Grandes corporaciones han acogido a agentes de las «cloacas del Estado»

Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia) ha documentado en un informe al que ha tenido acceso NAIZ una realidad que es constante desde la muerte de Franco hasta la actualidad: grandes empresas estatales han dado cobijo con altos cargos de responsabilidad a mandos policiales que habían hecho carrera en la lucha anti-ETA (en la que se incluyeron métodos sistemáticos como la tortura) o en otras tareas de las “cloacas” del Estado español.

Constructoras como Acciona, bancos como el BBVA o el Central Hispano, Telefónica, El Corte Inglés, Iberia, empresas de seguridad... han sido algunos puntos de destino, que para GEBehatokia han contribuido de paso a «blanquear» sus trayectorias anteriores.

De ahí el título elocuente del trabajo: “La pasarela entre la Policía y las grandes empresas, pilar de la impunidad”. El informe documenta decenas de casos durante estas últimas décadas, por lo que abarca desde la Brigada Política Social franquista a la “Policía patriótica” del PP.

ACCIONA, A LA CABEZA

. Así, Acciona, en el ojo del huracán por múltiples escándalos que recogió Beñat Zaldua en un reciente reportaje en estas págnas, ha “acogido” a Manuel Sánchez Corbí, en su día condenado por torturas a Kepa Urra, pese a lo que fue primero indultado, luego condecorado y más tarde ascendido a jefe de la UCO de la Guardia Civil.

En aquel proceso fue juzgado también Diego Pérez de los Cobos (salió absuelto), al que años después Peio Alcantarilla señalaría además como la persona que lo torturó en 2004 a través de una querella. No fue óbice para que Pérez de los Cobos hiciera igualmente carrera al frente de la Guardia Civil, hasta llegar a ser convertido en coordinador de todas las fuerzas policiales -incluidos los Mossos- en las vísperas del referéndum catalán de 2017. Ese apellido aparece también en puestos de responsabilidad de Acciona: el informe recuerda que su hija dirige la comunicación y el marketing.

Carlos Pérez-Castelló es otro nombre que ha cruzado la misma “pasarela” que Sánchez Corbí. GEBehatokia recoge que en 1990 hizo la instrucción policial del caso de la foz de Irunberri, donde murieron un agente de la Guardia Civil y dos militantes de ETA. Oficialmente se propagó la falsa hipótesis del doble suicidio, luego desmentida tajantemente por los tribunales. En 2015 Pérez-Castelló aparece como director de seguridad de, una vez más, Acciona.

La misma constructora “recicló” a Joaquín Collado Callau, que fue mando en Intxaurrondo en los años 80 y estuvo destinado luego en Tres Cantos (Madrid), el cuartel en que murió Gurutze Iantzi en 1993 en manos de la Guardia Civil.

Las puertas giratorias que empiezan en calabozos vascos acaban en empresas privadas, e incluso públicas. Así, Iberia todavía era pública cuando contrató como jefe de seguridad a Rafael del Río, que había sido comisario jefe de la Policía española en Gasteiz e incluso director general del cuerpo entre 1982-86 (se trata de los años que los informes de los gobiernos de Lakua e Iruñea marcan como culmen en la práctica de la tortura).

Se mantuvo en el cargo después de la privatización de la compañía en 2001. En 2024 Grande-Marlaska le impondría la Medalla de Oro al Mérito Policial, siendo entonces el único agente que disponía de tal alta distinción en vida.

Responsables conocidos de otros cuarteles y comisarías vascos en aquellos “años de plomo” han acabado en grandas empresas privadas, constata GEBehatokia. Por citar solo algunos nombres más del informe, Manuel Rodríguez Simons fue contratado por El Corte Inglés tras haber ejercido de comisario de Información en Bilbo en la segunda parte de los 90. Y Florentino Villabona Madera, al que se atribuyen importantes redadas en los 80 en la comisaría de Iruñea, saltó ya jubilado a dirigir la seguridad de LaLiga que dirige Javier Tebas.

PRÁCTICA FRANQUISTA.

Esta dinámica de “lavado de cara” viene en realidad desde los tiempos del franquismo, si bien entonces el destino habitual tras el ejercicio policial solían ser empresas de seguridad privada, algo que puede resultar más lógico funcionalmente dentro del esquema de puertas giratorias.

Cita casos como el de Carlos Santos Anechina, procesado por torturas y amnistiado, que fue jefe superior de Policía en Bilbo hasta 1980 y pasó luego a la empresa de seguridad privada Asypro Asesoría y Proyectos S.A.

A Genuino Nicolás lo señalan decenas de testimonios como torturador en la comisaría Via Laietana (Barcelona), pero se le acabaría encomendando la crucial tarea de coordinar la seguridad del Mundial de Fútbol de España 82.

Antonio González Pacheco “Billy el Niño” también acumuló denuncias y querellas, pese a lo cual fue contratado por Renault tras haber dejado la Policía.

Julio Corrochano, que aparece ya en los ‘grupos antiterroristas’ de Gipuzkoa en 1974, se incorporó al BBVA tras su carrera policial.

GEBehatokia subraya sobre todos ellos que, tras cruzar esta “pasarela”, «su responsabilidad en vulneraciones de derechos humanos anteriores quedaba limpia de mácula por su participación en grandes corporaciones estatales». Y de paso, les acarreaba «remuneraciones que pueden llegar al quíntuple de lo que percibían como funcionarios».

Todo ello sin olvidar que muchos de los citados en el informe fueron condecorados por su trayectoria policial con medallas de todo tipo, habitualmente pensionadas, incluso en los casos en que habían sido imputados y en algunos casos (los menos) incluso condenados.

Esta situación afloró al debate público con el revuelo mediático en torno a “Billy el Niño”, pero es omnipresente en estas últimas décadas. Esta correa de transmisión posterior vía grandes corporaciones no había sido estudiada hasta la fecha.