas digitales interactivas se enmarcan en el Programa de Cooperación Territorial para la Digitalización del Ecosistema Educativo, #EcoDigEdu, financiado por los fondos europeos Next Generation, y buscan solucionar las «carencias» detectadas durante la pandemia de covid.

Aseveró que «las aulas digitales no son una simple incorporación de equipamiento, sino una herramienta clave para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en modalidad presencial como a distancia o mixta». Y subrayó que su diseño responde a los siguientes principios: «Facilitar la inclusión digital del alumnado, especialmente de aquel en situación de vulnerabilidad; impulsar el desarrollo de la competencia digital en el alumnado y profesorado; apoyar metodologías activas y el trabajo colaborativo; y permitir la grabación y retransmisión de contenidos educativos, cuando sea necesario a criterio siempre del centro educativo y del docente, para garantizar la continuidad del aprendizaje». «En ningún caso se plantean como elementos sustitutivos de recursos personales», matizó.

«Entendemos que la instalación de cámaras en el aula puede generar dudas. Por ello, queremos aclarar que las cámaras no están destinadas al control ni a la vigilancia, sino a facilitar la grabación de contenidos educativos o la participación en actividades formativas en modalidad híbrida», remarcó, y detalló que «su uso estará siempre sujeto a las directrices que establezca cada centro en su Plan Digital. La instalación de los dispositivos no implica su uso obligatorio, sino que se pone a disposición del centro como recurso pedagógico. Una vez instaladas y comprobado su funcionamiento adecuado, podrá desinstalarse la lente para su custodia y utilización en los momentos que cada centro y docente lo precise».

«Todos los equipos instalados se controlan exclusivamente desde el centro, por lo que es éste quien determina su uso y regulación», resumió el Departamento de Educación, que finalizó la circular con este mensaje: «Esperamos haber despejado todas las dudas acerca de la instalación de las aulas digitales interactivas y os pedimos se traslade al claustro y al consejo escolar la información adjunta transmitiendo un mensaje de tranquilidad y una visión constructiva sobre las posibilidades que presenta la dotación de esta tecnología que siempre va a estar al servicio de cada proyecto educativo de centro».

Sin embargo, lejos de aclarar las dudas, la misiva de Lakua ha despertado más interrogantes en los centros educativos, y algunos claustros han optado por rechazar los equipos. «No dice qué empresa va a destinar todos los datos, a dónde irán», censuran fuentes del sindicato LAB consultadas por GARA, que cuestionan la falta de una formación específica en torno a la protección de datos. No en vano, la normativa autonómica establece que los centros deben contar con protocolos que todo el profesorado debe conocer antes de iniciar la captación de imágenes.

«INFORMAR Y FORMAR»

En declaraciones a GARA, Unai Aberasturi, presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, también subraya la importancia de «informar y formar» al profesorado. «Si va a haber un tratamiento de datos y sobre todo si va a ser un tratamiento masivo de datos debería hacerse una evaluación de impacto que debería contar al menos con la participación de la delegada de protección de datos del Gobierno Vasco. Se debería registrar este tratamiento de datos y debería publicarse. Y lo más importante, debería formarse al personal que fuera a ejecutar ese tratamiento. Estoy pensando sobre todo en el profesorado».

El objetivo, según explica, es evitar que se tomen imágenes de los alumnos y alumnas, ya que se trata de menores de edad en la práctica totalidad de los casos. «Hay que tener claro cuándo se puede utilizar ese sistema, que los casos estén justificados y sobre todo determinar quién puede activar el uso del sistema y cómo. Y es importante añadir que el sistema sea seguro desde un punto de vista tecnológico, que el tipo de cámara tenga unas funcionalidades limitadas, que no haga grabaciones fuera de lo estrictamente necesario o que no utilice Inteligencia Artificial, porque si la finalidad es estrictamente docente o pedagógica seguramente no necesitemos cámaras de reconocimiento facial o que hagan interpretación de emociones», asevera.

Considera que su uso se debe limitar a situaciones como las vividas durante el confinamiento de 2020, con clases por videoconferencia, o a la posibilidad de conectar con alumnos o alumnas enfermas para que puedan seguir la clase desde casa. O incluso para conectar un centro con otro lejano. «Ese tipo de situaciones podrían justificar el uso de estas videocámaras, pero no otros supuestos. No estamos hablando de vigilar al alumnado o de criterios de seguridad, ni nada parecido», señala Aberasturi.

«La realidad de la que partimos es que el alumnado no va a ser grabado. Se va a grabar al profesor o profesora con una finalidad estrictamente pedagógica. Con lo cual, quiero pensar que ni siquiera va a ser necesario pedir autorización a padres o madres», apunta.