Primer paso en la Asamblea francesa para aprobar y regular la eutanasia
La Asamblea francesa ha aprobado en primera lectura una proposición de ley que legaliza y regula por primera vez la eutanasia para enfermos incurables que padezcan sufrimientos insoportables, aunque el proceso parlamentario hasta su aprobación definitiva aún puede demorarse hasta dos años.
La Asamblea francesa ha aprobado este martes en primera lectura una proposición de ley que legaliza y regula por primera vez la eutanasia para enfermos incurables que padezcan sufrimientos insoportables.
El resultado de la votación ha sido de 305 votos a favor y 199 en contra. A partir de ahora, el texto pasará al Senado en otoño, antes de volver a la Asamblea para su debate en segunda lectura, previsiblemente a comienzos de 2026. El Ministerio de Salud espera que sea votado en 2027.
«Aún queda un largo camino por recorrer» en el Parlamento, ha reconocido tras la votación la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, que ha apostado por seguir buscando un consenso lo más amplio posible.
Los diputados franceses también han aprobado por unanimidad de los 560 votos emitidos otra proposición de ley para asegurar el acceso a los cuidados paliativos a todos los enfermos que lo necesiten.
El texto sobre la eutanasia ha obtenido el apoyo de todo el bloque de la izquierda y del centro macronista, mientras que ha recibido el rechazo de la derecha, aunque con excepciones, ya que los grupos políticos han dado libertad de voto a sus diputados.
Esta proposición legislativa ha tenido un complicado camino legislativo, que comenzó en 2022 y fue interrumpido por las elecciones anticipadas de 2024.
Exclusiones
La nueva norma legal abre la posibilidad de recibir una ayuda activa a morir para los pacientes graves o incurables en fase avanzada de su enfermedad, que padezcan sufrimientos insoportables y puedan expresar su voluntad libremente hasta el mismo día de su aplicación.
Eso excluye a los pacientes en coma o que sufran un Alzheimer profundo y que hubieran solicitado la eutanasia previamente, pero no puedan dar su consentimiento expreso en el momento de la administración de los productos que provocan la muerte, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos que ya han legalizado la eutanasia.
La solicitud debe ser examinada en un plazo de quince días por un grupo de médicos en un procedimiento colegiado. En caso de aprobación, se prevé una fase de reflexión de dos días durante la que el paciente puede dar marcha atrás. A partir de ahí, el procedimiento debe tener lugar en un plazo máximo de tres meses.
El texto establece que los pacientes deben administrarse a sí mismos la sustancia letal (facilitada por un profesional médico), salvo que tengan una imposibilidad para hacerlo, en cuyo caso sería un médico quien se la administraría.
Para los partidarios de la eutanasia, el texto se queda corto y crea demasiados obstáculos, mientras para los que se oponen va demasiado lejos. Aun así, los diputados favorables han considerado que mejora la actual situación. La ministra de Sanidad ha definido el procedimiento adoptado por la Asamblea como «un enfoque francés, estricto y regulado».
Actualmente, los cuidados al final de la vida en el Estado francés están regidos por la ley Claeys-Léonetti de 2016, que permite una «sedación profunda y continua hasta la muerte» para pacientes terminales.
El ponente de la ley, Olivier Falorni (grupo centrista MoDem), se resistió a las peticiones de la izquierda de ampliar el derecho a la muerte asistida a los menores o a las personas que hayan expresado este deseo en sus voluntades anticipadas.
El diputado de LR (derecha), Philippe Juvin, consideró insuficientes las medidas de protección existentes y expresó su temor de que los pacientes recurran al «suicidio asistido, debido a la falta de acceso a la atención».
Modelos en Europa
Las divisiones en torno a la eutanasia llegan al máximo nivel del Ejecutivo. Mientras que el presidente se muestra a favor del texto, el primer ministro francés, históricamente reacio a apoyar la muerte asistida, ha expresado sus dudas sobre el texto, y ha anunciado que se abstendría si fuera diputado, aunque confía en que el Parlamento «resolverá las dudas pendientes».
Si el texto supera todo el trámite legislativo, el Estado francés se convertiría en el octavo país europeo en legalizar la muerte asistida y le acercaría a algunos Estados donde el suicidio asistido –la autoadministración de una sustancia letal– y la eutanasia –inducida por un cuidador a petición del paciente– están autorizados, es decir, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
Pero iría más allá de la legislación vigente en Suiza o Austria, donde solo se autoriza el suicidio asistido en determinadas condiciones: este último sería la regla y la eutanasia la excepción.
En marzo de 2021, el Estado español adoptó una ley que permite la eutanasia y el suicidio asistido médicamente. La ley prevé que cualquier persona con «una enfermedad grave e incurable» o «un dolor crónico que le deje en situación de incapacidad» puede solicitar asistencia médica para morir y evitar un «sufrimiento intolerable».
Las condiciones son estrictas: el solicitante debe ser «apto y consciente», la solicitud debe hacerse por escrito, ser reconfirmada posteriormente y validada por un comité de evaluación.
En Portugal, la despenalización de la eutanasia, adoptada en mayo de 2023, no ha entrado en vigor tras una decisión del Tribunal Constitucional que rechazó algunos artículos de la ley. El nuevo Parlamento resultante de las elecciones de mayo tendrá que decidir sobre este asunto.
Italia comienza por las regiones
Toscana se convirtió en la primera región italiana en adoptar una regulación que allana el camino para el suicidio asistido, tras una votación en febrero en el parlamento regional. Pero el gobierno ultra de Giorgia Meloni impugnó esta normativa ante el tribunal constitucional, alegando que es competencia del Estado central y no de las regiones.
En septiembre de 2019, el Tribunal Constitucional italiano estableció las condiciones para que un paciente pueda acceder al suicidio asistido sin que la persona que lo asiste sea procesada penalmente.
El Parlamento italiano debería haber legislado sobre este tema, pero no ha hecho nada. Por ello, una asociación pro eutanasia ha hecho campaña para que se adopten normas a nivel regional, algo que Toscana fue la primera en hacer.