La ONU documenta el apartheid palestino que Israel quiere hacer permanente

Un nuevo informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirma que la discriminación sistemática contra los palestinos en los territorios palestinos ocupados ha empeorado radicalmente en los últimos años. «Estamos presenciando una asfixia sistemática de los derechos palestinos en Cisjordania», declaró Volker Türk, director de la oficina del Alto Comisionado, en la publicación del informe.

Esta situación ha llevado a «una forma particularmente grave de discriminación y segregación racial, similar al tipo de sistema de apartheid que ya hemos experimentado antes», explicó.

Ya sea el acceso al agua, escuelas u hospitales, o la posibilidad de visitar a familiares o cosechar aceitunas, «todos los aspectos de la vida palestina en Cisjordania están controlados y restringidos por leyes, políticas y prácticas israelíes discriminatorias», denunció.

El documento describe, por ejemplo, cómo las autoridades confiscan y destruyen la infraestructura hídrica palestina, desviando el agua hacia las colonias, lo que obliga a la Autoridad Palestina a comprar grandes cantidades de agua a una empresa del Gobierno israelí que la extrae de la propia Cisjordania ocupada.

Expertos independientes de la ONU ya habían descrito la situación en Palestina como apartheid, y las denuncias de la propia población palestina se repiten desde hace décadas, pero esta es la primera vez que un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos utiliza el término. El informe enfatiza que las autoridades israelíes «someten a los colonos israelíes y a los palestinos que viven en Cisjordania a dos regímenes legislativos y políticos distintos, lo que resulta en un trato desigual en cuestiones cruciales».

«Los palestinos continúan siendo objeto de confiscaciones masivas de tierras y de la privación del acceso a los recursos», lo que conduce al despojo de sus tierras y hogares, destaca.

Colonos y violencia impune

Esta discriminación se ve agravada por la intensificación de la violencia de los colonos, con la aprobación, el apoyo y la participación tácita de las fuerzas de seguridad israelíes, reconoce la Oficina del Alto Comisionado.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Junto a Jerusalén Oriental, también ocupada, más de 750.000 israelíes viven allí en colonias que convierten el territorio palestino en un archipiélago de localidades casi aisladas entre decenas de barreras y controles militares donde viven unos tres millones de palestinos, con una movilidad muy limitada.

El documento también destaca que el Gobierno israelí ha acelerado la expansión de estas colonias con el propósito declarado de impedir que pueda existir un Estado palestino, y que los ataques de los colonos contra las comunidades locales, coordinados o incluso protegidos por los soldados, se están multiplicando. Desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes y los colonos han matado a más de 1.000 palestinos en Cisjordania. El informe denuncia que los palestinos «son asesinados con casi total impunidad».

De los más de 1.500 palestinos muertos en Cisjordania entre principios de 2017 y el 30 de septiembre de este año, las autoridades israelíes solo han abierto 112 investigaciones, con una sola condena.

A la vez, han «intensificado el uso de la fuerza ilegal, las detenciones arbitrarias y la tortura», lamenta el informe, que denuncia un «deterioro sin precedentes de la situación de los derechos humanos» en Cisjordania, y subraya el recrudecimiento de la represión de la sociedad civil.

El sistema de justicia militar aplicado a los palestinos ofrece poca o ninguna protección en comparación con el derecho civil israelí, que favorece a los colonos. Durante los procedimientos penales se violan sistemáticamente los derechos de la población palestina al debido proceso y a un juicio justo, explica.

Observa, además, «motivos razonables para creer que esta segregación y subordinación pretenden ser permanentes» para mantener un sistema de opresión y dominación de la población palestina. Türk concluye pidiendo a Israel «que ponga fin a su presencia ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo el desmantelamiento de todos los asentamientos y la desocupación de todos los colonos, y a respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación», así como que derogue todas las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la discriminación sistémica contra los palestinos por motivos de raza, religión u origen étnico».

El boicot a la Unrwa provoca cientos de despidos

La Unrwa se ha visto obligada a despedir a 571 de sus trabajadores en Gaza debido a una crisis financiera sin precedentes por la que la agencia de la ONU lleva recortando gastos desde el año pasado. Estos empleados habían abandonado la Franja, pero siguieron en nómina hasta que en marzo se les concedió una licencia sin sueldo.

Hamas criticó «una decisión injusta que viola los derechos básicos de empleados que no pueden regresar a Gaza» y pidió a la Unrwa que dé marcha atrás.

Durante más de siete décadas, la Unrwa ha brindado asistencia a los refugiados en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria, pero la persecución por parte de Israel a la que se sumaron varios de sus aliados, redujo las aportaciones voluntarias de las que depende. Su trabajo costó cerca de 880 millones de dólares en 2025, pero recibió solo unos 570 millones. Israel ha matado a más de 300 empleados de la agencia, que aún cuenta con unas 12.000 personas trabajando en territorio palestino.