Las obras de Belate se quedan formalmente sin licencia para continuar
La directora general de Obras Públicas e Infraestructuras ha firmado una resolución por la que se deja sin efecto la aprobación del modificado número 1 del proyecto de construcción de la duplicación del túnel de Belate. Es el paso previo a una nueva licitación.
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La nueva resolución de la directora de Obras Públicas, María Torres Pérez, finaliza la tramitación del modificado y se ha notificado a la empresa UTE Túnel de Belate, según informa el Gobierno de Navarra en un comunicado.
Como se recordará, la UTE –que ganó el polémico concurso, precisamente, por el proyecto técnico para ejecutar los trabajos– decidió cambiar el método de excavación y el de sujeción a través de una nueva propuesta, el «modificado 1», y que incurría en unos sobrecostes de 8,5 millones.
Obras Públicas aceptó estos cambios, pero Intervención General suspendió este consentimiento varios meses después porque entendía que las constructoras elevaban la factura en más de 6 millones sin justificación y en base a falsedades, como supuestos requerimientos de la Sección de Minas que luego esta negó.
La polémica implicó el cese del director de Obras Públicas, Pedro López Vera. La UTE, sin embargo, ya había comenzado a excavar y algunos de esos cambios son irreversibles.
La resolución de la sustituta de López Vera, que fue avanzada por la propia María Chivite en una comparecencia ante el Parlamento, detiene por tanto los trabajos (dado que estos no se podían pagar) y abre la vía a una nueva licitación de las obras, cuya tramitación implicará un retraso en la conclusión de las mismas.
La previsión inicial era que estuvieran terminadas a finales de 2027, pero ahora se baraja ya una culminación del desdoblamiento en 2030.
No se derrumbará, si en dos años la obra no continúa
El documento administrativo de la directora general se fundamenta en varios informes. Primero, un escrito firmado por la Dirección de Obra externa, en el que se certifica que «en las obras del túnel está totalmente ejecutada la excavación en avance y su sostenimiento correspondiente completado».
En este estado de ejecución, «el túnel se considera suficientemente estable frente a colapsos y derrumbes sin necesidad de actuaciones en el plazo de dos años» y añade que «a pesar de ello deberá mantenerse la vigilancia de las convergencias del sostenimiento con periodicidad mensual».
Segundo, un informe técnico de la Dirección de Servicio de Proyectos y Obras, en el que, en vista de que los trabajos ejecutados hasta la fecha aseguran la estabilidad de la excavación del túnel y atendiendo el Informe de Fiscalización por el que se formula reparo suspensivo, se propone el fin del modificado.
Y, por último, se informa jurídicamente de que la resolución de la directora general se ajusta al ordenamiento jurídico.
El principal objetivo de la Dirección General, explica el Gobierno de Nafarroa, es reanudar la obra lo antes posible mediante una nueva licitación.
Por ello, Obras Públicas trabaja en un documento para la resolución del contrato por desistimiento de ambas partes por la imposibilidad de continuar la obra con el proyecto inicial. Según lo previsto, la próxima semana se dará traslado de la propuesta de resolución a la UTE constructora para dar inicio al trámite de audiencia.
De manera paralela, se están definiendo los trabajos de la finalización de la obra, elaborando un plan de mantenimiento y aseguramiento de las obras ya ejecutadas para evitar riesgos y accidentes.
Y, además, se cuantificará la liquidación económica de las obras, incluyendo las certificaciones pendientes de gastos del proyecto original de julio, agosto y septiembre y los trabajos de finalización de la obra.
Este proceso, en principio, debería poner fin a unas obras que se han convertido en la pesadilla del PSN y cuya investigación no ha terminado aún, pues, aunque la comisión de investigación en el Parlamento finalizó sus trabajos, forman parte de una instrucción contra Santos Cerdán en la Audiencia Nacional.
La Oficina Anticorrupción de Navarra, OANA, declaró en esa comisión que la licitación fue nula de pleno derecho.