Hablar de la política exterior de Estados Unidos es hablar de una maquinaria de poder que, bajo la máscara de la democracia, ha perfeccionado el arte de la injerencia, la coerción económica y la intervención militar. Es una estructura histórica que convierte la soberanía ajena en moneda de cambio cuando están en juego recursos, energía o hegemonía estratégica.

El patrón se repite: cuando un país desafía la arquitectura económica dominante o busca administrar sus recursos de forma autónoma, se activa el repertorio conocido: sanciones, bloqueos, desestabilización política y amenazas militares.

Este imperialismo contemporáneo no necesita banderas en territorio ocupado. Opera mediante bloqueos financieros, sanciones extraterritoriales y alianzas militares que garantizan acceso privilegiado a recursos estratégicos. Y si esto falla, la opción militar reaparece como último recurso.

Sin embargo, hay casos en que el doble rasero alcanza niveles obscenos: el respaldo incondicional de Washington a Israel frente a la tragedia del pueblo palestino. Mientras se imponen sanciones fulminantes a gobiernos considerados adversarios, el apoyo político, diplomático y militar a Israel se mantiene incluso ante acusaciones de crímenes de guerra y actos calificados por juristas y organizaciones como genocidio. La vida palestina parece valer menos en la balanza geopolítica.

El imperialismo no actúa solo: actúa en red. La complicidad o el silencio de la Unión Europea y la parálisis recurrente de NNUU no son gestos diplomáticos ambiguos: tienen consecuencias directas sobre la vida y la dignidad de millones de personas. Cuando el derecho internacional se aplica de manera selectiva, deja de ser un sistema de garantías y se convierte en un instrumento de poder. Cada vez que la comunidad internacional mira hacia otro lado, reduce el costo político de nuevas violaciones. El silencio no es pasividad; es tolerancia estructural que legitima la violencia.

El imperialismo del siglo XXI combina tres ejes perversos: sancionar, bombardear y luego normalizar. Convertir el desastre en «orden».

Las guerras en Irak, Afganistán o Libia demostraron cómo intervenciones justificadas en nombre de la «seguridad» o la «democracia» dejan sociedades fracturadas durante generaciones. El problema no es solo la invasión directa; es la normalización de la idea de que una superpotencia puede decidir qué gobierno es legítimo, qué economía es aceptable y qué pueblo merece protección.

La intervención militar en Venezuela, incluida la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, abrió una grieta peligrosa en el orden internacional y es un retorno explícito al estilo imperial de intervención unilateral. Lo que subyace a estas acciones no es la defensa de los derechos humanos ni la democracia, como se proclama, sino un interés brutal por controlar recursos estratégicos, especialmente petróleo. El gobierno venezolano les importa un bledo; lo que buscan son los recursos y el beneficio de multinacionales que se enriquecen a costa del sufrimiento de los pueblos. Esta lógica extractivista es la esencia del imperialismo: instrumentaliza cualquier sistema político que obstaculice sus intereses.

Al mismo tiempo, se ha impuesto un bloqueo petrolero contra Cuba y se presiona a otros países para que no suministren crudo a la isla. Limitar el acceso a combustible, restringir transacciones financieras y penalizar a terceros países no es neutro: impacta hospitales, transporte, electricidad y alimentación. Presentar a Cuba como una «amenaza» invierte la realidad y normaliza un castigo colectivo. Esta estrategia no busca solo un cambio de gobierno; pretende enviar un mensaje disciplinario a cualquier proyecto político que se desmarque del orden económico dominante.

Venezuela y, especialmente, Cuba tienen hoy un significado que va más allá de sus fronteras. Representan, con todas sus contradicciones, la persistencia de proyectos que se niegan a aceptar que el mundo ya está decidido. Son referencias políticas y simbólicas para quienes creen que otros horizontes son posibles, para quienes entienden la soberanía como condición de justicia social y no como palabra vacía.

En el caso de Irán, la historia ha seguido un patrón similar: décadas de sanciones económicas, amenazas militares y presión diplomática constante. En la última semana, esta dinámica se ha agravado con los bombardeos de Estados Unidos e Israel, los cuales están dejando centenares de víctimas, hablan ya de 800 muertos, y graves daños en infraestructura civil, incluyendo hospitales y zonas residenciales. Esta escalada no solo profundiza el sufrimiento interno, sino que también incrementa la desestabilización regional, generando un escenario donde la población civil es la principal afectada. Más allá de los discursos oficiales, las consecuencias concretas son muerte, desplazamiento y destrucción.

El discurso oficial habla de «derechos humanos». La práctica revela otra cosa: controlar mercados, acceso a petróleo, posición geoestratégica, expansionismo del sionismo y disciplinamiento de cualquier proyecto político que no se subordine al orden global.

El eje del debate no es simpatizar con un gobierno u otro, sino la autodeterminación. Si un pueblo no puede decidir su destino sin enfrentar asfixia económica, bombardeos o aislamiento internacional, la soberanía es una ficción administrada por los poderosos. Si aceptamos que la ley se aplique según conveniencia geopolítica, no hablamos de un orden basado en normas: hablamos de una jerarquía de poder donde la fuerza define la justicia. Los pueblos −palestino, cubano, venezolano, iraní− no son fichas: son sociedades con derecho pleno a existir, resistir y decidir su propio destino.

El «juego» de mover gobiernos y convertir economías en tableros de negociación tiene consecuencias humanas irreparables. Tolerar que la soberanía sea condicionada por la conveniencia de una superpotencia convierte el derecho internacional en retórica vacía.

Defender la soberanía de Cuba, Venezuela o Irán es reafirmar que la dignidad colectiva y la autonomía política no pueden subordinarse a intereses económicos externos. Lo que está en disputa no es solo la política de un Estado poderoso, sino el tipo de mundo que queremos: uno regido por la hegemonía y el castigo, o uno basado en igualdad soberana y respeto efectivo a la autodeterminación de los pueblos.

Jugar al Monopoly con países −tomar gobiernos, controlar recursos, redefinir fronteras económicas y políticas− no es un juego: es negar derechos y causar muerte. Como sociedad, debemos romper con la narrativa que justifica estas políticas como «intervenciones salvadoras» y defender la autodeterminación de todos los pueblos. Es hora de alzar las banderas de la defensa de los pueblos, de organizarse, de levantar la voz, de denunciar sanciones, bloqueos y agresiones. Es el momento de exigir un mundo donde ningún pueblo sea castigado por decidir su propio destino. La solidaridad internacionalista es una herramienta para enfrentarse al imperialismo y construir un mundo más justo. Los pueblos del mundo merecen vivir libres. Y esa libertad exige nuestra movilización.


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