El Pazo de Meirás, declarado Lugar de Memoria tras una larga lucha

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la declaración como Lugar de Memoria Democrática del Pazo de Meirás, un edificio construido a finales del siglo XIX en Sada (A Coruña), que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco. La resolución, tramitada conforme a la Ley de Memoria de Democrática, destaca que Meirás constituye «uno de los espacios más significativos» para comprender la historia contemporánea de Galiza y el Estado español.

El BOE recuerda que la dictadura franquista convirtió este inmueble «en uno de sus principales símbolos de poder» y fue un «lugar esencial» para la memoria democrática durante la Guerra del 36.

Así, recuerda que en marzo de 1938 se creó la Junta Pro-Pazo del Caudillo para adquirir este inmueble y entregárselo a Franco. La compra se financió mediante aportaciones forzosas de ayuntamientos, funcionarios y particulares. Además, los terrenos se ampliaron mediante expropiaciones de propiedades vecinas.

El inmueble le fue entregado a Franco en diciembre de 1938. En 1941 se simuló una escritura de compraventa para poder registrar el Pazo a su nombre, pero décadas después, los tribunales declararon esta operación fraudulenta, tras acreditar que la Junta ya había adquirido la propiedad y se la había donado como jefe de Estado.

Entre 1938 y 1975, en sus dependencias se celebraron consejos de ministros, audiencias oficiales, recepciones diplomáticas y reuniones políticas de relevancia. Como residencia oficial, el conjunto señorial fue utilizado por la propaganda del régimen para proyectar la imagen pública del dictador y escenificar la adhesión popular al franquismo.

Durante décadas, la familia Franco mantuvo el inmueble como patrimonio privado.

Con la declaración como Lugar de Memoria Democrática culmina una larga disputa por la propiedad y el significado del Pazo de Meirás. En 2017, un grupo de activistas, los «19 de Meirás», realizó una ocupación simbólica del inmueble que provocó una denuncia de la familia Franco. Los activistas continuaron reclamando que el Pazo fuese destinado a la recuperación de la memoria histórica y denunciaron que la propiedad de los Franco era consecuencia de un expolio.

En paralelo, las administraciones impulsaron la vía jurídica. La Abogacía del Estado presentó finalmente una demanda contra los herederos de Franco, respaldada por la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña. En septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ordenó a la familia devolver el inmueble sin ser indemnizada por los gastos de mantenimiento y, tres meses después, tras 82 años en manos de la familia Franco, el Pazo de Meirás pasó a formar parte del patrimonio público mediante la ejecución provisional de la sentencia.