«Si no existen en las estadísticas, los desplazados se vuelven invisibles»

En 2024, el número de desplazados internos en el mundo alcanzó los 83,4 millones, la cifra más alta registrada, de los que cerca de 50 millones viven en núcleos urbanos.

Efectivamente, es la cifra más alta de las últimas décadas. Las causas siguen siendo los conflictos, la violencia y el aceleramiento del cambio climático. La mayoría de las personas que se desplazan están viviendo en zonas urbanas y la tendencia es quedarse. El informe analiza los desafíos y riesgos que enfrentan las personas al llegar a las ciudades, pero también las oportunidades que estas les ofrecen.

¿Qué desafíos enfrentan?

Uno de ellos es la dificultad para identificar a las personas desplazadas y cuáles son sus necesidades. Otro, la invisibilidad jurídica. Cuando las personas se desplazan lo primero que dejan atrás son sus documentos de identidad, tarjeta sanitaria, certificados académicos, laborales o bancarios; todo aquello que los habilita para acceder a los diferentes servicios que ofrecen las ciudades.

Otro fenómeno común es la falta de tenencia formal de vivienda. Se exponen a posibles derrumbes porque muchas veces viven en asentamientos informales o en infraestructuras que no son sólidas, y deben hacer frente a la amenaza constante de desalojos forzosos y explotación, lo que puede dar lugar a un desplazamiento adicional.

A ello se suma la marginalidad económica y las barreras para tener algún ingreso. Quienes trabajan lo hacen habitualmente en el mercado informal, expuestos a ser explotados. Esto se cruza con el informe anterior que presenté sobre el crimen organizado, porque debido a la vulnerabilidad con la que llegan, estas personas son las primeras expuestas a ser utilizadas por grupos criminales.

Otro factor es la discriminación y la estigmatización. Las personas desplazadas son vistas como sospechosas, y la competencia por los recursos y la distribución de las ayudas puede generar tensiones.

El impacto en la salud mental también es clave, sobre todo en comunidades con identidades culturales o religiosas específicas o que antes del desplazamiento mantenían una vida más comunitaria.

Debemos incidir en la falta de recursos que tienen las alcaldías, las municipalidades y las autoridades locales para enfrentar todos estos desafíos. Los recursos provienen principalmente de donantes internacionales, no de presupuestos nacionales. Con la crisis de falta de financiación que afronta el mundo, es probable que haya menos ayudas.

¿Qué consecuencias acarrea la invisibilidad jurídica?

La documentación es la puerta a la ciudadanía y a ser sujetos políticos. Sin identificación personal muchas veces no puedes ni votar. Si no existen en las estadísticas, los desplazados se vuelven invisibles. Muchos Estados están tratando de reducir la necesidad de documentación legal. Cuando en Colombia dirigía la política de víctimas lo primero que hicimos fue tratar de disminuir la carga que supone tener que demostrar que eres quien dices ser o la veracidad de los hechos relatados... En Mozambique, el Gobierno diseñó una campaña móvil de registro civil para que los desplazados pudieran registrarse de manera rápida a través de una aplicación. Eso permitió un rápido acceso a la educación, a ser sujetos de créditos bancarios. No se debería de exigir a la persona que tenga todos sus papeles al día porque no tiene cómo hacerlo; la carga debería de estar en los Estados.

Ha mencionado como tema clave el impacto emocional.

Las personas desplazadas llegan con lo que alcanzan a llevarse en la huida. En esa maleta no solo llevan lo poco que pueden rescatar, sino también muchas pérdidas. Pero también llevan la esperanza de poder ofrecerle un futuro mejor a la familia. Expectativas que chocan con el aislamiento, discriminación, exclusión, invisibilidad, vulnerabilidad, desprotección y estigmatización que encuentran al llegar. Algunos presentan traumas que necesitan una respuesta médica, pero muchas veces los servicios de salud mental no están disponibles para las personas desplazadas por ese ciclo de invisibilidad del que hablábamos, la falta de recursos, etc. La mayoría de las veces lo que necesitan es sentir que son parte de algo, y que su dignidad y diversidad es respetada y reconocida. No hay que ver la salud mental como algo exclusivo del ámbito sanitario. Las intervenciones en sectores como la vivienda, los medios de subsistencia y la educación pueden mejorar considerablemente el bienestar psicosocial.

La inclusión e integración es mucho más alta y permanente cuando las personas han recibido o sentido que hay un cuidado por su salud emocional y bienestar general. Las autoridades locales no siempre ven eso, ven la inversión en salud emocional como algo adicional que cuesta mucho dinero y para lo cual no hay recursos. No se ve que se trata de una inversión en ese ser humano, que va a ser mucho más productivo, autónomo y capaz de aportar a la ciudad si está bien consigo mismo.

¿Cómo ve la cohesión social en estos tiempos en los que proliferan los discursos de extrema derecha?

Desafortunadamente, estamos en un momento en que nos hemos deshumanizado y nos cuesta ver al otro como alguien que es parte de uno mismo y de la humanidad, y creamos barreras y distancias por las cuales, sobre todo en contextos de empobrecimiento, falta de recursos, violencias…, las personas desplazadas son vistas como un extraño que viene a competir con nosotros por el acceso a los escasos servicios del Estado.

La responsabilidad frente a las personas desplazadas es de los Gobiernos, que deben de desarrollar políticas no discriminatorias, marcos legales con enfoques comunitarios… Hay que generar respuestas más incluyentes e integrales, no tanto sistemas paralelos, y tener una visión de ciudades donde todas las personas caben, sin discriminación.

Es importante la articulación y el trabajo con los medios de comunicación, organismos de derechos humanos, universidades... porque muchas veces se parte de la ignorancia. Hay estudios e investigaciones que corroboran que las personas migrantes, refugiadas y desplazadas han mejorado los indicadores de desarrollo; y no necesariamente aumentan los indicadores de violencia y criminalidad. Todo eso hay que hacerlo visible, porque muchas veces lo único que se ve son los aspectos negativos.

¿Cómo valora la respuesta de los estados al informe?

En el encuentro y diálogo que mantuvimos en la Asamblea General, todos reconocieron la importancia de mirar el desplazamiento en las ciudades como un fenómeno de largo plazo. Empecé la presentación del informe con una frase de una madre desplazada. Ella decía que llegaron desplazados a la ciudad, pero aún estaban buscando su hogar. Esa es la apuesta del informe. ¿Cómo ayudamos a las personas que llegan a que encuentren su hogar, entendiendo por hogar todo aquello que hace que una persona quiera y sienta que puede construir en ese lugar un futuro con dignidad?

Muchos países, por no querer asumir los desafíos que implica atender a la población que llega, fomentan que retornen. Lo que defiendo en el informe es que la integración local es también una solución. Las ciudades tienen la obligación de facilitar que puedan construir ese futuro en esa ciudad. Cuanto antes aceptemos que las personas desplazadas están mayoritariamente escogiendo quedarse en los entornos urbanos, más rápidamente vamos a poder responder a los desafíos que esto implica. Hubo una muy buena respuesta frente a esto y frente a que la vía para que esas personas se sientan parte de esos entornos urbanos no siempre es un ladrillo o una casa física. Dicho esto, debemos de aclarar que las personas siempre mantienen su derecho a retornar al lugar que dejaron atrás.

Usted dirigió la Unidad de Víctimas de Colombia, que durante décadas ha sido el segundo país del mundo con más desplazados internos. ¿Qué lecciones deja?

En positivo, Colombia tiene una experiencia de más de 28 años trabajando por la integración de las personas desplazadas por lo que cuenta con marcos normativos, políticos, sistemas de información; tenemos el registro de víctimas más sólido del mundo. Sumado a esto tenemos un proceso de paz que ofreció a las víctimas respuestas adicionales con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda.

Sin embargo, actualmente hay desafíos grandes para materializar esa reparación y posibilitar soluciones duraderas para las personas desplazadas internas por la persistencia de la violencia. Si bien no es la misma realidad de hace unos años, hay repuntes de la violencia y el desplazamiento en varias zonas del país, lo que hace que las personas vuelvan a tener miedo e incertidumbre, y no se cumpla la garantía de no repetición del acuerdo de paz. No obstante, lo logrado hasta ahora se mantiene, tanto la institucionalidad como la sociedad colombiana son fuertes, las víctimas están organizadas y seguimos siendo vistos como un referente.