GARA Euskal Herriko egunkaria

PSOE, PP, Junts Vox, PNV y UPN aprueban la reforma contra la multirreincidencia

La reforma penal para agravar las penas por multirreincidencia que impulsó Junts recibió ayer el visto bueno del Congreso español con los votos de los proponentes, PP, PSOE, Vox y UPN, mientras que Sumar, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís votaron en contra y denunciaron su punitivismo. ERC se abstuvo.

Miguel Tellado y Ester Muñoz, del PP, se felicitan tras la aprobación de la ley contra la multirreincidencia. (Alberto ORTEGA | EUROPA PRESS)

El Congreso español aprobó ayer con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN la reforma penal impulsada por el partido de Carles Puigdemont para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras leyes.

La ley evidenció una fractura entre los dos partidos que componen el Ejecutivo, ya que Sumar la rechazó enérgicamente, al igual que los grupos de izquierda EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís. En cambio, ERC se abstuvo a cambio de un aumento de la plantilla de jueces para Catalunya.

Durante su debate en el pleno del Congreso, la diputada de Junts Marta Madrenas defendió que la norma «nace del territorio» y que «llega muy tarde tras bloqueos y dilaciones».

Cuca Gamarra (PP) aseguró que «reincidir en España ya no sale gratis» y que «a España se viene a trabajar y el que venga a delinquier, a su país».

Francisco Aranda (PSOE) tachó de «muy peligroso» el discurso de «equiparar inmigración con delincuencia» y defendió que el Gobierno español actúa «desde una óptica de izquierdas, sin fiarlo todo al punitivismo».

Para Vox, la reforma es «necesaria, pero no suficiente», según señaló el diputado Juan José Aizcorbe. «España no puede ser el paraíso del delincuente habitual».

También defendió la ley el portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, quien declaró que buscar dar respuesta a la multirreincidencia en hurtos y estafas «porque la ley actual resulta ineficar y generaba en la población la percepción de que por una puerta entran y por la otra salen».

En la dura crítica a esta ley se situó el portavoz de Interior de Sumar, Enrique Santiago, quien rechazó que se endurezcan penas para «delincuentes de poca monta mientras hay impunidad para los fuertes» y advirtió de que «solo sirve para fortalecer a la ultraderecha». También Podemos calificó la reforma de «populismo punitivo».

En la misma línea, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu esgrimió que el aumento de penas es «el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención» y que aplicado en delitos leves «no sirve para nada».

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Vallugera anunció su abstenció tras el pacto con el Gobierno para aumentar en 180 jueces la plantilla para Catalunya.

CASI DOS AÑOS DE RECORRIDO

Junts registró esta proposición de ley en marzo de 2024, siendo admitida a trámite por el Pleno medio año después. Se guardó durante meses en un cajón hasta que en marzo de 2025 se presentaron enmiendas parciales. Sin embargo, la reforma volvió a entrar en hibernación porque los socios a la izquierda del Gobierno se habían mostrado disconformes con la misma.

Pero la ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por Junts llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa, que ahora sale aprobada del Congreso con destino al Senado para completar su tramitación.

En concreto, la reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos considerados menos graves.

Además, se añadió otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se extiende la previsión del castigo de multirreincidencia a los casos de estafa con ánimo de lucro. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstacias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Otra modifiación pactada con el PSOE y el PNV permitirá imponer a los condenados cautelarmente la prohibición de acudir a determinados lugares o de comunicarse con determindas personas.