Catalunya ya tiene, bastante antes de lo previsto, pregunta y fecha para la consulta sobre su futuro político. Será el 9 de no- viembre de 2014 y consistirá en una doble pregunta, que el discurso oficial prefiere presentar como pregunta encadenada: «¿Quiere que Catalunya sea un Estado? En caso de respuesta afirmativa, ¿quiere que este Estado sea independiente?». Este es el principio de acuerdo al que ayer llegaron CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP en el Palau de la Generalitat, donde se reunieron convocados por el president, Artur Mas, que con el pacto alcanzado da un golpe de autoridad, después de las dudas que la negociación de la pregunta había generado en los últimos días.

La doble pregunta generó sorpresa, ya que no entraba dentro de las apuestas más publicitadas, pero es prácticamente la única que consigue encajar todas las piezas de un rompecabezas muy complejo. En ella se cumplen los principales requisitos tanto de ERC y CUP -inclusión de la palabra independencia y una respuesta binaria, aunque tendrá que ser por partida doble-, como de Unió e ICV-EUiA -pregunta inclusiva en la que se sientan cómodos los federalistas de la tercera vía-.

Así lo revindicó el propio Mas, que con tono solemne y escudado por representantes de todos los partidos del acuerdo, declaró que la pregunta es «inclusiva, clara y amplísimamente mayoritaria», con el valor añadido de haberla logrado de forma «rápida y discreta». De hecho, pese a que el ruido mediático llevaba semanas en escena, la negociación real entre los partidos apenas duró dos días, por lo que el president -que ya había cerrado la negociación con Unió el martes- quiso agradecer al resto de partidos el «espíritu de colaboración, la generosidad en los planteamientos y el sentido de país».

Sobre la fecha, Mas señaló que «entre todas las posibles hemos llegado a la conclusión de que era la que mejor convenía al éxito de este proceso democrático». «Lo que tenemos entre las manos tiene una transcendencia histórica y de futuro muy importante», concluyó.

Satisfacción generalizada

En la misma línea que el president se expresaron el resto de partidos del acuerdo, empezando por Esquerra, cuyo presidente, Oriol Junqueras, explicó que «pese a que no es la pregunta que ERC hubiese querido», la asume «como propia», ya que «incluye lo que ERC considera que era imprescindible». «Hemos querido recoger las sensibilidades y los intereses para hacer que este proceso tire adelante, y es evidente que para eso se necesita una mayoría sólida, cuanto más amplia mejor», sentenció Junqueras, quien añadió que los republicanos tienen ahora una mayor «predisposición a negociar una posible incorporación al Govern». Atentos, por lo tanto, al inicio del próximo año.

También se mostró cómodo con el acuerdo el coordinador general de ICV-EUiA, Joan Herrera, satisfecho porque «la pregunta permitirá sumar independentistas y federalistas». «Es evidente que todo el mundo cede, pero tenemos una pregunta inclusiva para sumar a todos los catalanes que no quieren continuar como hasta ahora», declaró, añadiendo que «ICV votará de forma inequívoca `sí' a la definición de un Estado». Eso sí, Herrera no quiso mojarse sobre la respuesta a la segunda pregunta -sobre la independencia-, limitándose a señalar que «dependerá mucho de la capacidad del Estado de poner una contrapropuesta encima de la mesa».

Por parte de la CUP fueron los diputados David Fernández y Quim Arrufat los presentes en la reunión del Palau, tras la cual fue el segundo el encargado de resumir claramente la posición de la formación independentista: «Queríamos una pregunta que fuese unívoca, y no lo es exactamente; que tuviese la palabra independencia, y la tiene; y que fuese binaria, y lo es parcialmente porque hay una doble respuesta binaria». Con todo, Arrufat avanzó que «aceptamos la doble pregunta encadenada porque incluye la palabra independència» y porque es «el máximo acuerdo al cual podían llegar algunas de las fuerzas políticas que participaban en las negociaciones».

El diputado independentista puso en valor que se trata «de un paso importante al cual no se había llegado nunca» y que «comporta para el Estado español que Catalunya le plantee el mayor conflicto que ha tenido en años». Por otro lado, Arrufat consideró que «el proceso de negociación ha sido rápido y eso tiene ventajas, pero también el inconveniente de que no ha habido tiempo para consultar la pregunta con las bases de las organizaciones, ni tampoco con la ciudadanía». Por ello, la CUP iniciará ahora un periodo de consulta con sus bases y con la sociedad civil para conocer su valoración del acuerdo.

Críticas y bendición de la ANC

También hubo, dentro del ámbito independentista quien criticó la pregunta, al considerar que cede demasiado a las demandas de las terceras vías, denunciando que si dentro de la segunda pregunta, pierde el sí a la independencia, los votos independentistas contabilizarán como favorables a una indefinida tercera vía. Pero en términos generales, las críticas se limitaron a comentarios jocosos sobre las opciones que deja abiertas la doble pregunta.

Más aún cuando la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) dio su visto bueno al acuerdo. «Preferíamos una pregunta más sencilla y más clara, pero damos nuestro apoyo», sentenció Forcadell, garantizando que trabajaran «por el sí y el sí».

¿Y ahora qué?

El acuerdo alcanzado ayer, que en los próximos días se espera que ratifiquen los órganos de gobierno de cada partido, pone fin a la convulsa negociación de la pregunta, que tenía al país al borde de un ataque de nervios y amenazaba con enquistarse y echar al traste el proceso independentista. El acuerdo, además, se visibilizará en el pleno parlamentario de la semana que viene, aunque todavía no se sabe cuál será la fórmula para ello.

En los próximos días se detallará cuál será el mecanismo escogido para reclamar en el Congreso de los Diputados, a través del artículo 150.2 de la Constitución -delegación de competencias a las Autonomías-, la celebración de un referéndum legal. En este sentido, Mas pidió ayer al Estado que esté «atento a las demandas de las sociedad catalana, a esta mayoría parlamentaria y política tan sólida, a un pueblo que quiere decidir su futuro, que quiere votar en libertad y de manera absolutamente pacífica y democrática».

Pero el Estado ya dejo ayer mismo clara su posición al respecto, por lo que más allá de la euforia por el acuerdo de ayer, y sin querer aguar la fiesta a nadie, cabe empezar a hacerse la pregunta de fondo, que muy pocos ayer se quisieron plantear: ¿Cuál será la estrategia a seguir para garantizar el derecho a decidir cuando el Estado prohíba definitivamente la consulta? ¿Están dispuestos los dirigentes catalanes a desafiar y desobedecer la legalidad española? ¿Se optará por convocar unas elecciones en clave plebiscitaria? Las respuestas, en los próximos 11 meses.