Pradales rubricó el PGOU por el que se imputa a la exalcaldesa de Zaldibar

El miércoles trascendió públicamente la imputación de la exalcaldesa de EH Bildu de Zaldibar, Arantza Baigorri, por haber puesto su firma en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que legalizó la ampliación irregular del vertedero que se derrumbaría en febrero de 2020 con consecuencias trágicas. Pues bien, no es la única responsable política que participó en ese trámite administrativo ni tampoco la mayor: la última firma, la correspondiente a la aprobación definitiva del plan, fue puesta en abril de 2020 por Imanol Pradales Gil, entonces diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia y ahora lehendakari de la CAV.

Según ha podido constatar este periódico, la aprobación definitiva de ese PGOU fue rubricada por Pradales el 1 de abril de 2020 y ello aparece publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el día 20 del mismo mes. Para entonces, por cierto, ya se había producido el colapso de la instalación, que ocurrió el 6 de febrero de aquel año y acabó con la vida de los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.

Es la investigación central del delito medioambiental por parte del Juzgado de Durango (aún lejos de juzgarse al parecer) la que ha desencadenado esta pieza separada. En ella se investiga por qué la empresa Verter Recycling ocupó 65.000 metros cuadrados más de los 137.000 iniciales que debía ocupar el vertedero. Hay que recordar que fue colmatado en tiempo récord en una operación que combinó avaricia privada y descontrol público.

Como explicó el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una entrevista a Radio Euskadi el jueves, en el PGOU puesto en marcha en 2019 se advirtió esta situación entre otras cuestiones urbanísticas varias relativas a la localidad, pero la ocupación extra del terreno por la empresa fue considerada ya «irreversible». «Todos los técnicos del Ayuntamiento y la Diputación constataron que ese plan era legal y la alcaldesa solo puso su firma en eso», indicó Otegi.

Aparentemente no hay diferencia entre lo que hizo la alcaldesa en ejercicio de su cargo y lo que un año después hizo el actual lehendakari. La Diputación era la entidad competente para la aprobación definitiva del PGOU al tratarse Zaldibar de un municipio menor de 5.000 habitantes. Y poner la rúbrica le correspondía lógicamente al diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

¿IMPUNE HASTA 2015?

Las conexiones entre el propietario de Verter y el que fue consejero de Lakua y alcalde de Eibar Iñaki Arriola son conocidas. Y en el fondo todo fue allanado unos años antes (2000) por una orden del entonces titular de Industria del Ejecutivo, Josu Jon Imaz, que decretó «la simplificación del procedimiento para la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales». Con ella, la Administración dejaba de ser quien «vela por la seguridad y calidad de la industria» de modo directo, quedando esta responsabilidad en manos de «titulares, redactores del proyecto, directores de obra, instaladores, entidades de inspección, empresas distribuidoras y/o comercializadoras».

En el procedimiento judicial ahora abierto, la Fiscalía plantea que las actuaciones anteriores a 2015 pueden haber quedado ya prescritas, lo que abriría la puerta a dejar impunes las irregularidades originales en el vertedero.