La crisis del derecho internacional es una crisis de la relación entre derecho y poder. No existe una autoridad mundial capaz de hacer cumplir las normas como un Estado aplica su derecho interno. Cuando están en juego los intereses de las grandes potencias, la eficacia del derecho depende de la correlación de fuerzas y de la voluntad política de los Estados. 

¿Es reformable la ONU? Creada en 1945 para preservar la paz y la seguridad internacionales, la ONU atraviesa una crisis de eficacia y legitimidad ante los grandes conflictos contemporáneos. También sufre una crisis financiera que afecta a las operaciones de paz. Los recortes presupuestarios de 2025 redujeron un 15% los presupuestos de las misiones de paz y un 25% su capacidad operativa. En 2026, la falta de liquidez persiste y Estados Unidos ha anunciado su retirada de varias entidades de Naciones Unidas. ¿Puede una organización de 1945 responder a un mundo radicalmente distinto? 

El artículo 108 de la Carta establece que una reforma debe aprobarse por dos tercios de la Asamblea General y ratificarse por dos tercios de los Estados miembros, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. De los 193 Estados de la ONU, se necesitan 129 votos en la Asamblea. Cualquier reforma que altere el poder de los miembros permanentes requiere su consentimiento. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido disponen, además, del veto. Para cambiar el reparto del poder hay que obtener la aprobación de quienes pueden preferir mantenerlo. 

El Grupo de los Cuatro (G4) −Brasil, Alemania, India y Japón− propone ampliar el Consejo de Seguridad de 15 a 25 miembros, con seis puestos permanentes y cuatro no permanentes nuevos. La distribución regional y los derechos de esos miembros siguen siendo motivo de desacuerdo. 

Francia y México impulsan un compromiso voluntario de no vetar medidas ante genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra a gran escala. En septiembre de 2026 la respaldan 128 Estados, pero no elimina el veto jurídicamente. 

¿Y si hubiera que crear una «nueva ONU»? Desmantelar la arquitectura actual y empezar desde cero sería muy difícil y podría generar más inestabilidad. La ONU conserva una característica fundamental: es prácticamente el único espacio universal donde todos los Estados pueden reunirse, incluso cuando lo hacen precisamente para discrepar. En la Asamblea General, sus 193 miembros disponen cada uno de un voto. 

Quizá no se trate de sustituirla, sino de construir otras formas de cooperación a su alrededor. Existe la idea de una «alianza de democracias» o de una arquitectura internacional formada fundamentalmente por Estados democráticos. Su atractivo reside en la posibilidad de reducir el peso de gobiernos autoritarios en determinadas decisiones. Su principal problema es precisamente el contrario: al excluir a una parte del sistema internacional, podría perderse la universalidad que constituye uno de los principales activos de Naciones Unidas. 

Y tampoco resolvería automáticamente el problema del poder. Las democracias también tienen intereses nacionales divergentes y no necesariamente coinciden en cuestiones fundamentales de seguridad, energía, comercio o política exterior. 

El problema de fondo: derecho y poder. No parece realista esperar que las grandes potencias sometan por completo su poder a la regla de la mayoría. Pero tampoco basta con mantener instituciones diseñadas para una correlación de fuerzas que ya no existe. Los Estados actúan también por intereses propios. 

Para imponer decisiones a cualquier Estado, una organización internacional necesitaría una capacidad coercitiva superior a la de los propios Estados. ¿Quién controlaría esa fuerza? Un poder mundial podría reducir la anarquía, pero concentraría una enorme fuerza en una institución que también habría que controlar. 

¿Hay una tercera vía? Puede avanzarse en cooperación sobre clima, salud, comercio, tecnología o seguridad alimentaria. Estas redes no impiden por sí solas una guerra, pero elevan el coste de la confrontación: una especie de «paz por interés». 

También pueden reforzarse los equilibrios regionales. La Unión Europea, la Unión Africana y otras organizaciones pueden complementar a la ONU en seguridad, aunque también podrían reproducir la lógica de bloques. Las democracias tampoco están libres de conflictos ni de competencia estratégica. 

Durante la Guerra Fría, el temor a la destrucción nuclear mutua contribuyó a evitar una confrontación directa entre las grandes potencias. No está claro que baste en un mundo con más actores, inteligencia artificial y guerra cibernética. Cuanto más fragmentado e imprevisible es el sistema, más incentivos pueden tener algunos Estados para buscar garantías propias, incluida la capacidad nuclear. La inseguridad puede alimentar aquello que pretende evitar: la proliferación de instrumentos capaces de provocar una catástrofe global. 

Conclusión. El poder rara vez se cede voluntariamente, y las instituciones internacionales funcionan mejor cuando las grandes potencias consideran que también les interesa que funcionen. Ese es un problema central, pero no implica destruirla para empezar de nuevo. 

La ONU tiene defectos, pero ninguna alternativa reproduce plenamente su universalidad. El debate no es ONU o nueva ONU, sino qué ONU necesitamos. Reformar el Consejo de Seguridad, limitar el veto en determinadas circunstancias, asegurar una financiación estable, mejorar la prevención de conflictos y coordinarse mejor con las organizaciones regionales permitiría adaptar el sistema sin destruir sus bases. 

¿Hasta dónde están dispuestas las grandes potencias a limitar su poder para construir un orden más eficaz? ¿Seguirá siendo el miedo a la autodestrucción el principal freno a una guerra entre grandes potencias, o las nuevas tecnologías y la fragmentación del poder están haciendo cada vez más frágil ese equilibrio?