Catalunya ya tiene a punto la ley para la consulta del 9 de noviembre

Los diputados catalanes favorables al derecho a decidir se pueden ir de vacaciones relativamente tranquilos. Al menos, en cuanto al proceso soberanista se refiere, en el que ayer concluyeron sus deberes estivales con la puesta a punto de la «Proposición de ley de consultas populares no refrendarias y de participación ciudadana». O, dicho de otro modo, el marco legal con el que el Govern encabezado por Artur Mas espera poder convocar la consulta sobre la independencia del próximo 9 noviembre. El dictamen final de la Proposición de ley se aprobó ayer en la comisión parlamentaria de Asuntos Institucionales con los votos a favor de los cuatro partidos que acordaron la fecha y la pregunta de la consulta -CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP-, a los que ayer se sumó un siempre imprevisible PSC, que decidió apoyar la tramitación pese a rechazar que la ley sea utilizada para la convocatoria del 9N.

Tras la inminente publicación del texto en el boletín oficial catalán, los partidos pueden llevar el dictamen al Consell de Garanties Estatutaries (CGE), algo que los propios partidos soberanistas se encargarán de hacer, con el objetivo de que no quede duda alguna sobre la adecuación del texto tanto al Estatut como a la Constitución. Logrado el visto bueno del CGE, el Parlament aprobará la norma en setiembre, tras lo cual Mas procederá a poner su firma al decreto de convocatoria de la consulta, siempre según el guión actual.

Pese a que no garantiza para nada la celebración de la consulta ni evitará probablemente el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional -ayer mismo Mariano Rajoy ya señaló que no tiene nada a negociar sobre la consulta-, la estricta legalidad de la ley de consultas ha sido una de las obsesiones de sus promotores, sumergidos en la batalla por deslegitimar los argumentos en contra de la consulta. Así, el previsible visto bueno del Consell de Garanties Estatutaries será un argumento más si el Constitucional suspende la ley y es necesario dar nuevos pasos.

No vinculante

Para asegurar dicha adecuación a la Constitución española, los partidos se amparan en el artículo 122 del Estatut, que habla de las consultas no vinculantes y que el PP no incluyó en su afamado recurso al TC. Así, el texto que aprobará el Parlament señala que «el president puede pedir la opinión de la ciudadanía sobre cuestiones relativas a materias de competencia de la Generalitat de Catalunya. En caso de que la consulta afecte a competencias de otras instituciones que integran la Generalitat, el Govern puede pedir el parecer del órgano correspondiente antes de la convocatoria». Es decir, a diferencia de la ley de consultas refrendarias aprobada por el tripartit, la nueva ley deja claro que no es necesario pedir permiso al Estado para convocar la mencionada consulta.

A cambio, como el nombre de la ley indica, el resultado de estas consultas no será vinculante legalmente. Algo que, pese a lo que pudiera parecer, no se vive como una gran renuncia, ya que resulta evidente que una convocatoria vinculante debería contar con el acuerdo del Estado, algo inalcanzable a día de hoy. Como no se han cansado de repetir unos y otros en las últimas semanas, más que un efecto legal inmediato -imposible a día de hoy-, se trata de conseguir un pronunciamiento político que obligue a la clase política -al menos a la catalana- a seguir un rumbo claro.

Críticas al censo

Para conseguir dicho pronunciamiento, la ley contempla el derecho a voto para aquellos ciudadanos mayores de 16 años con la condición política de catalanes, a los extranjeros comunitarios con un año de residencia y a los extracomunitarios con un mínimo de tres años de residencia. Se trata de una decisión que ha generado cierta polémica en el campo soberanista: mientras unos critican que dicho cuerpo de votantes se aleja del habitual censo electoral -lo que daría pie a deslegitimar la consulta, según ellos-, otros se sitúan en el otro extremo y critican que no se equipare en derecho a los ciudadanos comunitarios y a los extracomunitarios.

En cualquier caso, las cinco fuerzas que aprobaron ayer el dictamen se mostraron satisfechas del trabajo realizado en torno a una ley que, además de servir para la consulta del 9 de noviembre, va más allá y contempla también otros mecanismos de profundización de la participación ciudadana. Entre ellos destacan las consultas municipales, las consultas por iniciativas ciudadanas, los foros ciudadanos y las audiencias públicas.

En este sentido, el debate celebrado ayer dejó claras las posiciones de los diferentes grupos con representación. CiU y ERC volvieron a mostrar sintonía a la hora de alabar el dictamen, mientras que tanto la CUP como ICV-EUiA matizaron su satisfacción con alguna crítica a elementos como el del cuerpo de votantes. Por su parte, pese al voto a favor, el PSC se desmarcó de la lectura de sus compañeros de viaje y, por boca de su diputado Ferran Pedret, señaló que «con esta ley de consultas, el president no puede convocar el referéndum del 9 noviembre». PP y Ciutadans, como cabía esperar, se opusieron al dictamen de la comisión, al tiempo que, probablemente con razón, pidieron al PSC que se aclare.