El Estado alemán restringe los derechos a opinar e informar

D espués de criminalizar la solidaridad con Palestina, el Bundesrat, que representa a los estados federados, ha presentado una propuesta de ley que penalizaría a quien niegue «el derecho a existir de Israel». La iniciativa que debe pasar por el Bundestag y por el presidente de la República ignora que la legislación internacional no consagra tal prerrogativa, sino solo su derecho a la seguridad y el respeto a su integridad territorial, además del derecho a la autodeterminación de los pueblos. El problema con Israel es que solo sus fronteras de 1949 son internacionalmente reconocidas, pero no las derivadas de su ocupación de otros territorios hasta la actualidad. Es insólito que el Bundesrat presente una propuesta de ley que carece de base legal.

El hecho en sí encaja con la política de doble baremo que caracteriza el estilo y la gestión de los últimos dos Gobiernos alemanes. Con la misma actitud con la que ignora la legislación internacional, ahora carga contra el derecho a opinar y a informar en Alemania.

En Baja Sajonia, el bipartito, formado por socialdemócratas (SPD) y Verdes ecologistas, quiere cambiar la Ley de Archivos para que sus instituciones no tengan que entregar también su comunicación digital al archivo regional. Tanto el Ejecutivo federal como los regionales están obligados a pasar toda su documentación escrita al archivo correspon- diente, para que este decida qué fuentes deben conservarse para la posteridad.

Ya la canciller demócrata cristiana Angela Merkel (CDU), famosa por su uso extensivo de mensajes de texto, y su Cancillería decidieron qué datos pasarían y cuáles no al Bundesarchiv. Igual de arbitraria se mostró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al eliminar su comunicación digital en el marco de dos escándalos.

EL GOBIERNO ALEMÁN QUIERE RECORTAR, ADEMÁS, LA LEY DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN (IFG).

Dicha norma, vigente desde 2006, permite a ciudadanos y periodistas, medios de comunicación y ONG acceder a la información del Estado, salvo a aquella considerada de «seguridad nacional» o relativa a personas. El bipartito de Friedrich Merz, formado por su CDU y el SPD, justifica la reforma en base a que «enemigos» podrían acceder a información sensible mediante la IFG. Emula, así, al gobierno regional de Berlín que, sin pruebas, consideró que el sabotaje que dejó a 50.000 personas sin luz durante varios días en enero se produjo porque sus desconocidos autores pudieron haber obtenido los datos necesarios por esta vía.

Ahora el Gobierno de Merz quiere limitar el grupo de quienes pueden acceder a «personas naturales» que, además, deben acreditar su «interés justificado». Así excluye a medios de comunicación y ONG; con el pretexto de «reducir la burocracia». También quiere que las instituciones fijen los gastos de cada solicitud de información. Hoy están limitados a 500 euros.

El Centro Europeo de la Libertad de Prensa y de los Medios (Ecpmf) se muestra «muy preocupado» por la reforma de la IFG, ya que dificulta la labor de los periodistas y de la sociedad civil para informar sobre la gestión gubernamental, esclarecer casos de malversación de fondos públicos o descubrir casos de corrupción.

PARALELAMENTE, CONTINÚA EL ATAQUE A DETERMINADOS PERIODISTAS CON LA INTENCIÓN DE MANTENER A RAYA AL SECTOR.

El caso más sonado es el del informador kurdo Hüseyin Dogru, residente en Alemania.

Bruselas lo incluyó por sus artículos sobre Palestina y la guerra en Ucrania en su lista de sancionados, que Berlín aplica a rajatabla. En primavera, su situación llegó a tal extremo que el Estado no solo mantenía cerrada su cuenta, sino también las de su esposa y otros familiares, lo que imposibilitaba cualquier pago.

El Gobierno alega que Dogru podría recurrir las sanciones ante la Justicia europea, pero, aunque esta falle a favor del demandante, es habitual que las instituciones europeas y alemanas adapten su régimen sancionador a esos fallos.

En medio de un abrumador silencio mediático, algunos bancos alemanes han procedido a cancelar, sin base jurídica, las cuentas de periodistas, activistas u organizaciones que figuran, por ejemplo, en las listas de sancionados por la Administración Trump.

Uno de los pocos periodistas alemanes que han planteado esos ataques en la Conferencia Federal de Prensa ante los representantes del Gobierno es Florian Warweg, quien en su día trabajó para el canal alemán de Russia Today, ahora cerrado. En febrero, el portavoz de Exteriores, Josef Hinterseher, le advirtió: «También le estoy agradecido a usted, señor Warweg, por dar a conocer una y otra vez que existen estas sanciones y que existe este régimen sancionador. Porque una cosa está clara, quienes las eludan deben saber que eso conlleva costes y a qué deben enfrentarse».

La actitud de Hinterseher se ve respaldada por el impopular Merz, que acaba de enojar hasta a la prensa dócil cuando pretendió que sus citas, sacadas de su rueda de prensa, necesitaran su autorización antes de ser publicadas.