Japón ante las urnas: la deriva autoritaria de la era Takaichi

Japón se encamina a unas elecciones generales anticipadas –las segundas en año y medio– convocadas hace unos días para el 8 de febrero y que amenazan con consolidar no solo el dominio parlamentario del Partido Liberal Democrático (PLD), sino también una peligrosa concentración de poder en torno a Sanae Takaichi.

Las previsiones más prudentes dan al oficialismo entre 230 y 250 escaños, mientras que las más optimistas elevan la cifra por encima de los 270, configurando una mayoría prácticamente incontestable.

Esta victoria anunciada no es solo consecuencia de la debilidad estructural de la oposición, sino también del éxito de una estrategia política deliberada: durante su corto mandato, Takaichi ha situado la amplificación de amenazas internas y externas en el centro de su discurso como mecanismo de movilización electoral.

La estigmatización progresiva de los extranjeros residentes –a través del encarecimiento de visados, un endurecimiento administrativo selectivo y un discurso que los presenta como problema de orden y seguridad– se combina con la reactivación de China como enemigo estratégico. A ello se suma la ruptura de uno de los consensos más profundos de la posguerra: la reapertura del debate sobre la posesión de armamento nuclear.

La salida del Komeito de la coalición gubernamental, tras 26 años de alianza, ha eliminado los últimos contrapesos moderados dentro del Ejecutivo, dejando a Takaichi rodeada de un núcleo ideológico homogéneo, sin expertos en China ni frenos fiscales, un escenario que incrementa el riesgo de una deriva ultraconservadora, aislamiento diplomático, deterioro institucional y pérdida de credibilidad económica a medio plazo.

En esta deriva, Kimi Onoda no es una figura secundaria ni una excentricidad del discurso oficial, sino una pieza central de la nueva arquitectura ideológica del poder. Ministra encargada de una sociedad de coexistencia ordenada y armónica con los extranjeros, convertida en referente mediático del ala más dura, ha asumido como misión política explícita la fiscalización permanente de los extranjeros residentes, elevando la sospecha hacia la inmigración a categoría de política pública informal. Su retórica, de clara jerarquización identitaria, repetitiva y simplificadora, vincula de forma sistemática a los no japoneses con abusos del sistema, inseguridad y desorden social, sin respaldo empírico sólido, pero con una elevada rentabilidad electoral.

Lejos de ser contenida, esta narrativa es tolerada y amplificada por el entorno de Takaichi, que ha encontrado en Onoda una herramienta eficaz para normalizar planteamientos abiertamente excluyentes y desplazar el debate hacia el miedo y la identidad. Su popularidad no es un fenómeno anecdótico: revela hasta qué punto la estigmatización del extranjero ha dejado de ser un exceso retórico para convertirse en un pilar funcional de la estrategia gubernamental.

Oposición desestructurada

Frente a este avance del oficialismo, la oposición llega a las urnas en un estado de descomposición estructural que refuerza, por contraste, la narrativa de inevitabilidad promovida por el Gobierno. La creación del Chudo Kaikaku Rengo, una alianza forzada entre el Partido Democrático Constitucional (PDC) y el Komeito tras la ruptura de este último con el PLD, ha sido recibida con escepticismo tanto entre analistas como entre sus bases. Décadas de cooperación entre el PLD y el Komeito han tejido lealtades sólidas entre sus bases, difícilmente transferibles hacia el PDC, principal rival histórico del oficialismo, lo que convierte la nueva coalición opositora en una operación táctica sin arraigo social ni relato compartido.

La retirada de candidatos del Komeito en los distritos uninominales, lejos de fortalecer una alternativa creíble, ha acentuado la sensación de artificialidad de un bloque construido más por cálculo electoral que por convicción política. Incapaz de disputar el marco del debate público, la oposición oscila entre la imitación del discurso securitario del Gobierno y un pragmatismo vacío que diluye cualquier diferencia sustantiva.

Más allá del resultado electoral, el problema de fondo es otro. La era Takaichi ha consolidado un modelo de gobierno que sustituye el debate democrático por la gestión del miedo, desplaza los conflictos sociales hacia la figura del «otro» y presenta la exclusión como sinónimo de orden. La normalización de políticas y discursos que señalan al extranjero, la ruptura calculada de consensos históricos como el rechazo al armamento nuclear y la ausencia de contrapesos  efectivos dentro del propio poder dibujan un paisaje político inquietante.

Japón no se encamina hacia una transformación institucional explícita, pero sí hacia una degradación silenciosa de sus prácticas democráticas, en la que la mayoría parlamentaria sirve para legitimar decisiones cada vez más alejadas del pluralismo, la contención y la responsabilidad histórica. Ese es el verdadero riesgo que se dirimirá en las urnas.

La era Takaichi ha consolidado un modelo de gobierno que sustituye el debate democrático por la gestión del miedo, desplaza los conflictos sociales hacia la figura del «otro» y presenta la exclusión como sinónimo de orden.