Los sindicatos agrarios coinciden en que Mercosur dañará al sector

Desleal. Es el adjetivo más utilizado por los sindicatos agrarios de Euskal Herria para definir el impacto nocivo sobre el primer sector vasco que supondrá el acuerdo entre la UE y Mercosur. Todos ellos coinciden en que las menores exigencias a la hora de producir alimentos en la zona que abarca Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay suponen un agravio comparativo respecto a las obligaciones existentes en los Estados que componen el órgano comunitario. Y también en que no se trata solo de un problema particular de agricultores y ganaderos de nuestro país, sino de algo que afecta a toda la sociedad, en lo que se refiere a la defensa del tejido productivo de un territorio y de una materia tan esencial para el ser humano como la alimentación, sin olvidarse de cuestiones sanitarias.

No solo eso. También constituye el enésimo capítulo de la pertinaz lucha entre una concepción a pequeña escala del agro y otra de tipo industrial. «Es la contradicción constante de las políticas europeas, que hablan de hacer frente al despoblamiento rural y promover la defensa del medio ambiente, que no son más que teatro, y luego abrir las puertas a autopistas de ocho carriles para el comercio internacional de productos que generarán beneficios a unos pocos lobbies y tendrán al consumidor completamente dependiente», asevera Garikoitz Nazabal, presidente de EHNE-Gipuzkoa.

En esa pelea entre modelos antagónicos, países con una gran extensión geográfica, como Brasil y Argentina, parten con clara ventaja para imponerse en determinados sectores, como es el caso del de la carne, con una producción de carácter intensivo. Ligada, además, como denuncia Unzalu Salterain, coordinador de EHNE-Bizkaia, «a la utilización de hormonas de crecimiento, muy lejos de los estándares de calidad y seguridad alimentaria que plantea la Unión Europea».

Precisamente, es esa sustancial diferencia en la trazabilidad el principal caballo de Troya que los sindicatos agrarios vascos denuncian que se nos quiere introducir. Ello tiene consecuencias inmediatas en la competencia comercial y en la garantía sanitaria. «Nuestros costes son mucho más elevados que los de aquellos que priorizan el volumen frente a la calidad y eso repercute en el precio final del producto que se expone en los lineales de tiendas, supermercados y grandes superficies. Los consumidores pueden optar por el que es más barato, sin saber realmente qué están comiendo. En nuestro caso, la incertidumbre gira en torno a poder mantener nuestras explotaciones con esta manera de producir», explica la presidenta de UAGA, Edurne Basterra.

Para el portavoz de ELB, Julen Perez, el acuerdo traerá consigo la «muerte» del primer sector europeo, al imponer una «economía ultraliberal destructiva a escala mundial», que va a ser perjudicial para «la salud pública de los consumidores y de los cultivadores sudamericanos, con el uso de productos ultra nocivos prohibidos en Europa».

SUSTANCIAS CANCERÍGENAS

«Mismo mercado, mismas reglas, así de sencillo. Exigimos una reprocidad en las condiciones de producción, de comercialización y de control de la trazabilidad. No estamos en contra de que haya acuerdos internacionales, pero con idénticas exigencias que nos obligan a cumplir a los baserritarras europeos», incide Xabier Iraola, coordinador de ENBA.

Armoniza con ello el presidente de UAGN, Félix Bariain, al asegurar que «es positivo todo acuerdo que sirva para facilitar relaciones entre el comercio de países, pero estamos en contra de que la producción de bienes agrícolas y ganaderos no cumpla las mismas condiciones en otros países de las que aplicamos nosotros aquí. Sobre todo, teniendo en cuenta que algunos productos pueden ser potencialmente inductores de enfermedades».

Alberto Alecha, de Semilla y Belarra, ahonda en la cuestión al indicar que la Unión Europea prohíbe «más de 150 componentes de fitosanitarios, herbicidas, insecticidas, fungicidas o abonos en agricultura, además de diversos antibióticos y hormonas en ganadería. No estamos en contra de ello, porque pueden dañar el medio ambiente y muchos de ellos son cancerígenos, sobre todo si no se regula su aplicación. Sí estamos en contra de que lleguen productos sin control de países que permiten utilizar dichas sustancias».

Los responsables de los sindicatos agrarios vascos ven reflejada en este tratado económico una flagrante incoherencia institucional. «Con cada paso que da esta Europa nuestra no hace si no perder completamente la credibilidad», expone Nazabal, para quien el tratado con Mercosur se suma a «las políticas de 50 años de involución de la PAC, que han favorecido un sistema corrupto y muy desligado de los fines para los que se creó».

Por su parte, Basterra considera que hay «mucha hipocresía» en las administraciones, ya que «quieren que produzcamos calidad», pero sus actuaciones están empujando al sector hacia el camino contrario. «Lo que se fomenta realmente con las leyes que se aprueban es que las explotaciones sean cada vez más grandes», argumenta. En la misma línea, Salterain tilda de «folklore» las políticas públicas que pretenden defender la soberanía alimentaria, «que es lo primero que se pierde en aquellos países que adoptan acuerdos de libre comercio, la historia está ahí para certificar dicha cuestión».

Iraola recuerda que, con motivo de la pandemia del coronavirus, Europa «ya fue consciente de que dependía completamente de otros mercados» y ahora pretende ahondar más en esa incongruencia, «invitando a los agricultores y ganaderos europeos a reducir su producción y abriendo la puerta a alimentos que no cumplen con su normativa». «No me parece muy sostenible que un kilo de carne recorra 8.000 kilómetros en varias semanas. No sé qué tipo de presiones u horizontes puede haber para impulsar este acuerdo, aunque me puedo imaginar que algo de puertas giratorias habrá por ahí. Esto va a beneficiar a otros sectores, como el automovilístico o la industria farmacéutica, empresas que, cuidado, se pueden deslocalizar, algo que no ocurre con el nuestro, que fija población en las zonas rurales y cuida del medio ambiente», razona Bariain.

Mitigar la importante contestación surgida en los Estados con mayor peso agrícola y ganadero ha llevado a que los máximos responsables de la UE hayan sacado a relucir la posibilidad de aplicar cláusulas de salvaguarda. Unas medidas que el actual presidente rotatorio del bloque sudamericano, el canciller paraguayo Rubén Ramírez, rápidamente ha negado que deban incluirse por no haberse negociado en el tratado de libre comercio que se pactó en Montevideo en diciembre pasado.

Salterain resta valor a esas posibles cláusulas porque «son una cuestión que surgió a raíz de que, en un primer momento, no hubiese una mayoría suficiente en la Unión Europea para firmar el acuerdo». Y, en el caso de que se aplicasen, duda de su eficacia porque, «una vez cometida la infracción, el daño ya está hecho». Igualmente, Nazabal las tacha de «parches», que lo único que hacen es «despistarnos de lo que tendría que ser nuestra hoja de ruta, con el objetivo de aplacar el malestar existente y que consigan el objetivo que persiguen. Al final, te sientes utilizado como sector y como país».

De «cortina de humo» las tilda Basterra, al considerar que su finalidad es «callarnos» y amortiguar «el revuelo que se ha montado». «Al final, somos un cromo que están intercambiando. Ni se van a tomar medidas, ni se va a incrementar la vigilancia en aduanas, ni se va a exigir absolutamente nada», alega. Al hilo de ello, Bariain aporta el dato de que el porcentaje de producto agrario que se controla en los puertos de la UE «es del 0,0082%» y agrega que, cuando se han producido episodios problemáticos como, por ejemplo, la llegada de enfermedades o insectos en containers que han afectado a cultivos, «nunca se ha llegado a sancionar por ello».

DE TODA LA SOCIEDAD

Estas centrales sindicales consideran que, al ser la alimentación un derecho básico, no solo «no puede ser una moneda de cambio», como denuncia Salterain, sino que también su defensa no debe recaer únicamente en los productores y debe ser una prioridad para toda la sociedad.

«Tiene que tomar cartas en el asunto porque a corto plazo unas pocas manos manejarán todo lo que tengamos que poner en la mesa», advierte Nazabal. No obstante, las expectativas de que esto suceda no parecen muy optimistas. Iraola alega que, mientras existe un porcentaje de la población al que le preocupa cómo se alimenta, «lo cierto es que a la mayoría solo le preocupa el precio y la comodidad a la hora de cocinarlos», consecuencia de la falta de tiempo y de que el porcentaje de gasto de la economía familiar en la alimentación «va menguando», en beneficio de otros fines, como pueden ser el ocio o la tecnología.

Bariain incorpora a esas causas lo que considera un «déficit educativo». A su juicio, las nuevas generaciones han perdido la conexión con el mundo rural que sí tenían las anteriores. «Es brutal el desconocimiento existente en las aulas en torno a la producción agraria. No solo eso, en los libros de texto se recogen aberraciones como que la agricultura y ganadería contaminan, pero lo que realmente hacen es generar alimentos. La ciudadanía se ha acomodado pensando que siempre va a haber productos de todo tipo en los lineales de los supermercados, independientemente de donde vengan», expone.

Cantidad frente a calidad, en definitiva. Una pugna que lleva décadas presente en el agro y que, con la irrupción de este acuerdo entre la UE y Mercosur, enfrenta una nueva batalla. No es extraño que haya un mensaje final que llame a la unidad en este momento tan complicado. «Ahora mismo lo que hay que defender es el primer sector en general, lo que necesitamos es unirnos para protestar en la calle, sin egos, sin siglas», reivindica Basterra.v

El parlamento Europeo votará si pide al TJUE que se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo

El Parlamento Europeo votará este miércoles si solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre la legalidad del contenido del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Mercosur. Si se pone en marcha dicho procedimiento, la ratificación del tratado entre ambas partes podría congelarse durante meses.

Existe una fuerte preocupación manifestada por un importante número de eurodiputados de que el órgano directivo de la Unión Europea intente eludir el control del Parlamento Europeo, y también cualquier pausa que se pueda producir, y ponga en marcha la materialización del acuerdo.

La solicitud insta al TJUE a que realice una evaluación sobre si el denominado mecanismo de reequilibrio -una cláusula que pretende proteger el acceso acordado al mercado- puede restringir la capacidad que tiene la UE para incorporar nuevas normas medioambientales o sanitarias.

Por otro lado, también pide que dicho órgano judicial ratifique el acuerdo que tomaron en 2018 los Estados miembros en el sentido de que los acuerdos comerciales entonces en negociación, incluido el de Mercosur, se sometiesen a la aprobación de los diversos parlamentos estatales, algo que no se ha producido. GARA