La UE externaliza sus fronteras y recorta la ayuda humanitaria progresivamente

Hacer más con menos, mientras la ultraderecha guía la agenda política. Así podría resumirse la dirección a la que apuntan las últimas noticias en torno al «Pacto Migratorio y Asilo» europeo y los recortes de la financiación de ayuda humanitaria arrastrados desde el comienzo de la administración Trump. Aunque aparentemente desconectadas entre sí, el hilo que une las decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea, por un lado, y los recortes impulsados no solo por EEUU, sino también por Francia y Suecia, por otro, es más robusto de lo que parece.

El pasado martes, el Consejo de la Unión Europea —formado por los ministros y ministras de Interior de los Estados miembros— aprobó un acuerdo en el marco del Pacto de Migración y Asilo que reduce de forma sustancial la cuota anual de reubicación solidaria de demandantes de asilo. También disminuyen las contribuciones económicas compensatorias de los países que prefieren pagar en vez de aceptar la cifra de migrantes que les corresponde. En la misma línea, se aprobó el “Reglamento de retorno”, una norma que pretende agilizar la expulsión de inmigrantes en situación irregular y aumentar el índice de órdenes de retorno forzoso, que ronda el 20%.

Estas medidas no son aisladas. El nuevo reglamento permitiría construir centros de retorno en países no pertenecientes a la UE y devolver a inmigrantes irregulares incluso a Estados que no guardan relación con su origen. Además, el Consejo reformuló el concepto de «tercer país seguro» —aquellos a los que los solicitantes pueden ser enviados por considerarse fiables—, lo que permite a los Estados miembro rechazar una petición de asilo sin examinar su contenido si consideran que el migrante podría haber solicitado y recibido protección en un país no comunitario. A ello se suma la ampliación de la lista de «países de origen seguros»: Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de todos los países candidatos a la UE excepto Ucrania, pasan a incorporarse como destinos potenciales de devolución.

El giro restrictivo es evidente, aunque no sorprendente. Ya en octubre de 2024 la UE respaldó explícitamente la externalización de su política migratoria. Entonces, los dirigentes aseguraron estar abiertos a «soluciones innovadoras», que hoy comienzan a materializarse. Más tarde, en marzo de 2025, la Comisión Europea profundizó en el endurecimiento de las políticas migratorias y abrió la posibilidad de que los Estados miembro firmen convenios con países externos para enviar a centros allí instalados a los migrantes, cuyas solicitudes de asilo fueran rechazadas. Bajo el marco del Pacto Migratorio y Asilo aprobado en 2024, la UE evidencia así una voluntad de facilitar la expulsión de los solicitantes de asilo mediante la externalización de su responsabilidad. Sin embargo, este fortalecimiento de fronteras contrasta —y a la vez se conecta— con lo que estos mismos países están haciendo respecto a los problemas de raíz que empujan a miles de personas a huir de sus hogares.

Dinero por restricción

Tras experimentar en 2024 la mayor caída en décadas de financiación —casi 5.000 millones de dólares menos que en 2023, un 10%—, la ayuda humanitaria ha profundizado todavía más su crisis. En 2025 se ha registrado la mayor contracción de fondos en diez años: 12.000 millones de dólares menos, en gran parte porque EEUU solo ha desembolsado 2.500 millones para el plan humanitario de la ONU, frente a los 11.000 del año anterior. La ofensiva contra USAID ha tenido efectos inmediatos: la cancelación del 83% de sus programas podría traducirse en la pérdida de hasta 14 millones de vidas en 2030.

Pero no es solo Estados Unidos ni la administración Trump quienes han rebajado estas dotaciones. Países de la OCDE como Gran Bretaña (39% menos que en 2023), Alemania (27%) o Francia (19%) también han recortado los fondos destinados a la ayuda humanitaria. Así, los recursos dedicados a paliar las crisis que sufren muchos de los países de los que huyen los solicitantes de asilo se reducen al tiempo que las políticas fronterizas se endurecen en detrimento de los migrantes.

Un informe de Médicos sin Fronteras (MSF) y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) denuncia de la misma manera la falta de eficacia de la ONU y otras instituciones multilaterales, mientras señala que el número de personas desplazadas forzosamente de sus hogares ya duplica al que se registraba hace tan solo una década mientras los gastos en defensa baten récords. Aunque Gaza, Sudán y Ucrania sigan siendo los principales destinos de la ayuda humanitaria por los conflictos armados que sufren, el informe indica que la atención prestada a enfermedades como la malaria, el VIH o la tuberculosis también se verá directamente afectada.

La desatención a las poblaciones más vulnerables se acentúa mientras se les expulsa de sus tierras, pero se les deniega el acceso a otras.

Según el informe, programas esenciales para la prevención y tratamiento de la malaria, el VIH, la tuberculosis o la desnutrición, y los servicios de salud sexual y reproductiva ya se están viendo gravemente afectados. Por si fuera poco, los investigadores también denuncian la falta de protección que los trabajadores humanitarios y las instalaciones destinadas a proveer ayuda humanitaria están experimentando.

Centrándose particularmente en los casos de Gaza y Sudán del Sur, el informe denuncia los constantes ataques dirigidos contra convoyes y personal sanitario. Señalando a los Estados como principales perpetradores de las sistemáticas e indiscriminadas violaciones del derecho internacional, el informe trata de poner en valor las «normas humanitarias fundamentales» y lamenta que estén «siendo atacadas directamente».

Paradoja 

La asunción de compromisos como el adoptado por el Consejo el pasado martes no hace más que reforzar los marcos ideológicos de la ultraderecha. Bajo la falsa premisa de contenerla, endurecer la política migratoria, mientras se infrafinancian las soluciones destinadas a abordar los problemas de raíz solo alimenta el círculo vicioso que impulsa los flujos migratorios. La migración existe y existirá; lo que la hace insostenible es la desigualdad y la injerencia de actores externos que siembran las condiciones de las crisis que expulsan a las poblaciones de sus países.

Un recorte de más de 1.000 millones de dólares en ayuda humanitaria —en el que EEUU ha sido protagonista, pero al que también se han sumado países europeos— no hace sino recrudecer las condiciones que obligan a millones de personas a buscar refugio en otros lugares, donde, en teoría, podrían aspirar a una vida digna.

Son los mismos Estados que recortan fondos quienes aprueban cerrar sus fronteras y acelerar las expulsiones de solicitantes de asilo. Pretender resolver la problemática sin atender la desigualdad que el propio sistema fomenta no constituye ni siquiera una solución a corto plazo.

Todo ello, unido a una creciente marginalización del derecho y las instituciones internacionales, no hace más que reforzar la «ley del más fuerte» y condenar al eslabón más bajo de la pirámide a un futuro incierto y lleno de peligros. Mientras, las poblaciones de los países de destino y proveedores de ayuda, ven sus portadas y mítines repletos de discursos criminalizadores y excluyentes dirigidos a justificar el cierre de las fronteras que una vez sus antepasados cruzaron.

El invierno demográfico que atraviesa Europa y la demanda de mano de obra no pueden ser los criterios que definan la viabilidad de la llegada de personas migrantes. Medir la dignidad humana en función del capital o la supervivencia de una nación —o de un continente— solo evidencia la falta de brújula moral que caracteriza hoy la política migratoria.

Con más de 14 millones de personas en peligro de perder la vida a causa de los recortes, y Estados dispuestos a traspasar la responsabilidad de los solicitantes de asilo a terceros países, la necesidad de un cambio de agenda política es acuciante. Asumir marcos de la extrema derecha dirigidos a normalizar el miedo hacia lo ajeno y a asumir la incompatibilidad de lo “nuestro” con lo “suyo”, no hace sino allanar el camino para que un cambio sustancial en el sistema no esté entre la lista de soluciones para las nuevas generaciones.