Juan Luis Ibarra renuncia a presidir la Comisión de Control de la Ertzaintza

Juan Luis Ibarra ha renunciado al cargo que desempeñaba desde que hace cuatro años le nombrara el Gobierno de Lakua al frente de la Comisión de Control de la Ertzaintza. Esta renuncia, que fue aceptada en el último Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, fue comunicada ayer tras la última reunión de este año del Consejo de Gobierno, en la que se aprobó la nueva composición de este órgano.

Fue creado en 2020 con el objetivo de estudiar, tanto de oficio como a instancia de parte, cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza y de las policías locales que apunte a una posible vulneración de derechos, aunque se ha mostrado poco eficaz hasta la fecha, y además en un periodo cargado de casos graves.

La Comisión se limitó básicamente a avalar actuaciones de la Ertzaintza en sus primeros años. Así ocurrió por ejemplo con el caso de Eneko Valdés, fallecido en Astigarraga durante una intervención de este cuerpo que apuntó a una mala praxis. Sin embargo, este último año ha empezado a levantar la voz ante las trabas a su labor desde el cuerpo.

Así, la última memoria denunció que desde la Jefatura de la Ertzainza no se le proporcione de inicio toda la información que solicita. Y se puso como ejemplo el caso de la carga junto a Anoeta en la que resultó gravemente herida en la cabeza, por una bala de foam, Amaya Zabarte.

Ante esta queja de la Comisión de Control y Transparencia, el parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea quiso saber la opinión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y este respondió refrendando la actuación de la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza, que vino a cerrar la puerta a las peticiones del órgano auditor. Es posible que esta reacción del consejero haya agravado la crisis en la Comisión.

Asuntos Internos ha vuelto a ser noticia estos días por dar carpetazo al caso de la desaparición de pruebas de test de drogas al hijo del nagusi de la comisaría de Ondarroa, afirmando que no se puede saber quién fue el responsable.

En general, en su última comparecencia ante el Parlamento de Gasteiz, el pasado mes de noviembre, Ibarra y la vocal de la comisión, Miren Ortubay, denunciaron las dificultades de acceso a documentación policial y la falta de medios para llevar a cabo su trabajo. También lamentaron la inexistencia de cauces oficiales para conocer si los cuerpos policiales implementan las recomendaciones que emite la comisión.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES

Al margen de la identidad de sus componentes y su disposición, los problemas estructurales de esta Comisión de Control para ejercer su labor resultan evidentes. Quedaron de manifiesto en una reciente comparecencia parlamentaria en Gasteiz de Anaïs Franquesa Griso, directora de Irídia-Centro de Defensa de Derechos Humanos, y Agus Hernán, coordinador de GEBehatokia.

Ambos presentaron el informe “Mecanismos independientes de control policial: un análisis comparativo y varias propuestas para su implementación efectiva en el Estado español”, y se centraron sobre todo en la Comisión de Control y Transparencia de la Policía autonómica. Franquesa Griso destacó que es una experiencia pionera, puesto que no existe en ningún otro lugar del Estado español, pero también apuntó que «su mera existencia, siendo imprescindible, no es garantía de éxito».

Hernán detalló que de los trece casos en los que ha intervenido, la Comisión solo ha admitido cinco. Apuntó que tiene muy limitada la capacidad de actuar de oficio, puesto que se restringe a los casos en que «se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves de una persona».

Consideró, además, que la Comisión está muy supeditada a intervenir a petición del consejero de Seguridad, lo que, a pesar de su teórica «autonomía funcional», en la práctica lo hace «totalmente dependiente de la estructura policial y del Gobierno».

En su composición hay, además, dos miembros de la Policía autonómica. En resumen, en opinión de los redactores de este informe sobre control policial, «mientras no se adopten mecanismos que aseguren su independencia en la constitución y capacidad de obrar, no se puede invocar su autonomía».

DEMORA EN LAS RESPUESTAS

También se criticó lo que se dilatan los tiempos de respuesta de la Comisión, «en algunos casos, por la propia dinámica de trabajo; en otras, porque el caso se encuentra sub judice». Lo más relevante aquí es que gran parte de esa demora en la resolución se debe «a la falta de respuesta del Departamento a los requerimientos de la Comisión, lo que resulta más intolerable».

El análisis denuncia, asimismo, que en casos que impactan en la ciudadanía, el consejero pasa la pelota a la comisión, lo que le libera de presión mediática, «posterga una dación de cuentas inmediata y frustra la obligación de asunción de responsabilidades políticas».

Junto a todo ello, apuntaron que «la reiteración de recomendaciones» que hace la Comisión de Control, como más formación y revisión de protocolos, si después no se hace una «evaluación de su implementación, acaba resultando hueca e ineficaz».

Esta renuncia de quien fuera durante diez años presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) se produce de manera paralela al proceso de renovación de cuatro vocales de este órgano que finalizan su mandato: Francisco Javier Hernáez, Estafanía Ocáriz, José Antonio Nieto y Miren Ortubay.

Entre los nuevos vocales de la Comisión que los van a sustituir se encuentra el presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, José Antonio González.

LEY DE EMPLEO AL TC

González fue el juez ponente de la reciente resolución del TSJPV para plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) respecto del artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco sobre los perfiles lingüísticos en la Administración, una decisión criticada desde el Ejecutivo autonómico, que ahora le nombra en este organismo.

También ha sido designado Enrique Lucas, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y director del Gobierno de Lakua; Nieves Martínez de Antoñana, que fue directora de Régimen Jurídico de Lehendakaritza desde 2012; la ertzaina Marta Aldanondo; y el abogado Santiago Ron.

Por su parte, se mantiene como miembro del órgano de control José Julio González, comisario jefe de la división de seguridad de la Policía Municipal de Bilbo. Estos nuevos integrantes han sido designados para un periodo de cinco años y sus nombramientos entrarán en vigor el próximo 14 de enero, una vez que sean publicados en el Boletín Oficial del País Vasco.