Geroa Bai y Contigo-Zurekin han apelado formalmente a una reunión sobre el acuerdo a tres que permite a María Chivite gobernar. El motivo es el informe firmado por el interventor general bloqueando el pago del sobrecoste del túnel.

El Gobierno navarro dio por buenas en julio una serie de modificaciones por imprevistos en la obra por 8,5 millones. Pero el interventor general considera que 6,2 millones, el grueso de la subida, no está justificado y que, en algunos de los aspectos esenciales, Acciona y Osés están mintiendo al Gobierno. 

El informe recuerda que para pagar más por las obras el sobrecoste debe derivarse de imprevistos «aparecidos con posterioridad al comienzo de la ejecución del contrato». 

NAIZ ha tenido acceso al documento de la polémica. En su página dos se detallan 16 elementos que justifican el sobrecoste. En esa tabla, el incremento se cifra en 7.601.779,18 euros, que sumados los impuestos, ascienden a los famosos 8,5 millones. 

Tres de los 16 conceptos que se citan para justificar el sobrecoste no son imprevistos, según Intervención General

Tres de esos 16 conceptos –Polvorín, Excavación de túnel y Sostenimiento de túnel– han sido cuestionados por el interventor y juntos suman 5.299.163 euros (los 6,2 sumadas las tasas). Y según el informe, el Gobierno no puede abonarlos, aunque de inicio hubiera autorizado el pago.

Por motivos de precisión y, para ajustarse al informe, se utilizarán en adelante las cifras que aparecen en el informe, esto es, sin impuestos. 

El polvorín es por cambiar de explosivo

Dice el interventor que el Gobierno no tiene que pagar ningún polvorín (355.718,61 euros), porque, en el proyecto que ganó la adjudicación, Acciona, Osés y Servinabar (empresa después expulsada por la investigación a Santos Cerdán) se comprometieron a hacer las voladuras con un explosivo en gel que, como los componentes no se mezclan hasta el último momento, no se necesita. 

Es más, recuerda el informe que «es de suponer, vista la cuantificación económica de la habilitación de los polvorines, que su oferta económica fue más competitiva por esta razón», poniendo como ejemplo la propuesta económica de Ferrovial.

Minas no pidió cambiar el método de excavación

Las afirmaciones del interventor general sobre la excavación del túnel son todavía más graves. Alega la UTE que, después de aprobarse su proyecto de obra, el proyecto fue revisado por la Sección de Minas, que forzó a que se realizaran algunos cambios. Y que, al ser la revisión posterior al proyecto, se trata de imprevistos. 

El informe sostiene que esto es completamente falso. Asegura que el 17 de noviembre la Sección de Minas no solicitó ninguno de esos cambios. Es más, el técnico de la Sección de Minas informó de que esas variaciones habían sido previstas y plasmadas por la UTE en un informe anterior, elaborado por la asesoría técnica TAT. 

«De la documentación obrante en el expediente se puede deducir que la modificación que se propone de la excavación del túnel responde a cuestiones de conveniencia y oportunidad y, en ningún caso, a circunstancias imprevisibles», señalan. 

Por otra parte, Intervención General señala que, como Minas no pidió cambiar nada, Acciona tiene que realizar la excavación tal y como indicó en su proyecto.

Los cambios en el proyecto técnicamente ganador suponían un ahorro para la empresa de casi cuatro millones, pero nunca fueron exigencia de la Sección de Minas

Cita, en este sentido, que la fórmula que propuso de inicio Acciona en este apartado recibió una puntuación de 18,8 sobre 20. Y que, por contra, el modo en que plantea excavar tras modificar el proyecto es el que planteó la UTE FCC-Amenabar, obteniendo 15,8 sobre 20. 

Más adelante, el interventor recuerda que cambiar el modo de excavación suponía un ahorro de casi cuatro millones de euros para la UTE. 

«Esta modificación puede considerarse que afecta al contenido sustancial del contrato», afirma el documento. Dicho de otro modo, si llega a decir Acciona desde el principio que iba a excavar así, no se lleva el contrato.

Sostenimiento del túnel y precios

Acciona formuló para justificar los sobrecostes unos cambios en las cerchas que iban a emplearse (más caras) y en los grosores del revestimiento de hormigón (mayor anchura y cambios en su composición). Aquí la factura, sin IVA, se elevaba a 3.901.125,65 euros.

Y nuevamente, el problema es que justifica los cambios de materiales y grosores en requerimientos de la Sección de Minas que esta última niega, porque a la Sección de Minas siempre le pareció correcto lo que se planteaba en el proyecto ganador. Esto es, no se trata de imprevistos. 

«La razón del cambio de sostenimiento viene motivada por una cuestión de conveniencia», remacha el interventor. 

Aplicando precios de materiales que Intervención considera «contradictorios», la UTE convertía un eventual ahorro en una factura más alta para el Gobierno 

El informe, además, baja al detalle de los precios que quería poner Acciona tanto a las perchas como al hormigón, señalando que estos son más altos que lo que la ley dicta. De ahí que, si el Gobierno los pagase, como autorizó a pagar, esto pueda suponer «un quebranto económico para la Hacienda Pública».

El interventor señala que aplicando esos nuevos precios del hormigón, cerchas y materiales que aparecen en la justificación del sobrecoste –y a los que se refiere como «contradictorios»– además de ahorrarse esos cuatro millones excavando de forma diferente, la UTE quería cobrar 1.042.319 euros más al Gobierno.

Y ahora qué; las derivadas políticas

El problema que genera esto ha pasado del apartado técnico al político, porque el asunto ya no es que el interventor crea que la UTE trató de hacer pasar como una exigencia de la Sección de Minas unos cambios que le suponían un ahorro de casi cuatro millones y que, alterando los precios de los materiales, cobrar otros 6,2 al Gobierno. Ahora, el problema es que el Gobierno de María Chivite lo autorizó. 

Geroa Bai y Contigo-Zurekin –los dos socios del PSN en el Ejecutivo– han exigido que se asuman responsabilidades políticas. En la primera línea de fuego está el director de Obras Públicas, que es el técnico que dio por buenos los argumentos de la UTE: Pedro Andrés López Vera, de formación arquitecto. 

Por elevación, el otro nombre sería ya el del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, quien salió públicamente a finales de julio pasado a exponer por qué habían decidido que esos sobrecostes planteados por la UTE adjudicataria realmente se debían a imprevistos.