El Gobierno español promete a víctimas de abusos en la Iglesia que «en breve habrá noticias»

La reunión que ha mantenida este martes a la tarde en Madrid el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia católica no ha dado grandes titulares, aunque sí el compromiso del Ejecutivo español con ellas y la promesa de que «en breve habrá noticias».

De «cordial» ha calificado Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), el encuentro con Bolaños, donde ha participado una veintena de personas afectadas, aunque lo cierto es que la representación de las víctimas esperaba algún detalle más de cómo el Gobierno pretende atender y reparar a quienes han sufrido la pederastia eclesial. El ministro les ha reiterado su compromiso y ellas le han instado a que actúe «porque no podemos aguantar más».

«El Gobierno es consciente de que las víctimas estamos hartas, tras años esperando que se repare tanto sufrimiento, y que necesitamos una respuesta ya», ha manifestado el padre del exalumno del colegio Gaztelueta que sufrió abusos a manos de un profesor y miembro del Opus Dei.

En un ambiente de «confianza», la reunión ha servido para que ambas partes hayan coincidido en calificar de «fracaso absoluto», en palabras de Cuatrecasas, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas del Abuso (Priva), promovido por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para ofrecer una reparación integral a las personas que han sido víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica, en los casos en que dichos abusos hayan prescrito o fallecido el victimario.

Según la estimación del Defensor del Pueblo, en el Estado español hay más de 440.000 víctimas de la pederastia eclesial, mientras que la jerarquía católica solo reconoce algo más de 2.000 casos. De los datos que han trascendido de fuentes de la Iglesia, se conoce que 89 han sido las solicitudes presentadas a la comisión de evaluación del Priva, del que se han resuelto 39 expedientes, una cifra ridícula viendo la dimensión, sin entrar en la cuantía de las propuestas de indemnización, cuyas cantidades las víctimas califican de «irrisorias».

«Sistema mixto»

Es precisamente al Defensor del Pueblo al que el Gobierno pretende dar protagonismo en el camino que pretende emprender. Se trata, así se lo trasladó hace algunas semanas el ministro al secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, de un «sistema mixto» entre Iglesia y Estado español, en el que sea la CEE quien abone las reparaciones, las víctimas dispongan de voz y voto, siendo el papel estatal el de garante de que se cumpla.

Por el momento, así se lo han ha trasladado a la representación de las personas afectadas, continúa abierto el diálogo entre la jerarquía católica y los responsables gubernamentales para alcanzar un acuerdo que satisfaga a las víctimas.

En el caso de las diócesis vascas, por ejemplo, el Arzobispado de Iruñea anunció que solo iba a atender a las personas que reconoce como víctimas. Hace ya un año, el obispo de Bilbo, Joseba Segura, manifestó que estaban «abiertos» a «afrontar lo que haya que afrontar» en relación a posibles indemnizaciones económicas a las víctimas.

En julio de 2024, el propio ministro Bolaños censuró el «esquema unilateral» propuesto por la Iglesia católica para compensar a las víctimas de abusos sexuales, al sostener que «necesitan un sistema que genere un entorno seguro y confiable para plantear sus casos y poder obtener una reparación adecuada».

Desde las asociaciones han expresado a Bolaños que es urgente que se encauce el asunto, incidiendo en que cada día que pasa surgen nuevos casos, como el que investiga el Vaticano por la denuncia contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza.

Los colectivos confían en que el órgano que va a impulsar el Ejecutivo logre realmente su reparación y que esta no sea solo económica, porque muchas lo que necesitan es terapias gratuitas, protección cuando denuncian y lucha contra su exclusión escolar y laboral, entre otras cosas.