Fallece una persona sin techo en Donostia tras desplomarse en la plaza de Easo

Una persona sin techo murió ayer en la plaza donostiarra de Easo. A la espera de lo que determinen los resultados de la autopsia, los primeros indicios apuntaban a «causas naturales» de dicho fallecimiento.

Según informó el Departamento de Seguridad de Lakua a Europa Press, la Ertzaintza recibió el aviso sobre las 9.10 horas. Hasta la plaza de Easo se desplazaron dotaciones de dicha policía y ambulancias.

El hombre se había desplomado en el kiosco de la plaza, donde al parecer había pasado la noche. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida y un médico certificó su muerte.

LA VIVIENDA COMO DERECHO

El último informe del Servicio de Información e Investigación Social (SIIS), presentado el pasado 27 de octubre en Donostia, reveló unos datos preocupantes. En concreto, apuntó a un crecimiento sin precedentes en el número de personas que viven en la calle en la CAV.

Trasladado a cifras, el dossier evaluó que en 2024 se superaron las 1.556 personas contabilizadas en situación de calle, datos recabados en recuentos puntuales que se hacen una vez cada dos años, por lo que «los datos reales son mucho más elevados, pues no se cuentan las personas que no se han visto durante esa noche de recuento, ni todos los lugares donde duermen», advirtieron en aquel momento varios colectivos sociales.

Estos denunciaron «la situación que viven cientos de personas que duermen en la calle» y también las políticas de vivienda de las administraciones «que imposibilitan acceder a una vivienda digna».

Por todo ello, reivindicaron que la vivienda es un derecho y debe quedar fuera de la lógica del mercado: «Se deben crear los recursos necesarios para evitar y prevenir que ninguna persona tenga que dormir en la calle, ni sufra vulneración de sus derechos», demandaron. «Las instituciones deben garantizar una oferta suficiente y asequible de vivienda en alquiler social, que no suponga más de un 20% de los ingresos familiares. A día de hoy, ese porcentaje se sitúa en un 40% o más en algunos casos», añadieron.

Asimismo, recordaron que las instituciones están generando políticas de criminalización hacia las personas empobrecidas que viven en la calle con desalojos de espacios donde residen las personas más vulnerables.