Compras por internet

Es sabido que el auge del comercio electrónico ha traído parejo el auge también de reclamaciones de las personas consumidoras. Por ello, también se han ido incrementando nuevas medidas de protección con respecto a la existente en los actos de compras presenciales (en tienda). Hoy vamos a destacar, por su importancia, el derecho al desistimiento en la Ley General de Defensa de los Consumidores, recogido en su art. 102, que reconoce al consumidor un plazo de catorce días naturales para desistir del contrato celebrado a distancia sin necesidad de justificación y sin penalización por ello.

Esta exigencia de información, transparencia contractual que la normativa de protección de los consumidores estatal impone a los empresarios en los contratos celebrados a distancia, no parece encajar bien con terceros países (ajenos a la UE), ya que despliegan estrategias de marketing digital destinadas a complicar su normal entendimiento en las personas consumidoras. El asunto se ha venido a complicar aún más a raíz del cambio arancelario de incremento de tres euros en las importaciones, lo que podría afectar a los compradores de productos asiáticos.

El problema está en que hay empresas que generan en sus webs una apariencia de arraigo local en el mercado de destino. La sorpresa viene cuando, al leer el contrato, se encuentra una cláusula en sus condiciones generales que le obliga a asumir los costes de transporte y devolución del producto hacia un almacén ubicado en Hong Kong, por ejemplo. La ley obliga al empresario a facilitar al consumidor, antes de la vinculación contractual y de forma clara y comprensible, información sobre su identidad y dirección física completa, la existencia del derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercerlo.