Denuncian explotación laboral en viviendas comunitarias para mayores en Bilbo

LAB ha denunciado explotación laboral machista y racista en varias viviendas comunitarias para personas mayores que administra una misma empresaria en Bilbo. Son 10 las trabajadoras que han acudido al sindicato relatando haber sido empleadas sin contrato o con contratos que no se corresponden con su jornada real y obligadas a pagar a su empleadora la Seguridad Social. La empresaria es también enfermera en Osakidetza y además de las viviendas comunitarias de Bilbo, administra otras en municipios como Zornotza y Durango.

En rueda de prensa ante la Diputación de Bizkaia, el sindicato aseguró que las trabajadoras acudieron, cada una por su lado, a LAB desde noviembre de 2024 y que el hecho de que todas denunciaran a la misma empleadora hizo saltar sus alarmas. Txefi Roco, secretaria antirracista del sindicato, relató un caso especialmente sangrante que conocieron en agosto del año pasado.

Esta empleada trabajó en una de las viviendas comunitarias durante 5 años sin contrato escrito. Cuando se lo pidió a su empleadora para poder así obtener un permiso de trabajo, esta le exigió que asumiera la Seguridad Social: «Yo te lo ingreso y luego me lo devuelves dejándomelo en un sobre».

Leyeron varias conversaciones reales entre la trabajadora y la empresaria, en las que se puede observar que cuando, embarazada de 8 meses, esta le expresó que estaba enferma y hospitalizada, la enfermera se limitó a pedirle dinero con mensajes como: «Mira, aunque tú estés de baja, yo tengo que seguir pagando los seguros sociales, para que lo tengas en cuenta, vaya»; «Hola, acuérdate que estando de baja tienes que seguir abonando la seguridad social, lo tienes en cuenta, ¿verdad?»; «Hola, no me has pagado, llámame. ¿Cuándo me vas a pagar? El lunes lo habías cobrado ya»; «Si esto sigue así, tendré que hablar con el abogado y rescindir el contrato».

Ante este acoso y la exigencia de que le devolviera el salario cobrado mientras estaba de baja, la empleada le pidió comprensión, a lo que la empresaria respondió lo siguiente: «Mira, me estuviste presionando para hacerte el favor y yo te lo hice [en referencia a haberle hecho un contrato escrito], ¿me puedes decir cuándo vas a dejar el dinero? Porque has cobrado un dinero sin trabajar».

A la crudeza de este relato se suman los compartidos por exempleadas en la concentración. Mostraron su preocupación por el estado de las personas mayores que atienden en los centros gestionados por esta empresaria, que les cobra la estancia a unos 2.500 euros al mes. Muchas veces es una sola trabajadora por turno la que se encarga de atender a los residentes, que pueden ser hasta 14. Además, las trabajadoras aseguraron que la calidad de la alimentación brilla por su ausencia y que escasean básicos como el aceite, el papel higiénico o las mascarillas.

También relataron que la administradora aprovecha su condición de enfermera de Osakidetza para acceder a los historiales médicos de los residentes cuando están hospitalizados y poder así, en base a su evolución, intuir si regresarán o no a la vivienda comunitaria, para proceder cuanto antes a ofrecer esa cama a otros potenciales usuarios.

TRES TIPOS DE TRABAJADORAS

Roco explicó que las trabajadoras se dividen en tres grupos. El primero lo componen las no migrantes y tienen condiciones laborales acordes al convenio del sector. El segundo agrupa a las mujeres migradas en situación regular, cuyo contrato laboral no refleja su jornada real.

El tercero lo forman las trabajadoras migradas en situación irregular que trabajan sin contrato, principalmente durante los fines de semana y las noches. Roco relató que cobran 50 euros por noche.

Maider Viso, responsable en LAB de las residencias de Bizkaia, aseguró que, si bien la empresaria es responsable de explotar a las trabajadoras, es la casi nula regulación del sector por parte de la Diputación la que propicia que se dé esta situación.

Explicó que las viviendas comunitarias, que son, fundamentalmente, residencias pequeñas (con 10-14 residentes y unas 4 trabajadoras en plantilla), están reguladas por un decreto de 1998 «totalmente obsoleto» que deja demasiados vacíos legales.

Desde LAB, llamaron a las trabajadoras a acudir al sindicato a denunciar su situación. «No estáis solas», recalcaron.