Comparto el diagnóstico general que realizan Mikel Otero y Ander Goikoetxea sobre el vínculo histórico entre energía fósil, imperialismo y conflicto. También coincido en que una transición energética real debería estar ligada a soberanía, democracia y control comunitario. Precisamente por eso, resulta necesario señalar una contradicción de fondo: lo que hoy se está llamando transición energética en Euskal Herria no responde en absoluto a ese modelo.

En primer lugar, hay un dato incontestable que rara vez se menciona: el consumo eléctrico está bajando. Si el consumo disminuye, ¿para qué seguir imponiendo más y más macroproyectos para generación de energía eléctrica? La respuesta no está en el interés general, sino en la lógica de negocio. No se está planificando para cubrir necesidades locales ni para garantizar soberanía energética, sino para alimentar un sistema de producción sobredimensionado, orientado a la exportación y al beneficio privado. 

No se está trabajando en una energía de kilómetro cero, ni en autoconsumo, ni en redes locales gestionadas por municipios o comunidades. La realidad es justo la contraria, Euskal Herria, y especialmente Araba, está siendo tratada como territorio de sacrificio, saturada de proyectos eólicos y fotovoltaicos que nada tienen que ver con la democratización de la energía, ni con la soberanía que se defiende en el plano teórico. 

El caso de Labraza es paradigmático. Se habla de transición, pero lo que allí se plantea es expropiar a un pueblo para implantar un parque eólico de interés privativo, no de interés general. Mientras los beneficios se concentran en manos privadas, las pérdidas económicas, paisajísticas, patrimoniales y sociales, recaen siempre sobre los pueblos, una causa directa de la despoblación del medio rural. Un modelo capitalista que se repite en proyectos como Ekienea en Armiñon, presentada como la mayor planta fotovoltaica de Euskal Herria, que tampoco responde a las necesidades locales ni a la soberanía energética, sino a una lógica de concentración y negocio. Y mientras la clase política no quiera ver esta realidad, mal vamos. 

Porque no es verdad que estas expropiaciones beneficien al conjunto de la sociedad. Los pueblos y sus habitantes siempre pierden salud y dinero, pierden tierra, pierden valor patrimonial y pierden futuro. Si de verdad se tratara de interés general, la lógica sería otra muy distinta, el Gobierno debería expropiar a las grandes eléctricas.
 
Si la energía es estratégica, si es un pilar de soberanía y democracia, entonces no tiene sentido que esté en manos de corporaciones como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol u otras semejantes. Si el objetivo fuera realmente el interés general, habría que deshacer los pactos energéticos del Gobierno Vasco, expropiar estas compañías estratégicas y poner la energía al servicio de la ciudadanía, no del mercado. 

Lo que hoy se está defendiendo como transición es, en realidad, una reconversión muy escasa del modelo fósil al modelo renovable sin tocar las relaciones de poder. Cambian las fuentes, pero no quién manda ni quién decide. Cambian los discursos, pero no la lógica extractiva sobre el territorio. 

Hablar de energías renovables en los tejados, de autoconsumo y de soberanía energética, mientras se aprueba un proyecto como el parque eólico de Labraza, es como proclamar que Osakidetza debe ser pública y cercana a la ciudadanía, mientras se fomenta la privatización de servicios sanitarios. El discurso defiende el interés general y la participación local, pero las decisiones concentran el control y los beneficios en manos privadas, dejando a quienes habitan el territorio, al igual que los pacientes de la sanidad, pagando el coste de un modelo que no controlan ni deciden. 

De la misma forma, hablar de transición justa, de renovables comunitarias y de participación ciudadana, mientras se impone un proyecto de gran escala en Labraza, es como criticar el imperialismo energético en otros países y reproducirlo en casa. Se denuncia la concentración del poder en manos de unos pocos y, al mismo tiempo, se concentra la energía y se expropia a los pueblos para beneficio ajeno. 

No se puede hablar de soberanía ni de justicia si las reglas se aplican siempre en la misma dirección, hacia arriba, hacia intereses privados. Una verdadera transición energética, como una sanidad pública fuerte, exige que los beneficios se queden donde se generan y las decisiones se tomen escuchando a la ciudadanía. 

Y todo esto no se entiende sin hablar de las puertas giratorias. Consejeros, altos cargos y responsables políticos que acaban sentándose en los consejos de administración de estas empresas energéticas, devolviendo favores y legitimando la venta de nuestro territorio. Esa es una de las principales razones por las que se imponen proyectos rechazados socialmente y se ignoran alternativas verdaderamente públicas y comunitarias. 

Por eso, desde los pueblos y desde el territorio, lo decimos con claridad, vamos a defenderlo como siempre, o con más contundencia si cabe. No contra las renovables, sino contra este modelo capitalista. Porque esto no es soberanía energética. Esto no es transición. Y mientras se siga llamando verde a lo que es, en el fondo, una nueva forma de expolio, la paz, la democracia y la justicia social seguirán siendo solo palabras bonitas en un artículo.