El PNV cesa a tres ediles de Getxo imputados por el derribo del palacete

Nueve días después de registrar el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo y decretar el secreto del sumario, la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de esta localidad imputó a tres concejales del PNV y tres técnicos por el proceso que llevó al derribo de un palacete protegido para construir viviendas de lujo.

A los concejales Inazio Uriarte e Irantzu Uriarte, socios de la cooperativa del proyecto de lujo, se les suma en la imputación Iñigo Urkitza, que era el responsable del Área de Disciplina Urbanística. La jueza Neus Galobardes apunta indicios de «prevaricación».

Los concejales, según informó el PNV, reaccionaron poniendo su cargo a disposición del partido «para facilitar su defensa y preservar la imagen pública de EAJ-PNV», aunque insistiendo en su inocencia. La formación les cesó, pero «respetando en todo momento su presunción de inocencia». En próximos días se conocerá el nombre de sus sustitutos.

Este mediodía, el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, tiene prevista una rueda de prensa al respecto. El pasado domingo, el burukide aseguró que, con la información de la que disponía entonces, no veía «ninguna irregularidad ni ninguna actitud no ética» en el caso.

Los técnicos investigados son la responsable del área de Disciplina Urbanística, Isabel Peral, la segunda responsable, Sonia Quintana; y la arquitecta Argiñe Encinas, dado que tramitó el expediente.

La jueza incluye también en la imputación a otras cuatro personas responsables de la cooperativa y la constructora, que considera que también pudieron ser partícipes del delito de «prevaricación».

La denuncia original fue presentada por EH Bildu y también el PP ha acudido posteriormente a los tribunales.

La formación soberanista de izquierdas manifestó que «se va a mantener atenta y observará con atención cómo se desarrolla la investigación judicial». Además, se reafirmó «en el principio de máxima ejemplaridad en la gestión pública»

Tras el registro del 14 de enero, el Ayuntamiento, gobernado por PNV y PSE, aseguró haber «colaborado activamente con la investigación». Y la alcaldesa, Amaia Agirre, apostilló no tener constancia de «ninguna irregularidad».

DOS AÑOS DESDE EL DERRIBO

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando se comenzó a demoler el palacete, de estilo neoclásico y construido en 1845. Entonces, la Policía Local realizó una inspección tras las denuncias realizadas por residentes y el Consistorio ordenó la paralización de la construcción de un bloque anexo de viviendas de lujo.

En una resolución del Área de Urbanismo, con fecha del 9 de agosto, se exigió a los promotores volver a levantar el singular palacete, donde iban a tener cabida seis de las doce viviendas de lujo previstas.

En septiembre, el Ayuntamiento abrió un expediente y, un mes después, EH Bildu acudió a la Fiscalía debido a los «obstáculos» puestos por el Gobierno de PNV y PSE.