El Puerto de Pasaia anuncia un acuerdo con otras tres vecinas del bloque de Escalerillas
Anteriomente alcanzó un pacto con otras dos familias, mientras que el desalojo de las seis que «no cuentan con derecho de residencia ni título habilitante» se encuentra a la espera de la resolución de un recurso. Etxebizitza Sindikatu Sozialista denuncia las presiones la la Autoridad Portuaria.
La Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) ha informado de que ha alcanzado un acuerdo con tres vecinas «de las viviendas de La Herrera que mantenían sus derechos de arrendamiento vigentes». Antes ya había logrado un pacto con otras dos.
Se trata de un nuevo capítulo de un litigio que salió a la luz a principios de 2024, cuando doce familias que residían en un bloque popularmente conocido como ‘la casa de Escalerillas’ –ubicado entre los barrios donostiarras de Herrera y Buenavista pero en el término municipal de Pasaia– denunciaron el riesgo ser desahuciados por la APP, propietaria del edificio.
«Quieren tirar esa casa para construir un nuevo proyecto, que las vías de EuskoTren accedan hasta el puerto para el transporte de mercancías», explicaba entonces a NAIZ Unai Moriones, de Oarsoaldeako Etxebizitza Sindikatua.
Reducir el tráfico de camiones
La APP destaca al respecto que «la liberación de estos espacios es necesaria para la ejecución de las obras de acceso del ancho métrico al puerto, una infraestructura clave que cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros y que permitirá reducir el tráfico de camiones y la huella de CO2 en el entorno».
Preguntada al respecto en una entrevista el pasado septiembre, la presidenta de la APP, Izaskun Goñi, apuntaba que esas viviendas se construyeron hace más de medio siglo «para trabajadores de mantenimiento del puerto. Los contratos tenían una cláusula que decía que si el puerto necesitaba el espacio tendrían que desalojar. Han pasado muchas décadas, pero esa condición estaba ahí desde el principio».
Subrayó asimismo que el derecho a la vivienda era para «los trabajadores, que ya fallecieron, y sus viudas, que quedan tres. Todos los demás ya no estaban contemplados, aunque han podido vivir y disfrutar de la vivienda. Primero se ofreció una negociación, pero no se consiguió un acuerdo, con lo que la Autoridad Portuaria inició los trámites para el desalojo de los que no tienen derecho a esas viviendas. Con las viudas seguimos negociando, tuvimos la última conversación en julio y creo que vamos a llegar a un acuerdo».
El 15 de abril como fecha
A juicio de la APP, el acuerdo «representa un paso significativo en la resolución de la situación habitacional del edificio. Se ha establecido una compensación económica en concepto de indemnización por la extinción de los contratos con las arrendatarias. El acuerdo fija el 15 de abril como fecha límite para que las viviendas queden vacías». En este periodo, la APP «ofrecerá acompañamiento a estas familias durante el traslado a sus nuevos hogares».
En cuanto al resto, son seis familias que «residen actualmente en el mismo edificio sin contar con derecho de residencia ni título habilitante». La solicitud de desalojo se encuentra en instancias judiciales. Una primera sentencia respaldó la postura de la APP, pero está pendiente de resolución el recurso presentado por los afectados.
Romper la unión
En representación de estos vecinos, Etxebizitza Sindikatu Sozialista ha emitido una nota en la que denuncia que «la estrategia del Puerto es clara, romper la unión de vecinos y vecinas», y acusa a la APP de «priorizar los intereses económicos que genera el proyecto ferroviario».
Señala que la tres familias que han suscrito ahora el acuerdo «han vuelto a dejar claro que su prioridad siempre ha sido quedarse en sus hogares de toda la vida», pero que la APP les «ha amenazado diciendo que si no aceptaban esta oferta serían desalojadas con sus otros vecinos».
«Gracias a la presión de estos años se ha conseguido igualar las ofertas para las tres familias», porque en principio «esta oferta se realizó teniendo en cuenta la esperanza de vida de las titulares».
En cuanto a las familias que corren el riesgo de ser desahuciadas, Etxebizitza Sindikatu Sozialista defiende que «estamos ante una situación de subrogación tácita. Estas personas llevan muchos años viviendo en estas casas, han hablado más de una vez con el Puerto, han pagado la renta, han hecho frente a los gastos de mantenimiento del inmueble y muchos de ellos han estado laboralmente ligados al Puerto».
Sin embargo, el juez decretó en primera instancia que el edificio «seguía siendo una propiedad pública, en la que no existe la figura de la subrogación», y el litigio se encuentra ahora a la espera de la resolución del recurso.