«Lo que viví muestra la implicación del Estado en el crimen de Berta Cáceres»

El activista mexicano Gustavo Castro fingió estar muerto para que los sicarios no se ensañaran con él. Le sangraba la oreja mientras la imagen del hombre que acababa de dispararle lo atormentaba y, en la otra habitación, resonaban los disparos que mataron a líder indígena lenca Berta Cáceres, de cuya muerte se cumplen diez años.

Castro se encontraba en Honduras para participar en un taller con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cofundado por Cáceres. La noche entre el 1 y el 2 de marzo de 2016 se quedó en casa de su amiga y, antes de retirarse a su habitación y ver la cara del hombre que intentó matarlo, conversó con ella en el porche. De haber vivido dos días más, Berta Cáceres habría cumplido 45 años. Era madre de cuatro hijos.

Cuando se cumplen diez años de su feminicidio, la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha revelado las responsabilidades en el crimen de algunas instituciones financieras internacionales y ha afirmado que el Gobierno hondureño conocía el plan para matar a Berta Cáceres dos meses antes de que se ejecutara, pero no hizo nada para evitarlo.

Para Castro, la implicación del Estado hondureño en la muerte de la líder indígena lenca fue evidente desde el comienzo. De inmediato comenzaron el hostigamiento en su contra y los intentos de desviar la investigación. Entonces, el país centroamericano estaba gobernado por el ultraconservador Juan Orlando Hernández, quien en 2019 fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos y, cinco años después, indultado por su presidente, Donald Trump.

¿Qué pasó justo después de que intentaran matarle?

Yo temía que los autores materiales me quisieran desaparecer para librarse del único testigo ocular del asesinato de Berta. Los compañeros de Copinh siempre me estuvieron cuidando, justo después del crimen me escondieron en una camioneta y, cuando empezó a amanecer, me trasladaron a la casa de una familia que fue muy linda conmigo.

Fue allí adonde llegó un retratista para que usted diera los datos para hacer un retrato. ¿Cómo le fue con él?

Sí, mi abogado no estaba presente. El retratista sacó todos sus colores y su catálogo de narices, ojos y todo eso. Me preguntaba cómo era el sicario que me disparó. Lo había visto porque estaba a metro y medio de mí y no tenía la cara tapada. Yo le decía al retratista: ‘No es así, es asá’. Y él lo borraba, pero volvía a pintar más o menos lo mismo: la cara del ex compañero de Berta, también integrante de Copinh. Mis declaraciones y mi descripción no coincidían en nada con el dibujo.

¿Piensa que las autoridades de Honduras han querido manipularlo para presentar como «pasional» un crimen que ha sido político?

Así es. Los investigadores me preguntaron también si había escuchado un ruido de carro pues ya tenían el coche del excompañero de Berta. Les dije que todo fue silencioso y creo que gracias a mi testimonio lo tuvieron que dejar libre. También me mostraron unas fotos de posibles culpables y me dijeron: ‘A ver, ¿reconoces a alguien?’. Eran puras fotos de integrantes del Copinh. Claro que reconocí a todo el mundo. Pero ninguno de ellos se parecía al sicario que me disparó.

Luego se dirigió al aeropuerto de Tegucigalpa, la capital de Honduras, con la intención de tomar un vuelo para regresar a México. ¿Qué pasó en la terminal?

Me detuvieron unos agentes de la Fiscalía de una manera totalmente ilegal, sin mostrar documentos, sin mostrar nada. Estaban escondidos, aparecieron de la nada y me dijeron: ‘Usted no se va’. Iba acompañado por la embajadora mexicana y por el cónsul que, para que no me agarraran, me rodearon con sus brazos y la embajadora dijo: ‘Protección consular’. No pude viajar a México, me llevaron de vuelta a La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y luego de un careo me dijeron que tenía prohibido salir del país durante treinta días.

Considero todo esto como un secuestro de Estado. Otra vez el Copinh estaba ahí afuera cuidándome. ¿Para qué? Para que no me desaparecieran. Observar algunas cosas que viví ayuda a entender la implicación del Estado en el crimen.

¿Siente que el hostigamiento se ha aliviado durante el mes que permanecer obligatoriamente en Honduras?

Seguía con la preocupación de que me quisieran desaparecer. El cónsul mexicano me buscó un hotel en la comunidad de La Esperanza, pero unos policías se quedaron al otro lado de mi puerta para que no me escapara. y no podía dormir por la preocupación. Al regresar a Tegucigalpa, me acabé instalando en la residencia de la embajadora mexicana. Tenía un cuarto para mí, mas no para mi hermano, que vino a Honduras para apoyarme. Finalmente él se fue al hotel que la embajadora había reservado para mí, donde fue víctima de un atentado: le envenenaron una botella de agua y tuvieron que llevarlo al hospital para limpiarlo.

Al fin pudo regresar a México. ¿Una vez en su país se sintió más seguro?

El acoso no cesaba y tuve que esconderme en Ciudad de México. Otras fuentes me informaron de que el Ejército fue a buscarme a mi oficina. La policía mexicana pretendía entregarme una citación de las autoridades hondureñas para que me presentara allá y me buscaban en la escuela de mis hijos preguntándoles a los papás: ‘¿Usted es Gustavo Castro?’, a pesar de que conocen bien mi cara. Llegaban en camionetas sin placas y estacionaban frente a la escuela.

Finalmente decidió exiliarse en el Estado español.

Allí me quedé dos años y encontré mucha solidaridad internacional. Me la pasé en universidades y en foros hablando de la lucha de Copinh y de Berta Cáceres. Incluso estando allá me buscaron para intimidarme. Se me acercaron dos mujeres después de una charla en la Universidad de Zaragoza con el pretexto de que las ayudara a hacer un currículum, pero eran del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Cómo era Berta Cáceres? ¿Nos puede compartir algún recuerdo significativo con ella?

Berta era como una hermanita para mí y tengo muchos recuerdos con ella. Por ejemplo, cuando protestamos en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) durante una cumbre de mandatarios en Canadá. Berta se quiso acercar a los policías para gritarles, se nos cayó un chorro de agua encima y hacía muchísimo frío, pero ella quiso acercarse otra vez. Nos gasearon, íbamos con los ojos hinchadísimos.

Así era Berta: tenaz, valiente y coherente, muy internacionalista también. Tenía mucha claridad política y una gran capacidad de análisis sobre el capitalismo, las empresas, la deuda externa; poco a poco incorporó a su discurso también el tema antipatriarcal. Siempre caminaba con su gente, con el pueblo lenca, y creo que no hay que separar Berta del Copinh: ella no es sin su colectivo. En general, prefiero hacer más énfasis en los procesos que en las personas.

La investigación del GIEI no solo reafirma la implicación en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y del Gobierno de Honduras -en parte ya establecidas por las sentencias de los tribunales locales-, sino también revela que el 67% del crédito obtenido del banco holandés FMO, del banco finlandés Finnfund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca habría sido desviado para generar un clima de violencia en contra del Copinh, que se oponía al megaproyecto, y para pagar a quienes mataron a Berta Cáceres. ¿Cuál considera que ha sido el principal hallazgo del GIEI?

Creo que el mayor aporte a la verdad del informe de los expertos independientes, que se publicó en enero de este año, es justo la investigación minuciosa de todo el entramado financiero que llevó al asesinato de Berta, de todas las transacciones bancarias y llamadas telefónicas que se realizaron.

De acuerdo con el informe del GIEI, usted ha sido «objeto de hostigamiento, criminalización y detención arbitraria por parte de las autoridades hondureñas, que le impidieron salir del país pese a su condición de víctima y testigo protegido», una situación que ha conllevado «secuelas físicas, psicológicas y profesionales». Frente a todo esto, ¿hay alguna reparación que el Estado del país centroamericano le podría ofrecer?

Demandé al Gobierno de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la exigencia de que reconozca públicamente los errores, violaciones procesales y la tortura psicológica en mi contra. Si lo hiciera, me daría por reparado.

A finales del pasado mes de enero de 2026 tomó posesión del cargo el nuevo presidente ultraconservador de Honduras, Nasry Asfura, quien es apoyado por Donald Trump. ¿Cree que dará seguimiento a las recomendaciones hechas por el GIEI en su informe?

Con el cambio de Gobierno temo que estas recomendaciones [entre ellas que el Estado profundice en la investigación de las responsabilidades penales de la élite económica hondureña y de algunos funcionarios públicos] no vayan a tener mucho eco.

Sin embargo, queda un documento que puede dar sustento a la lucha de Copinh por la justicia para Berta Cáceres, puede contribuir a la presión política y mediática, y a que la ola de lucha e indignación se mantenga.