ELA: «El Fondo de Compensación del Amianto reduce las indemnizaciones aprobadas en tribunales»

El Fondo de Compensación del Amianto, que entró en vigor el pasado día 18, ha recortado las prestaciones reconocidas en sendas sentencias judiciales a los familiares de trabajadores de Sunsundegui, en Altsasu, fallecidos por este material, según ha dado a conocer el sindicato ELA.

David Pena, abogado de la fundación Bidelagun, vinculada a ELA, ha explicado que el Juzgado de lo Social número 1 de Iruñea ha reconocido prestaciones a dos trabajadores jubilados de Sunsundegui que fallecieron como consecuencia del amianto, estableciendo compensaciones que debían cobrar sus viudas e hijos. Al estar Sunsundegui en concurso de acreedores, se ha declarado insolvente respecto al pago de estas indemnizaciones, que han sido asumidas por el Fondo de Compensación del Amianto.

Sin embargo, según ha denunciado Pena, estas compensaciones serán inferiores a las reconocidas en sentencia judicial. Concretamente, en el primer caso se establecía una compensación de 206.000 euros para la viuda, dos hijas y un hijo. El Fondo solo abonará 96.000 euros, 110.000 menos que los fijados en la sentencia. En el segundo caso, el Fondo no asumirá el recargo del 40% en la pensión de viudedad, ya que «no cubre los recargos ni otras prestaciones, sino solo indemnizaciones a tanto alzado». Se estima que tras el recargo, la viuda debería recibir 172.000 euros, pero solo recibirá del Fondo 64.000 euros.

«Insuficiente, restricitivo y discriminatorio»

«Ambos casos demuestran de manera evidente que el Fondo es insuficiente, restrictivo y discriminatorio, y que atiende a criterios economicistas más que a criterios reparadores», ha constatado Pena, que considera que los familiares de los trabajadores muertos por la exposición al amianto sufren «una revictimización».

El abogado de la fundación Bidelagun ha subrayado que ha quedado perfectamente acreditado en los tribunales que los trabajadores de Sunsundegui estuvieron expuestos al amianto, ya que no recibieron información sobre esta sustancia hasta 1987 a pesar de que las normas vigentes desde 1941 lo establecían. Como consecuencia, barrían las fibras de amianto sin protección, se llevaban la ropa sucia a casa para lavarla exponiendo a sus familias, los vestuarios no disponían de taquillas para separar la ropa sucia y la limpia e, incluso, usaban las placas de amianto para calentar la comida.

«No cumple su función»

Junto a ello, ha destacado que las enfermedades provocadas por el amianto tienen una latencia que puede llegar hasta los 40 años, por lo que los fallecidos trabajaron en empresas que ya no existen o que pueden encontrarse en concurso de acreedores, como es el caso de Sunsundegui. El Fondo que debería corregir estas situaciones –como una especie de Fogasa para las indemnizaciones por despido– no cumple su función, según denuncia ELA.

«El Fondo de Compensación está muy lejos de ser un instrumento de justicia y reparación de las víctimas», ha destacado Pena, que ha explicado que además de reducir las cuantías fijadas en sentencias judiciales, también excluye enfermedades reconocidas oficialmente como profesionales como la neoplasia de bronquio u otras derivadas de la exposición al amianto como el cáncer gastrointestinal o el de ovario. Sobre este último, ha subrayado que no reconocerlo ahonda en la brecha de género y genera una discriminación directa en las mujeres que han sufrido exposición al amianto, generalmente las mujeres de los trabajadores que limpiaban su ropa en sus casas.

Además, ha añadido que el Fondo excluye como posibles beneficiarios a ascendientes, hermanos o personas allegadas a las víctimas, que también han estado expuestas al amianto. En este sentido, ha destacado que la ley que establece los baremos por accidentes de tráfico sí que tiene en cuenta a estos allegados.

Testimonio de una afectada

En la comparecencia, ha estado presente también Nuria Alamillo, la hija de uno de los dos trabajadores, que ha relatado que su padre falleció en 2020 como consecuencia de un cáncer derivado del amianto. Una mancha en el pulmón que aparecía desde hace 40 años se activó, extendiéndose a los huesos. Para cuando se le diagnosticó no tenía remedio.

Junto a ello, ha lamentado que hayan tenido que esperar cinco años para que concluyera el proceso judicial. En este sentido, ha relatado que sufrieron una demora de un año porque un papel se perdió en la Seguridad Social.

«Ves que se hace justicia, que hemos ganado. Pero no cobraremos lo que tenemos que cobrar. Se da un paso hacia adelante y dos hacia atrás», ha añadido.