Hondarribia encarga una auditoría independiente ante la denuncia por Zaldunborda
El Ayuntamiento quiere «verificar, con criterios técnicos y documentales, la realidad y trazabilidad de los conceptos económicos invocados en la demanda» de 13,7 millones de euros presentada por las empresas Higertoki y Zaldunborda Berri por la paralización del macrooutlet.
El Ayuntamiento de Hondarribia ha encargado una auditoría fiscal y mercantil independiente en relación con el proyecto del macrooutlet de Zaldunborda, en el marco del procedimiento judicial en curso iniciado por las empresas Higertoki y Zaldunborda Berri.
Según explica el Consistorio en una nota, el objetivo de esta auditoría es «verificar, con criterios técnicos y documentales, la realidad y trazabilidad de los conceptos económicos invocados en la demanda, así como disponer de un análisis sólido para la defensa judicial de los intereses municipales».
Ambas compañías reclaman al Ayuntamiento 13,7 millones de euros por los supuestos daños económicos ocasionados por la paralización del proyecto. Cuando se conoció la denuncia, el pasado noviembre, el alcalde Igor Enparan (Abosanitz) apuntó que fueron los errores cometidos por el anterior Gobierno municipal del PNV durante la redacción del Plan General –que fue suspendido por el TSJPV– los que hicieron inviable el proyecto.
En respuesta, la formación jeltzale acusó a Enparan y su equipo de haber modificado dicho Plan de forma «imprudente, ideologizada y jurídicamente torpe».
Puertas giratorias
Cabe recordar que la posteriormente anulada recalificación de los terrenos había sido firmada en 2015 por Aitor Kerejeta, entonces alcalde del PNV y que más tarde fichó por una de las empresas ligadas al proyecto.
El Ayuntamiento ha indicado que la auditoría «se centrará en el contraste de la facturación, la coherencia contable y bancaria de las operaciones, y el análisis de posibles operaciones vinculadas y situaciones de conflicto de interés o auto-contratación, siempre desde una perspectiva estrictamente técnica».
«En un asunto con impacto potencial tan relevante para el municipio, nuestra obligación es actuar con la máxima diligencia: comprobar los datos, exigir trazabilidad y tomar decisiones basadas en evidencias. Esta auditoría es una herramienta necesaria para proteger el dinero público y ofrecer garantías a la ciudadanía», ha señalado Igor Enparan.