Myanmar busca legitimarse en las urnas mientras la guerra impide elecciones reales

Myanmar se encuentra inmerso en un proceso electoral por fases que el propio régimen militar reconoce que no podrá celebrar en todo el país. Casi cinco años después del golpe de Estado de febrero de 2021, la Junta liderada por el general Min Aung Hlaing puso en marcha el proceso el 28 de diciembre, en un contexto marcado por la guerra civil, el colapso institucional y la exclu- sión de amplias zonas del territorio. Lejos de representar un inicio para el retorno a la normalidad política, la convocatoria fue considerada por la oposición democrática, la ONU y organizaciones de derechos humanos como un intento de dotar de legitimidad a un poder surgido de la fuerza y sostenido por la represión. Las dos siguientes rondas de votación serán los próximos 11 y 25 de enero.

El propio Hlaing admitió que los comicios no van a poder celebrarse «en el 100%» del país, una confesión que que refleja hasta qué punto el Estado ha perdido la capacidad de ejercer soberanía efectiva sobre amplias zonas del territorio. El régimen ha dejado fuera del proceso a al menos 56 territorios que no controla.

La Junta Militar se enfrenta tanto a históricas guerrillas étnicas como a nuevas milicias prodemocráticas surgidas tras el golpe, que controlan amplias zonas del país, especialmente en regiones fronterizas y rurales, y cuestionan la capacidad del Estado para organizar cualquier proceso inclusivo. A eso se suma la disolución o el boicot de la mayoría de partidos prodemocráticos, incluida la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi, lo que ha convertido el proceso electoral en un mecanismo controlado, diseñado más para enviar señales al exterior que para reflejar la voluntad popular.

CONTROL LIMITADO

Según estimaciones de la oposición y observadores internacionales, el Ejército mantiene el control directo de una parte cada vez más limitada del territorio nacional, concentrada sobre todo en grandes ciudades y ejes estratégicos. En amplias áreas del norte, este y oeste, la autoridad de la Junta es contestada o inexistente. Este mapa fragmentado hace inviable celebrar elecciones mínimamente inclusivas y refuerza la percepción de que responden más a una estrategia de legitimación política que a un verdadero proceso de transición.

El conflicto interno de Myanmar tiene, además, un impacto que trasciende ampliamente sus fronteras. La violencia ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de personas hacia países vecinos como Tailandia, India o Bangladés, mientras que la proliferación de economías ilegales (como el narcotráfico o las redes de estafas digitales) ha convertido al país en un foco de inestabilidad regional. Situado entre China e India, y con acceso estratégico al Índico, Myanmar se ha convertido en un escenario clave de rivalidades geopolíticas, donde las elecciones difícilmente pueden ofrecer una salida a una crisis que es, ante todo, política, militar y humanitaria.

Al contrario, parecen destinadas a reforzar un simulacro de normalidad institucional en un país fragmentado por la guerra y la represión. Con amplias zonas fuera de su control, partidos proscritos y millones de personas desplazadas, el proceso carece de las condiciones mínimas para ser considerado libre o representativo. Más que un mecanismo de transición política, la votación se perfila como un intento de la cúpula militar de consolidar su poder y erosionar la presión internacional. El futuro inmediato de Myanmar no se decidirá en las urnas organizadas por la Junta, sino en la evolución del conflicto armado, la capacidad de resistencia de la oposición y la voluntad -a día de hoy muy limitada- de la comunidad internacional de no legitimar una farsa electoral que no traerá estabilidad.

El partido promilitar reivindica la victoria en la primera fase

La principal formación promilitar de Myanmar, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), reivindicó la victoria en la primera fase de las elecciones organizadas por la Junta Militar. Sin conocerse los resultados oficiales, un alto cargo del PUSD declaró a AFP que ganaron 82 de los 102 escaños de la Cámara Baja en los municipios donde se colocaron urnas y que su partido ganó en los ocho de la capital, Naipyidó.

En las últimas elecciones, en 2020, el PUSD fue derrotado por la Liga Nacional para la Democracia (LND), disuelta tras el golpe de Estado de 2021. La Junta Militar revertió el resultado aquel resultado y prometió elecciones para devolver el poder a la sociedad civil; pero no ha permitido participar a la oposición prodemocrática, que no aparece en las papeletas.GARA