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Nafarroa regula el cobro de las compensaciones por amianto

Tras crear el equipo de valoración correspondiente, el Gobierno navarro aprobó el mecanismo para compensar a las personas afectadas por su exposición al amianto en los ámbitos laboral, doméstico y ambiental.

Protesta por los efectos del amianto, convocada por LAB en Iruñea en 2009. (Gari GARAIALDE | FOKU)

El Departamento de Salud del Gobierno navarro ha dado un paso necesario para impulsar la reparación de los daños y perjuicios a la salud derivados de la exposición del amianto, al regular el procedimiento de acceso al Fondo de Compensación económica para las víctimas de esta sustancia tóxica.

El Gobierno navarro recordó que hace varias semanas una orden foral creó y nombró a los integrantes del equipo de valoración de víctimas del amianto y reguló el procedimiento oficial para la emisión del certificado de patologías relacionadas con su exposición, requisito indispensable para acceder a las indemnizaciones del Fondo de Compensación, impulsado por el Estado y que gestiona la Seguridad Social.

Este procedimiento responde a una ley de 2022 y a un real decreto de 2025 que tienen como objetivo compensar a las personas afectadas por exposición al amianto en los ámbitos laboral, doméstico o ambiental y que fueron aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema estatal de Salud.

El equipo de valoración en cada comunidad está formado por profesionales del ámbito de la salud pública, laboral y ambiental, garantizando la homogeneidad en los dictámenes que se elaboren.

El certificado se puede solicitar por vía telemática o de forma presencial, preferentemente en los registros ubicados en las dos sedes del Ispln, en el polígono de Landaben y en la calle Leire de Iruñea, aunque también se puede acudir a cualquiera de las oficinas de registro y atención del Gobierno navarro.

DICTAMEN

El equipo de valoración examinará la documentación y elaborará el dictamen necesario para que la gerencia del Ispln pueda resolver sobre la emisión del certificado de patología derivada de exposición del amianto en un plazo máximo de tres meses.

Una vez obtenido este certificado, la persona interesada podrá tramitar ante la Seguridad Social la solicitud de compensación económica. El plazo para pedirla es de cinco años desde el reconocimiento de la incapacidad.

La norma prevé que puedan solicitar la compensación quienes tengan enfermedades derivadas del amianto y no hayan recibido indemnización por los daños sufridos.