«Debemos conseguir que la desconexión que genera la cárcel sea la menor posible»

Se acaban de cumplir cuatro años de la transferencia penitenciaria. ¿Qué se ha hecho y qué queda por hacer?

Iniciar una transferencia tiene su complicación, e Instituciones Penitenciarias es un reto. Como administración penitenciaria, eres garante de la persona que empieza a cumplir (seguridad, alimentación, educación...), pero también garante del cumplimiento de la pena para que sirva a unas finalidades determinadas, una orientación hacia la reinserción, y esto implica unas obligaciones para la Administración, implica poner medios. Por ejemplo, educación, no solamente como medio de formación, sino también educación reglada que le permita tener un título; o talleres formativos productivos, para que puedan coger habilidades laborales y tener un salario con el que puedan contribuir a la responsabilidad civil y además poder ayudar al exterior.

En los centros penitenciarios la persona se desconecta. Se desconecta a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar... Tenemos que conseguir que haya la menor desconexión posible. Y luego hay otra serie de programas, algunos impuestos por la ley, que están muy relacionados con determinados delitos: programas de violencia de género, de delitos de agresiones sexuales, otros que tienen que ver con la conducta... Tenemos que ser muy fuertes en eso.

En definitiva, se resume en tres palabras. Primera, acogida; se ha hecho un esfuerzo para traer al País Vasco a todas las personas que tienen arraigo, precisamente para evitar que la persona se desconecte. Hay que tener en cuenta que el ingreso en prisión es un duelo y hay que respetar los tiempos de la persona. Después, acompañamiento: proporcionar esos programas que nosotros tenemos que facilitar y ellos tienen que querer. Y en tercer lugar, apoyo; es esencial en la fase muy delicada de cuando empiezan a tener dosis más altas de libertad a través de salidas, tercer grado... Es donde todo lo trabajado en prisión -formación, educación, habilidades sociales...- lo tienen que poner en práctica en una sociedad en la que han podido pasar años sin estar. Ahí es esencial la red de recursos residenciales, centros de día... Este año se ha aumentado el presupuesto notablemente para todas esas ayudas y programas del Tercer Sector.

El Modelo Penitenciario Vasco apostaba por aumentar el régimen abierto. Se habló de pasar el 25% estatal al 40%. ¿Dónde estamos? ¿Y le parece adecuado ese 40%?

El objetivo es la reinserción. Cuando una persona ingresa en prisión puede tener un periodo muy largo de condena pero hay que empezar a trabajar con la mirada puesta en el exterior. Hay que ir poco a poco. El régimen semiabierto (tercer grado, 100.2...) ayuda, siempre y cuando el interno esté preparado. Por tanto, más que hablar de porcentajes me gusta hablar de personas preparadas. La Ley Penitenciaria también habla de estar preparado para poder afrontar tus necesidades, que es esencial. Mucha gente que entra en prisión no ha tenido esa posibilidad en su vida. Y también desarrollar una actitud de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Ojalá podamos seguir avanzando en porcentajes, pero más aún en personas preparadas.

El anterior Departamento marcó el criterio de mismo tratamiento para todos los presos, también los llamados ‘de motivación política’. ¿Se mantiene? Al inicio hubo declaraciones de la consejera [María Jesús San José] sobre el «arrepentimiento» que crearon dudas al respecto...

Los criterios son los mismos. Lo que ocurre es que hay delitos específicos, y no solo en el caso de asesinatos o lesiones por banda armada, también hay delitos por agresión sexual que tienen condiciones específicas. En esos casos hay condiciones específicas para lograr progresiones, aunque el tratamiento sea el mismo.

Lo del arrepentimiento da lugar a mucha confusión. La ley no exige, lo hemos dicho varias veces, un arrepentimiento; exige haber manifestado la renuncia a la violencia, a los fines terroristas, y la colaboración, y ello podrá acreditarse con una manifestación expresa.

Hay otro factor condicionante en estos casos: la Audiencia Nacional. Ha habido recursos de la Fiscalía que además suspenden las progresiones nada más presentarse. ¿Se sienten desautorizadas por ello las Juntas de Tratamiento de las cárceles vascas?

No. Efectivamente ha habido cinco recursos. Los dos últimos no han sido realmente por la concesión del tercer grado sino por la modalidad concreta. Ha habido cinco recursos, de los que tres han sido revocados. Efectivamente, el efecto que produce la interposición de recursos es que se suspende la progresión, es automático. Pero no [hay desautorización]. Cada uno tiene una función. Los equipos técnicos son las personas que trabajan de forma más estrecha con las personas internas. Luego están las Juntas de Tratamiento, que observan la conducta, los informes, lo que es la vida y la evolución de esa persona penada. Después está la Administración, que observa todo el conjunto. Y después, el control judicial.

En el cumplimiento de la pena siempre destacamos mucho la reinserción, pero también hay otros fines como la retribución, y entonces se trata de ponderar, ponderar donde se pone más el centro, y ahí puede haber discrepancias, como por ejemplo en estos tres casos o cinco casos que han sido recurridos. A mí me parece importante que cada uno cumpla su función y nadie se siente deslegitimado.

Con la ley 7/2003 o los 40 años de cumplimiento efectivo impuestos a estos presos, el horizonte de excarcelación o incluso de progresión de grado se dilatan mucho, los plazos se estiran casi hasta el final. ¿No afecta eso a su objetivo de reinserción?

Si no se estableciera un límite máximo, hay condenas de 200 años que se convertirían en una prisión permanente, incompatible con la reinserción. Ese límite tiene que ver con el fin de la retribución. Yo no creo que pueda ser un obstáculo para la reinserción, lo que creo es que durante todo ese tiempo hay que trabajar bien y que la persona penada primero quiera hacer ese trabajo y luego nosotros lo facilitemos.

Recientemente habló en Donostia sobre Justicia Restaurativa. ¿Se está aplicando en estos casos? ¿Cómo valora en general su implantación?

Aquí llevamos desde 2007 con la mediación y desde 2018 con el concepto de Justicia Restaurativa. Es algo bastante pionero en relación al resto del Estado. Soy una gran defensora, hay que ofrecerla a todo tipo de delitos y a todo tipo de personas. Ofrecerla, insisto, porque esto es un ofrecimiento, nunca una imposición. Y hay que garantizar la seguridad y la confianza, y eso pasa por la confidencialidad. Es necesario crear y mantener un gran clima de confianza y ello implica que tengamos que ser muy respetuosos. Si no, se pierde la confianza por ambas partes [presos y víctimas].

Sigue habiendo fallecimientos en prisión. ¿Les preocupa? ¿Hay medidas específicas?

Tenemos preocupación y ocupación. Cada vez que ocurre se abre un expediente para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido e intentar intervenir para mejorar. Se ha producido una disminución de las muertes por suicidio y eso consideramos que es positivo: en 2023 hubo tres casos, en 2024 uno, y en 2025 uno. Por desgracia las muertes por suicidio también están aumentando muchísimo fuera de los centros penitenciarios, las prisiones no son ajenas a esa realidad. Uno de los casos es por sobredosis voluntaria y siempre estamos intentando fortalecer programas de deshabituación y aumentar mucho los controles de sustancias. Otro fue por una enfermedad que no se podía evitar.

Estamos en un contexto global de auge del autoritarismo, del punitivismo... ¿Qué efectos puede tener?

Es verdad. Hemos visto recientemente encuestas en las que una parte de la juventud podría incluso justificar un periodo de dictadura con suspensión de derechos fundamentales por un ‘bien superior’. En las instituciones tenemos que ser muy responsables para hacer una labor divulgativa. Los contextos no pueden tener como consecuencia una disminución de las garantías y los derechos fundamentales. No se puede ceder en eso.

¿El Modelo Penitenciario Vasco estaría en peligro con un gobierno estatal PP-Vox?

Yo creo que no. La transferencia tiene ese elemento positivo. Somos además un gobierno muy estable. Aparte, en el cumplimiento de la pena el marco va a ser el mismo y las políticas públicas están muy claras, van dirigidas a reinserción, responsabilización, reconocimiento, reparación... Esto es muy sólido y no afectaría.