Cuando se aproximan estas fechas, en repetidas ocasiones he sentido cómo el recuerdo del «cierre» de “Egin” me llegaba tarde; en esta ocasión no ha sido así. No es fácil plasmar el significado social de “Egin”, lo útil que era, y no solo para la masa social de la izquierda abertzale. La sección de Economía fue la «estrella» del diario, tanto que era de obligada consulta en empresas y entidades bancarias.

Antes de citar la «valentía» del exjuez nacido en Torres (Andalucía), quiero recordar el “Egin” Eguna de Altsasu. Bastaba una mirada para valorar el inmenso trabajo realizado en aquella campa. Recuerdo el asombro y la admiración de los invitados de otros países que me acompañaban. En pocas palabras: grande, vitalista y hermoso, realmente hermoso. 

En el «cierre» de “Egin”, del que en este mes de julio se cumplen veintiocho largos años, la actuación policial resultó espectacular, más propia de una película del famoso agente 007. 

Individuos armados y encapuchados, que, a las órdenes de un ser egocéntrico y poco equilibrado, ejecutaron un secuestro de manual. Arruinaron el esfuerzo de un proyecto que surgió de la propia sociedad vasca. Anularon por la fuerza una realidad hermosa, independiente y vitalista. Porque eso era “Egin”, y no otra cosa. 

Quizá pudiera sorprender que, a estas alturas, tengamos que recordar que en un Estado de derecho solo pueden imponerse las penas que la ley prevé, una vez declarada la culpabilidad en un procedimiento con las garantías debidas, y que hay, además, penas que ninguna ley puede establecer. 

Esto lo subrayo porque, aunque en teoría debiera ser de sobra conocido por cualquier estudiante de Derecho, lo cierto es que el sistema político español lo ha ignorado en numerosas ocasiones. 

Ahora, y a pesar de lo que supone, observo la necesidad de subrayar que un principio elemental de la actuación policial y judicial, y del propio derecho penal, es el respeto a la presunción de inocencia, además de la debida proporcionalidad en los métodos empleados para la investigación de los delitos, detención de los acusados y medidas cautelares que eviten posibles fugas o destrucción de pruebas. 

Estos procedimientos fueron exagerados y vejatorios, carentes de la más mínima justificación, máxime tratándose de una empresa y unos trabajadores con un arraigo, tanto personal como profesional, que puede cifrarse en décadas. 

Es descabellado pensar que una acusación como la que se planteó inicialmente por parte de Baltasar Garzón supusiera el más mínimo riesgo de huida. Porque lo previsible era que los imputados se hubieran defendido de la acusación con los medios a su alcance, mientras seguían desarrollando la profesión que constituía su medio de vida. 

Sin embargo, fueron desposeídos de su trabajo, detenidos y encarcelados. También entonces primó el interés político y el «exjuez estrella» hizo una vez más de Sancho al servicio personal del pequeño y malévolo Quijote. 

Si al recuerdo de los hechos que transcurrieron en Hernani hace veintiocho largos años, añadimos las diferentes y contradictorias sentencias que, en el seno de ese «búnker franquista», hemos ido conociendo en el tiempo, llegaremos a la conclusión de que tan inadecuados y desproporcionados métodos tenían por objetivo, no tanto asegurar el resultado de la investigación, como la escenificación de un escarmiento, de la plasmación abusiva del poder, de la manipulación de la democracia para combatir al adversario-enemigo político.

Una materia que, por lo visto en todos estos años, no preocupa en demasía a la clase política española y vasca, lo que ha hecho posible que no se haya sabido establecer un marco jurídico claro y eficaz. 

No seré yo quien niegue que una de las finalidades de la pena es ejemplarizar, como dice un manual de primer año −aunque en mi opinión la justicia no debiera ser ejemplar, sino justa−, pero lo cierto es que en el derecho no existe la pena preventiva de descrédito, ampliada con un despliegue mediático no conocido hasta entonces. 

Han transcurrido los años, uno tras otro, muchos, pero el recuerdo permanece intacto. En mi opinión, la situación generada, los «hechos», se aproximaron mucho más a la liturgia fascista que a un régimen de garantías y derechos que, dicen, emana de la Constitución española. 

Desde la condena sin juicio a la ruina económica y de reputación empresarial y personal, hasta el más salvaje desprestigio profesional y personal, contribuyeron sin duda, no solo los procedimientos inadecuados y ajenos por completo al sistema democrático, sino también el periodismo orgánico, con su repugnante, mediocre y mercenaria mezquindad. 

El «cierre» de “Egin” supuso el arranque de una trama político-jurídica de carácter tenebroso y corte franquista, que llevó a la criminalización e ilegalización penal de numerosos y diversos agentes políticos, sociales y culturales de Euskal Herria y la encarcelación y procesamiento de decenas de personas. 

Esta cascada de despropósitos políticos y aberraciones jurídicas debió haber sido inadmisible para quienes decían pretender regenerar la política española.

Señor Pedro Sánchez, no se puede pretender avanzar en democracia permitiendo cotas de poder impunes, gestionadas por corruptos y mafiosos, escondidos entre sotanas, togas y uniformes. 

A usted le hemos escuchado afirmar que pretende liderar la apertura a la modernidad, al entendimiento y al diálogo. Pero lo cierto es que, de las entrañas de esa vieja y caduca Iberia, continúa brotando la soberbia decadente de la España refugio de conquistadores, militares y fascistas de garrote, y eso no huele a democracia. 

Quien accede a pernoctar en la Moncloa debe asumir que, para gestionar en democracia, es vital defender que la libertad no se impone y que no se alimenta exclusivamente de cifras, sino que lo hace fundamentalmente de derechos. De derechos, señor presidente, porque la libertad de los unos sobre los otros es tiranía, no otra cosa. 

Señor Pedro Sánchez, espero actúe con inteligencia y no se equivoque, pues en su entorno «huele mucho a hoguera». Suerte.