PNV y PSE aprueban una ley de vivienda que apela a su artículo 145 cuando solo tiene 7

En virtud de su mayoría absoluta, PNV y PSE han aprobado este jueves en el Parlamento la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo y, como en comisión, han rechazado todas las decenas de enmiendas presentadas por la oposición, que ha criticado la norma tanto por la forma con la que se ha tramitado como por su contenido.

En lo relativo a las formas, cabe recordar que la ley de medidas urgentes fue anunciada por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de Lakua, Denis Itxaso, el pasado 5 de marzo en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi. Se trata de un proyecto gubernamental, e incluso la Consejería contrató informes sobre ella.

Sin embargo, en lugar de tramitarse como un proyecto de ley del Gobierno se hizo como una proposición de ley registrada por PNV y PSE, y fue presentada además ante los medios por sus máximos líderes, Aitor Esteban y Eneko Andueza, lo que fue además leído como un gesto político después de varios choques entre los dos partidos.

La oposición ha criticado esta forma de tramitación, porque entiende que solo pretendía evitar los informes que deben acompañar a todo proyecto de ley y creen que en algunos puntos esta norma no hubiera podido superar fácilmente, por ejemplo, en materia medioambiental. «Método de los cobardes», le ha llamado el parlamentario de Sumar, Jon Hernández.

Como muestra de las prisas, improvisación y falta de rigor con la que se ha tramitado la proposición de ley, el parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha llamado la atención sobre que la disposición transicional primera de la ley medidas urgentes apela al «artículo 145 de esta ley» que se ha aprobado cuando solo tiene 7. Probablemente, querría referirse al artículo 145 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, pero no lo hace, y eso puede dar lugar a una clara inseguridad jurídica.

Sobre el contenido de la ley

Durante el debate, los grupos han expuesto su posición sobre el fondo de la ley. Vox ha hablado de inmigración y de exigir arraigo para acceder a vivienda pública, que se lo prohíban a quien haya participado en una okupación y de defender la propiedad privada frente a las zonas tensionadas y las obligaciones y sanciones. Al PP también le parece una ley poco liberal y ha puesto como ejemplo la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

Para la izquierda, sin embargo, es una propuesta que responde a los intereses de las promotoras, constructoras y de los bancos. Jon Hernández, de Sumar, ha criticado que el Gobierno no quiere luchar contra la especulación. Como Xabier Astigarraga, de EH Bildu, ha denunciado la reforma subrepticia que se incluye de la ley de la RGI que obliga a tener un contrato de vivienda para acceder a esta renta, lo que perjudicará a los más vulnerables.

Desde que se anunciaron sus bases, EH Bildu ha definido esta ley como contrarreforma por, entre otras cosas, dar marcha atrás en la reserva de suelo para vivienda protegida. Además, Xabier Astigarraga ha denunciado que una de las justificaciones para su aprobación son los supuestos  problemas de viabilidad de los suelos con calificación, pero ha explicado que preguntó al Gobierno sobre esos problemas y que la respuesta ha sido que «esta información está en proceso de elaboración y análisis». Lo que a su entender supone que han creído a los promotores sin comprobar la realidad. Ocurrió algo similar con la reducción de la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%, que después de lanzada la idea, el Departamento de Vivienda encargó por 16.940 euros un informe sobre su efectividad.

Centralidad y el Frente Popular de Judea

Por su parte, PNV y PSE han defendido el contenido de la ley. El jeltzale Jonatan Moreno ha dicho que servirá «para construir más y más rápido». Mientras que Eneko Andueza ha subrayado que «viene a revertir la crisis habitacional, evitar brechas de desigualdad y garantizar el acceso a una vivienda digna».

Tanto Moreno como Andueza han hecho mención a la centralidad de su propuesta. Para el secretario general del PSE, «si para unos es muy facha y para otros muy roja» es que va por el buen camino.

Especialmente punzante ha sido el parlamentario del PNV Jonatan Moreno que ha criticado la «ideologización» de los demás, sobre todo de los grupos de izquierda. Después de decir que para la juventud actual «no está en el viejo esquema de izquierda y derecha» y quiere la vivienda en propiedad. Ha asegurado que «regular, sancionar y prohibir es el nuevo catecismo de EH Bildu», que «representa una izquierda que se siente y viste joven, pero no se ha dado cuenta de que peina canas». Luego, ha hablado de que «la juventud suele chocar con el que cancela socialmente a la disidencia», en medio de una disquisición en la que en el contexto mediático actual no se sabía si estaba elogiando a GKS en lugar de a EGI como le correspondería.

Sobre la falta de acuerdo y el rechazo de todas las enmiendas, Eneko Andueza ha apuntado que EH Bildu ya estaba en contra antes de que se presentara la ley, obviando que ya se conocían sus bases. Jonatan Moreno también en esto ha ido más allá, afirmando que a algunos «todo les parece mal y luego se sorprenden de que no acordemos nada». Ha recordado que hay un acuerdo entre dos partidos distintos –PNV y PSE– que es mejor que «un acuerdo con el Frente Popular de Judea», en referencia al segundo partido del Parlamento empatado a 27 escaños con el PNV. También ha hecho varias menciones a Venezuela.

En la votación final, PNV y PSE han defendido la ley y rechazado todas las enmiendas con su mayoría absoluta. EH Bildu ha votado en contra de los artículos referidos a la reforma de la Ley de Suelo y la de la RGI y se ha abstenido en los de Turismo y Vivienda.

Sindicatos, en contra

ELA ha calificado la nueva ley aprobada como una oportunidad perdida. Sostiene que «la ley de medidas urgentes en materia de vivienda de la CAPV promovida por PNV y PSE beneficia los intereses privados y no dará solución a la crisis habitacional».

El sindicato reivindica garantizar el derecho subjetivo a la vivienda por ley y poner fin a la alternativa de las prestaciones; construir viviendas protegidas estrictamente de alquiler; aumentar el gasto público de vivienda destinando al menos el 2% del PIB de forma permanente; declarar zona tensionada toda la CAV, sin excepción y crear un índice de alquiler máximo de vivienda; movilizar las 45.000 viviendas vacías y destinarlas al alquiler; avanzar hacia un modelo público de construcción de vivienda y limitar y controlar las Viviendas de Uso Turístico y los alquileres temporales.

LAB, por su parte, ha denunciado que «PNV y PSE han aprobado una ley a medida de la patronal inmobiliaria». Asegura que «no incluye» ni una sola medida para proteger a la clase trabajadora y frenar la subida constante de los precios». En opinión de LAB, «en lugar de abrir la posibilidad de multiplicar los beneficios a las constructoras, hay que fomentar el alquiler público, barato y permanente».

El sindicato llama la atención sobre que «quieren vender que el problema es entre demanda y oferta» y que «hay que garantizar a los promotores y constructores una mayor rentabilidad para que la oferta sea mayor» —es decir, hacer más negocios con un derecho básico—. Poco dicen, por no decir nada, de la presión fiscal para movilizar viviendas vacías, de los pisos turísticos secuestrados para hacer negocio, de los alquileres de temporada o de las iniciativas para multiplicar la capacidad de compra preferente de la administración.

En el exterior estaba convocada una concentración del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria para protestar contra una ley que consideran que «beneficia, principalmente, a constructoras y sectores especuladores».