Municipios tensionados para contener los precios del alquiler

Errenteria fue la primera localidad vasca en considerarse tensionada, a la que han seguido más de una veintena a lo largo de los meses. De acuerdo a la Ley de Vivienda, la declaración tiene una vigencia de tres años y su objetivo es revertir la situación del mercado del alquiler en ese plazo.

Para ello, fija un índice de precios de referencia del alquiler sobre el que los grandes tenedores están obligados a poner el precio en sus contratos. Es decir, establece un rango para topar los precios y limitar los alquileres abusivos. También precisa bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar el precio de nuevos contratos, al tener como referencia el anterior, para evitar subidas desproporcionadas.

Aunque el BOE publicó la primera resolución a finales de enero, Errenteria no pudo adoptar algunas de las medidas, ya que la Hacienda de Gipuzkoa no había remitido al Ministerio de Vivienda los datos fiscales y catastrales de las localidad. Las haciendas provinciales tienen la obligación de enviar esos datos sobre los municipios que han solicitado la declaración, para establecer el índice de precios de referencia. La de Gipuzkoa se demoró hasta junio, mientras que la ministra de Vivienda tuvo que reprender a Araba y Bizkaia porque en septiembre aún no los habían facilitado. Nafarroa lo había hecho en febrero.

Dichos datos se integran también en la calculadora pública del Sistema Estatal de Referencia de los precios de alquiler de Vivienda, que permite consultar el rango de precios aplicable en cada zona.

AUMENTAR LA OFERTA

Tras Errenteria, en abril, se sumaron Zumaia, Lasarte-Oria, Irun y Barakaldo. Tres meses después, dos capitales: Iruñea y Donostia, así como Galdakao y los 20 municipios navarros recogidos en la orden foral firmada en enero para frenar el tensionamiento del mercado de la vivienda. A finales de octubre se sumaron Bilbo, Gasteiz, Astigarraga y Usurbil.

Junto con la limitación de los precios, la declaración también indica que las administraciones públicas tienen la obligación de ejecutar un plan de medidas de urgencia para aumentar la oferta. En ese sentido, el gobierno foral obligó a los grandes tenedores de vivienda -dueños de más de diez propiedades o de cinco en zona tensionada- a identificarse, o afrontar multas de hasta 30.000 euros.

También Azpeitia implementó una medida similar para facilitar la salida al mercado de alquiler de las 563 viviendas vacías del municipio, y dar así respuesta a las 553 solicitudes recogidas en Etxebide. Quienes decidieran dejarlas vacías, pagarán 10 euros por metro cuadrado, un canon que subirá un 10% en 2026.

SEGURO PÚBLICO

Por su parte, el gobierno de Lakua ha iniciado el trámite de consulta pública previa para la elaboración del nuevo programa Alokaplus, un seguro público de impagos y desperfectos dirigido a personas arrendadores y propietarias con viviendas situadas en municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado.

La medida lleva poco tiempo implementada en Hego Euskal Herria pero ha demostrado su eficacia en Cataluña, donde los precios de los contratos en las zonas tensionadas descendieron un 4,9% y se firmaron más de 11.000 nuevos contratos.