EH Bildu anunció ayer que ha acordado con el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez mantener durante 2026 el llamado escudo social. La prórroga incluirá la prohibición de desahuciar a personas o familias vulnerables sin alternativa habitacional, el mantenimiento de la garantía de suministros básicos (luz, agua y gas) para personas vulnerables y la vigencia del bono social eléctrico. Unas medidas que dan cierta tranquilidad y una protección básica a hogares y familias en situación de vulnerabilidad. Los portavoces de EH Bildu quisieron destacar que este acuerdo es fruto de la presión y el «trabajo discreto y constante» de diversos colectivos sociales.

El acuerdo es, sin duda, un hito importante por varias razones. Por un lado, la dinámica de la economía y la pobreza son contrapuestas. Los datos macroeconómicos son en general positivos: la economía crece, el empleo aumenta, la deuda se reduce y el salario mínimo se ha revalorizado, paliando, en parte, el aumento de los precios. Sin embargo, todavía miles de familias en el Estado y en Hego Euskal Herria se encuentran en una situación de pobreza. Según Eurostat, el 13,6% de la población del Estado, alrededor de 6,7 millones de personas, viven en una situación que califican de pobreza persistente. En la CAV y Nafarroa, el último dato de la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza, indica que en ambos territorios esta tasa ha crecido y se ha situado por encima del 15%. Lo peor es que en todos los casos la tendencia es creciente, lo que significa que la bonanza económica no está llegando a los trabajadores. La principal razón es la precariedad que queda escondida por las cifras macroeconómicas oficiales, de ahí que el escudo social continúe siendo imprescindible.

Por otro lado, el acuerdo se ha logrado en un momento muy complicado para el Ejecutivo español, lo que realza la importancia del pacto alcanzado. Desde luego, sería deseable que estas medidas tuvieran un carácter estructural. De la misma forma que también sería deseable que se abordaran los mecanismos estructurales que generan precariedad y que impiden que los trabajadores se beneficien de la bonanza.