El retardismo autonomista y el partidismo provocan un empobrecimiento democrático

Es un hecho incontestable que el Estado español y sus sucesivos administradores jamás cumplen los acuerdos políticos que firman con las fuerzas y las instituciones vascas. Retrasan tanto el cumplimiento de lo que han acordado que la realidad supera siempre las necesidades de desarrollo social por las que se pactó.

Pasan las legislaturas, cambian las prioridades socioeconómicas y aparecen fenómenos sobre los que se debería alcanzar nuevos acuerdos. Pero eso es complicado cuando los previos siguen sin cumplirse. Ese retardismo tiene consecuencias en las capacidades de las instituciones vascas para afrontar realidades complejas y urgentes como la transición energética, la política industrial, la gestión de la migración o la realidad sociolingüística.

A eso hay que añadirle una inercia centralizadora que, desde lo económico hasta lo cultural, erosiona la nación vasca. El grande impone su peso y ahoga la ventaja que tiene el pequeño, su dinamismo.

ESTATUTOARI BAI… BAINA GURE ERRITMORA

El caso más escandaloso de esa tradición de incumplimiento es, sin lugar a dudas, el del Estatuto de Gernika, que pronto cumplirá cinco décadas de retraso. Hay que recordar que es una ley orgánica, de rango constitucional, lo que en el sistema político español es sagrado, pero solo cuando beneficia a los intereses del españolismo y del centralismo.

Tal y como recuerda Iñaki Iriondo en un artículo, el próximo 31 de diciembre finaliza el plazo para que el Gobierno español complete las competencias que quedan para el total desarrollo del Estatuto de Autonomía de 1979, y nada indica que vayan a cumplir su palabra. A finales de 2023, Pedro Sanchez y Andoni Ortuzar firmaron un acuerdo de investidura que prometía «culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años».

Desde el PNV se agarran al carácter «improrrogable» del pacto, mientras el Gobierno español aduce problemas entre burocráticos y políticos, sin decir que no vaya a cumplir, pero dando a entender que hacerlo es imposible. En consecuencia, las «malas noticias» quedan en manos de los dirigentes del PSE, con quien el PNV tiene un pacto blindado en todas las instituciones, empezando por el Gobierno de Lakua.

Este bipartito está adquiriendo un cariz tendencioso muy poco edificante. Parece destinado más a evitar tener que compartir el poder con EH Bildu que a responder al programa autonomista. Para empezar, porque ni en ese autonomismo se ponen de acuerdo PNV y PSE. Por eso, una parte de la sociedad cree que lo de verdad les une son otro tipo de intereses.

UNA AGENDA VASCA SIN BLOQUEOS NI PARONES

El incumplimiento de los pactos supone un empobrecimiento democrático y debería tener costes tasados. El sectarismo y el partidismo son otros rasgos peligrosos para desarrollar una cultura política sana. Son tendencias que hipotecan al país.

En este contexto, la discreción ha regido las conversaciones entre partidos sobre el nuevo estatus político. Es una decisión razonable, pero que antes o después tendrá que ser avalada con resultados. Incluso entonces, si se logran acuerdos para el reconocimiento de la nación vasca, sobre qué poderes quedarán en manos de las instituciones vascas, cómo se implementarán y con qué garantías, habrá que tener en cuenta esa tradición ventajista. No para sumarse al retardismo, sino como ejercicio realista.

Partiendo de ahí, sin esperas, hay que construir una agenda vasca que acompañe con autonomía y con espíritu emancipador, para poner de una vez por todas a las instituciones vascas al servicio de la sociedad y de sus mayorías democráticas.