Disparate judicial, órdago político, dignidad colectiva

El pasado mes de noviembre se cumplieron veinte años, se dice pronto, del comienzo de la vista oral del sumario 18/98, un esperpento protagonizado en primera instancia por Baltasar Garzón, con otros importantes actores en el reparto y culminado por un tribunal presidido por Ángela Murillo, cuyo nombre, visto lo visto en aquel juicio, se habría susurrado en las noches de invierno para meter miedo a los críos si hubiera nacido en otro siglo. O si no fuera tan ridícula, que lo era mucho.

Con más de medio centenar de procesados, entre ellos el director y la subdirectora de ‘Egin’, Javier Salutregi y Teresa Toda, varios miembros de su consejo de administración y personas referenciales del espacio independentista vasco, el 18/98 fue el punto culminante de una estrategia política que tenía como objetivo acabar con la izquierda abertzale. Un órdago en toda regla por parte del Estado, que cercenó derechos civiles y políticos, cerró medios de comunicación y, sobre todo, provocó un enorme sufrimiento. Porque a ese macrojuicio le precedieron y le sucedieron otros, y el número de detenidos, imputados y encarcelados se cuenta por cientos.

La amenaza estaba tan extendida y era tan arbitraria que la expresión «todo es ETA» fue de uso común en aquellos primeros años de siglo. Aquí se utilizaba con sarcasmo; allí, con pleno convencimiento. Por aquella trituradora pasaron militantes de todo tipo de causas, periodistas, jubilados y arquitectos de la desobediencia civil. «Podréis absolverlos o condenarlos, pero lo que no podréis impedir es que amplios sectores de Euskal Herria hayan visto en estas personas un ejemplo a seguir en la defensa de sus derechos». Estas palabras del abogado Iñigo Iruin cerraron, en marzo de 2007, el alegato de la defensa, al tiempo que resumían una percepción asentada en nuestro país.

Dicen que vivimos tiempos líquidos, casi gaseosos, pero este es un pueblo que sabe cantar sus batallas, y aquella que se libró durante 16 meses en Madrid merece ser recordada. Porque lo que allí estuvo en juego no fue (solo) el futuro vital de unas cuantas personas sino el porvenir inmediato de una comunidad política y social que es alérgica al sometimiento. Una pelea, el de la dignidad colectiva, que fue ganada pero, ¡ay!, a qué precio.