El Gobierno español elude de nuevo la desclasificación de secretos

El día en que se cumplían 40 años de la detención por la Guardia Civil de Mikel Zabalza y su traslado a Intxaurrondo, de donde salió muerto, el caso volvió al Pleno del Congreso de los Diputados, donde ya dio mucho que hablar hace cuatro años tras la revelación de los audios que confirmaban su muerte por torturas. El Gobierno español fue emplazado de nuevo a desclasificar los documentos secretos que pudieran arrojar alguna luz sobre el caso, tanto por EH Bildu como por el PNV, pero como ocurrió entonces con los audios, dio la callada por respuesta.

El PNV interpeló primero a Pedro Sánchez y luego EH Bildu lo hizo con Félix Bolaños. Ambos se repartieron de alguna forma los papeles, puesto que el presidente eludió directamente la vía de la desclasificación, mientras el ministro sí fue tajante al respecto: no.

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes respondió a Jon Iñarritu que «el Gobierno por supuesto hace análisis de la solicitud de desclasificación desde la ley y los derechos humanos y también la seguridad nacional. El criterio es claro: si lo solicita un tribunal o una comisión de investigación, se concede, es un criterio absolutamente democrático». También podría hacerlo el Consejo de Ministros motu proprio, pero esa opción no se contempla.

El diputado de EH Bildu reprochó al Ejecutivo que ya son «40 años de secreto, de impunidad y de reconocimiento a los responsables de estos hechos». Puso como ejemplo palmario que Arturo Espejo, uno de los implicados en la detención, fue ascendido a la cúpula de la Guardia Civil tras la llegada de Sánchez al Gobierno y se ha jubilado este mismo año. «No es una cuestión jurídica, es una cuestión de voluntad política. La familia les pide que se desclasifique, y si quieren, pueden», le hizo ver.

Antes, a interpelación de la jelkide Maribel Vaquero, Sánchez decidió llevar la cuestión a otro espacio: la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que lleva prometiendo desde 2018 y aún no se ha materializado, tras varios borradores descafeinados por sus largos plazos de desclasificación (según el último borrador, los GAL quedarían “cubiertos” hasta 2048).

«Quiero en primer lugar mostrar mi respeto por su memoria y mi solidaridad con la familia -empezó-. Ningún poder del Estado debe estar exento de la fiscalización. Me comprometí en febrero con su grupo a una nueva ley de secretos oficiales, hemos enviado a las Cortes Generales el proyecto, somos el primer gobierno que lo hace, tras más de medio siglo sin tocarse -trasladó a Vaquero-. Creemos en el derecho de la ciudadanía a conocer su historia. Se encuentra en la comisión Constitucional en fase de enmienda y confío en que haya mayoría, es una de las leyes más importantes de la legislatura».

La diputada del PNV le había preguntado realmente por la desclasificación y no por la reforma: «No nos han servido las excusas», le dijo recordando que pasan los años y «todo sigue igual. Hay que esclarecer ese oscuro pasado, se lo debemos a los descendientes como garantía de no-repetición. No solo se debería hablar de Franco. ¿A qué tienen miedo y, sobre todo, a qué están esperando?», le espetó a Sánchez. Este replicó: «No tengo miedo a nada. Pero no está en mis manos, está en nuestras manos. Esta reforma no puede aprobarla solo el Gobierno. Les pido que trabajemos juntos, arrimemos el hombro».