Pequeños propietarios podrán desahuciar a personas vulnerables

El PNV celebró públicamente la modificación del decreto del llamado escudo social que el Gobierno español aprobó ayer mediante decreto. La nueva redacción, según la nota hecha pública por la formación jeltzale, exime a las instituciones competentes, las comunidades autonómicas, de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad antes de ejecutar un desahucio en caso de propietarios de una o dos viviendas, una medida que supone un giro relevante respecto a la moratoria aprobada durante la pandemia.

Según el Ministerio de Vivienda, el nuevo decreto también refuerza las compensaciones para las personas propietarias, como pedían el PNV y Junts. También como novedad, en el caso de los propietarios de tres o más viviendas «no se ejecutará el desahucio, cuando haya contrato previo y el propietario no sea vulnerable», explicó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz.

La moratoria de desahucios fue aprobada en 2020 como respuesta a la emergencia social derivada de la covid-19 y ha sido prorrogada en diversas ocasiones por la inflación y la crisis energética. Su objetivo era evitar que miles de personas y familias vulnerables acabaran en la calle en un contexto de crisis. La norma suspendía lanzamientos en casos acreditados de vulnerabilidad económica y social y obligaba a los propietarios a ofrecer una alternativa habitacional cuando se tratara de grandes tenedores, trasladando al Estado la responsabilidad de articular soluciones de vivienda a medio plazo.

Sin embargo, la medida también ha sido objeto de una intensa presión por parte de sectores inmobiliarios y propietarios, que han denunciado impagos prolongados y una supuesta equiparación injusta entre pequeños arrendadores y grandes fondos de inversión.

Es en este contexto donde se sitúa la intervención del PNV. Ayer, los jeltzales reivindicaron haber logrado que el Gobierno español introduzca una diferenciación explícita entre grandes tenedores y pequeños propietarios, de modo que quienes cuenten con una o dos viviendas, siendo una de ellas su residencia habitual, queden exentos de la obligación de garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables que habitan en su vivienda en alquiler.

Según el PNV, esta modificación «tiene en cuenta la situación de estas personas» y evita que pequeños propietarios «se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables» al verse obligados a asumir meses de impago. El grupo jeltzale sostiene que la redacción anterior del decreto trasladaba al propietario una carga que debería asumir el Estado y defiende que la reforma permitirá «recuperar la posibilidad de alquilar los pisos en un contexto de inseguridad jurídica».

Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, insistió ayer en esa idea. «No podemos enfrentar a un colectivo vulnerable con otro colectivo vulnerable», aseguró antes de señalar que «en esta cuestión no todo es blanco y negro» porque entre los propietarios también están los que han comprado una vivienda «con los ahorros de toda la vida» y la alquilan para completar una pensión mínima.

DESPLAZA LA PROTECCIÓN

Esta reforma debilita el núcleo del escudo social y abre la puerta a nuevos desahucios sin alternativa habitacional, incluso cuando las personas afectadas cumplen los requisitos de vulnerabilidad. En la práctica, el cambio desplaza el foco de protección desde quienes están en riesgo de exclusión residencial hacia los intereses de los propietarios.

De hecho, muchas de las personas afectadas por desahucios dependen de alquileres en manos de propietarios con una o dos viviendas, por lo que la exención aprobada reduce de forma significativa el alcance real de la moratoria. De esta forma, la nueva redacción opta por aliviar la presión sobre los propietarios, aunque sea a costa de dejar desprotegidas a personas y familias vulnerables.

OTRAS MEDIDAS

El nuevo decreto aprobado del Gobierno, español ya no incluye la revalorización de las pensiones, aunque sí las otras medidas del llamado escudo social, como la moratoria del corte de suministros a las familias vulnerables y del bono social eléctrico.

También incluye los incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autonómicas y entidades locales.