En pie de guerra contra el fracking

Los titulares de todos los medios anunciaban el 29 de marzo pasado: «La comisión de Industria del Congreso, con los votos de la oposición, pide al Gobierno que prohíba el fracking». A la espera de cómo discurra todo –la actividad parlamentaria, el «encaje de bolillos» de los pactos de Gobierno y lo que decida el Tribunal Constitucional sobre las leyes antifracking catalanas y vasca, principalmente–, la noticia ha tenido la virtualidad de devolver a primera plana la amenaza de una técnica extractiva muy contestada en todo el mundo y que nos toca de cerca, además, no solo por la implicación de la empresa pública vasca Hidrocarburos Euskadi. Porque, aunque no es fácil determinar exactamente en qué zonas del Estado se quiere extraer shale gas (gas de esquisto o gas pizarra), gran parte de los muchos permisos de investigación concedidos se concentran en Euskal Herria, Cantabria y Burgos. Tampoco es fácil resumir en qué situación se encuentran estos proyectos: algunos paralizados, de momento, por decisión de los Parlamentos autonómicos; otros suspendidos por su falta de rentabilidad –es el caso de los navarros Pegaso y Quimera, aunque en Nafarroa hay tres permisos más vigentes–, otros recurridos ante el Constitucional, otros solo a la espera de la declaración de Impacto Ambiental... Es, de hecho, una situación de impasse que, en las zonas afectadas, se vive por contra como una amenaza muy real, como lo demuestra el arraigo de movimientos sociales tan activos como Fracking Ez o las Asambleas contra la Fractura Hidráulica de Cantabria y Burgos.

7k ha hecho un recorrido por algunos de los puntos calientes del fracking, con salida en el sur de Araba, en Subilla Gasteiz, y llegada a Las Merindades burgalesas. Y allí, avisamos, han caído hasta ayuntamientos ante el seísmo provocado por la fractura hidráulica.

Pozos de Dallas, 2011. A la pregunta de ¿recuerdan cuándo oyeron hablar por primera vez del fracking?, casi todos los entrevistados responden con la misma imagen: 14 de octubre de 2011, ataviado con un mono y tocado con un casco, el entonces lehendakari del Gobierno de Gasteiz, Patxi López, posa ante un pozo de gas en Dallas (Texas) para anunciar la existencia de una gran reserva de shale gas en el subsuelo de Araba, que se extraerá y explotará mediante fractura hidráulica. Ante la escasez de petróleo, la CAV se convertirá así, dice, en una potencia productora de gas natural en Europa, gracias a los 184,5 BCM (miles de millones de metros cúbicos) de gas no convencional natural que se estima que esconde nuestro subsuelo. López, quien en realidad ha hecho suyo un proyecto heredado de su predecesor, el ejecutivo jeltzale de Ibarretxe, hasta da una fecha: dentro de un año comenzarán a perforarse los primeros dos pozos en la Llanada alavesa. Para ello, Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) se aliará con las extractoras norteamericanas Heyco y Cambria.

Para entonces, esta técnica ya está siendo muy contestada en EEUU. Básicamente, el fracking consiste en extraer bolsas de gas no convencional a través de la fractura de la roca madre. Al contrario que con el gas convencional, acceder al shale gas es bastante más difícil, ya que está atrapado en estratos a mucha profundidad y en burbujas no conectadas entre sí. Para acceder a él, primero se perfora a gran profundidad en vertical, luego varios kilómetros en horizontal y posteriormente se fractura la roca con pequeñas explosiones y una gran inyección de una mezcla compuesta por grandes cantidades de agua, arena y aditivos químicos, lo que libera al gas, que asciende a través del pozo. Cuando se agota la burbuja –suelen tener una vida corta, 6-7 años–, hay que perforar en otro punto. Si se hace una extrapolación de lo que es la productividad media en las cuencas gasíferas norteamericanas, para extraer la cantidad a la que se refería Patxi López, en Euskal Herria hubiera sido necesario construir 2.000 pozos de entre 2 o 3 hectáreas.

Muy agresivo para el entorno, al fracking también se le relaciona con la aparición de movimientos sísmicos, como el registrado hace un mes escaso en Colorado. Prohibido en algunos estados como el francés, tampoco parece ser tan rentable como se nos vendía y, de hecho, se habla ya de la «burbuja del fracking» comparándola con la burbuja inmobiliaria: es, se le acusa, una práctica que solo beneficia a las empresas perforadoras.

Subilla Gasteiz y su agua, 2016. «A mí me preguntaron: ¿qué van a hacer en tu pueblo? Yo no sabía nada y me alarmé de tal manera que llamé al alcalde de entonces. Ahí empezó todo. No daban muchas explicaciones, las noticias eran contradictorias y había mucho oscurantismo, pero gracias a la plataforma Fracking Ez conseguimos enterarnos de muchas más cosas que si hubiéramos ido nosotros solos por nuestra cuenta», recuerda Edurne Díaz de Monasterioguren quien, junto a su hermana Ana y a Rafa Fernández Aberasturi, otro vecino de Subilla Gasteiz, nos acompañan hasta el pozo Enara 1. No es que el lugar sea gran cosa; rodeado con una valla, otro espacio también vallado en su interior alberga lo que iba a ser la primera prospección de fracking de Euskal Herria. Un cartel de Gasbide Euskadiko Gas es lo único identificable, junto el invariable «Prohibido pasar», pero ya ni saltan las alarmas como antes, cuando algún corzo tocaba la alambrada electrificada. Al otro lado del camino está el campo verde donde estaba previsto el segundo pozo, Enara 2. Ambos terrenos son comunales; el 2, calificado como terreno agrícola, iba a ocasionar presumiblemente menos problemas a la hora de conseguir la declaración de impacto ambiental que el 1, que es terreno forestal.

Paso natural a la capital alavesa, esta aldea perteneciente a Gasteiz y con poco más de treinta habitantes empadronados, es un pueblo que, desde pocos metros antes de acceder a él, hace gala de su seña de identidad: un cartel de “Fracking Ez” nos invita a un pequeño núcleo presidido por la casa-palacio de Simón Anda, el palacete barroco de quien fuera su vecino más ilustre, quien llegó a gobernador de Filipinas en el siglo XVIII. Situada a unos 50 km de la clausurada central nuclear de Garoña –aunque ahora se baraja su reapertura–, entre el tráfico incesante de la Autovía del Norte y la tranquilidad del Camino de Santiago, más arriba, dominándolo todo, se alza la nueva cárcel de Zaballa.

Subilla Gasteiz será pequeña, pero tiene un tesoro: su acuífero, la mayor reserva de agua subterránea de la CAV y un mar bajo tierra que sirve de reserva en épocas de sequía para la capital alavesa, cuando se agota el pantano de Uribarri Ganboa. Porque el fracking necesita agua, y mucha. Del pozo del Enara 1 se preveía un consumo de unos 35.000 metros cúbicos. Las hermanas Díaz de Monasterioguren y Rafael Fernández Aberasturi reconocen que es precisamente el agua su principal motivo de alarma y una de las razones sustanciales de su rechazo al fracking. «Recuerdo una reunión entre los pueblos de la zona, en la que un señor mayor se hacía cruces: ‘¡Esto no puede ser, si se contamina el agua!’, decía. Habían tirado colorante en el agua de los acuíferos de la zona y comprobaron que, siendo tan dispares, todos están comunicados», explica Edurne. «Van a meter mucha mierda en el agua y la tierra, por lo que, aunque la cultives, esa tierra ya no servirá de nada porque queda contaminada», agrega Fernández Aberasturi. «Dudo de que, cuando saquen el gas que les interesa, vayan a descontaminar los campos», añade Ana Díaz de Monasterioguren. Saber que el Parlamento lo ha paralizado les tranquiliza, aunque los tres lo tienen claro: «No queremos el fracking aquí, ni en ningún otro lado».

A José Ugarte, el alcalde de Subilla Gasteiz, todo le parece «una tomadura de pelo». No se fía del rumbo político de los acontecimientos –«luego vendrán de Madrid con el decretazo; toman a la opinión pública por nenes pequeños»– y se queja de que «en Araba sí existe conciencia, pero me da pena que en Bizkaia no se den cuenta de cuando venga una sequía y tengan que llevarse este agua... Nuestra actitud en contra no es solo por el interés del pueblo, no es que digamos que ‘yo no lo quiero para mí y lo quiero para los demás’. Es debido a la contaminación que produce: aunque dicen que es seguro, si cruzas la barrera del acuífero lo podrás contaminar».

Entre legisladores y jueces. En este mismo terreno que ocupa el pozo Enara 1 se desarrolló en julio del pasado año la Frankanpada, una acampada internacional que, de alguna manera, sirvió para celebrar la aprobación, un mes antes por el pleno de la Cámara de Gasteiz, de la ley restrictiva del fracking. Un decreto promovido por una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 103.000 firmas y que contó con el apoyo de EH Bildu, PSE, PP… y la abstención del PNV. La votación plasmaba la nueva situación ante esta polémica técnica: con un PSOE que ha variado radicalmente de postura –se hizo hasta casi acto de contrición pública y desde hace unos años, tanto a nivel estatal como en la CAV, los socialistas están en contra de este técnica–; un PP que, por contra, en el resto del Estado, apoya el fracking, y un PNV con una postura ambivalente. Lo que se aprobó en el Parlamento no fue la prohibición, sino una serie de trabas y requisitos que impedirán el uso de esa técnica, ya que se prohíbe, por ejemplo, en las zonas de vulnerabilidad de los acuíferos y en suelo no urbanizable.

Pese a todo, la ley es susceptible de ser suspendida por el Tribunal Constitucional, como ha sucedido con las leyes antifracking catalanas y cántabra. ¿Entonces, cómo acabar con el fracking? Con una decisión política del Gobierno central. «Mientras los permisos estén vigentes, el riesgo sigue ahí y puede suceder que en un momento dado ya no podamos echarlos atrás, por las indemnizaciones que se tendrían que pagar», explica Mikel Otero, portavoz de Fracking Ez. Unos permisos que suelen ser de seis años ampliables: por ejemplo, el permiso Enara, una década después, sigue vigente. Por cierto, queda la posibilidad de que, en caso de prohibición, las petroleras recurran a los tribunales, como sucedió con el caso francés. Sin embargo, la Justicia terminó dando la razón a la Asamblea Nacional.

«Tenemos que dar las gracias al fracking, porque nos lo ha puesto muy fácil a los movimientos populares –ironiza Otero–. Ha sido tal el destrozo que ha causado en los lugares donde se ha practicado que, con enseñar algunas fotos y dar unas explicaciones básicas, la gente se ha preocupado, porque es como para preocuparse. Para nosotros es algo positivo lo rápido y bien que ha estado el movimiento social con la información, que ha sido rigurosa, ofreciendo todos los datos y sin caer en alarmismos».

Santa Cruz de Andino. «El 14 de mayo de 2014 recibí una carta sellada por un abogado de Medina de Pomar, en la que me decía que estaban interesados en esta finca y que me pondría en contacto con ellos, que estaban interesados en comprarla y que, de no llegar a un acuerdo, podrían abrirme un expediente de expropiación forzosa. En ningún momento me dijeron quién era su cliente y las veces que preguntaba me daban largas. En el último momento me dijeron que era BNK Petroleum». Quien habla es Janet Ortiz, una ganadera que fue pionera al dar la voz de alarma sobre los proyectos de fractura hidráulica en Burgos. Janet tiene una finca dedicada a la explotación cárnica en Santa Cruz de Andino, una pequeña aldea perteneciente a Villarcayo, la capital de Las Merindades.

Esta comarca, situada en el norte de Burgos, engloba a 27 municipios. Situada a escasos 50 kilómetros de Bilbo, tiene históricamente una gran relación con Bizkaia: por una concesión heredada en el franquismo, Bilbo se abastece del embalse de Ordunte; muchos de sus vecinos emigraron en su día a tierras vizcainas... y las patatas fritas Los Leones, aperitivo oficial del Athletic, son made in Villarcayo. En esta preciosa y montañosa zona, regada por ríos como el Nela, Trueba, Cadagua y sobre todo el Ebro, que recorre toda la comarca, se vive de la actividad agrícola y del turismo. Allí están previstos una docena de sondeos, de los cuales la punta de lanza son los de BNK España, la división estatal de la petrolera norteamericana BNK Petroleum, una de las empresas componentes del lobby Shale Gas España. Son los denominados Urraca 1 (Villarcayo), Urraca 2 (Medina de Pomar) y Urraca 3 (Merindad de Cuesta Urria). Fecha de inicio: 2016. Actualmente, a la espera de que se decida sobre las alegaciones previas a la declaración de Impacto Medioambiental.

¿Quién comprará la carne? «Estaban interesados en esta finca, que son 3 hectáreas y media, y por la que querían llegar a pagarme, como mucho, entre 4.500 y 6.000 euros por hectárea –continúa Ortiz–. Cuando la compré hace trece años, pagué cerca de 11.000 la hectárea. Hoy en día está entre 14.000 y 15.000 euros. Como les dije: ‘Ustedes no me quieren comprar, me quieren robar’. Me dieron quince días para pensármelo». Ortiz no se lo pensó: comenzó a indagar y denunció el caso públicamente. Resulta que este terreno de pasto tiene algo muy valioso para el fracking: «Aquí el agua brota de forma natural, porque debajo hay un gran acuífero. Al Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) le costó dos años legalizar mi petición para que me concedieran agua potable para los animales. Es decir, que los que van a perforar reciben todos los parabienes y a los que necesitan el agua como medio de vida no les dan los permisos». Ante la combativa negativa de la ganadera, BNK compró el terreno contiguo. «¿Que qué supondría que hicieran el pozo? El final de mi actividad. Nadie iba a comprar mi carne sabiendo lo que tenemos debajo. El fracking traería la ruina a toda la comarca», añade Ortiz.

Otro tanto se teme Olatz Mero, una «jarrillera a tope» propietaria del hotel rural Santa Cruz, situado a muy poca distancia de la finca de Janet Ortiz. «La situación de Villarcayo es una gozada, porque estamos a una hora de Bilbo, otra de Santander, luego es un paso muy importante para Burgos, Madrid... A mí me viene gente de Valencia, Sevilla, Málaga...», explica. La puerta principal de su hotel, que domina esta zona, tendría también una «visión privilegiada» de un paisaje marcado por los pozos de fracking. «Sería una faena impresionante. Porque lo que tenemos en Las Merindades es la naturaleza y, sobre todo el agua. A mí me supondría vender a todo correr e irme de aquí. Aparte de lo económico, cuando la cuestión afecta a la salud, entonces resulta todavía más terrible», añade.

Villarcayo, el revés del PP. “Fracking ni aquí, ni en las Merindades” reza el cartel colocado en el balcón principal del Ayuntamiento de Villarcayo. En las últimas elecciones municipales, tanto aquí como en la cercana Medina de Pomar, su postura ante la técnica de la fractura hidraúlica le salió muy cara al PP, que perdió ambas alcaldías por su actitud ambivalente en el pueblo y su decidido apoyo en instituciones superiores. En Villarcayo, desde las municipales gobiernan en coalición Ciudadanos –que ostenta la alcaldía– e Iniciativa Merindades de Castilla (IMC). José Casado es concejal de IMC y vicealcalde de la localidad, así como un activo militante antifracking. Casado se muestra muy satisfecho por los últimos acontecimientos –la reciente declaración del Congreso pidiendo al Gobierno que declare prohibido el fracking–, pero prudente a la vez porque, dice, «desconozco cómo se gestiona eso. Si esto es definitivo, si es una declaración de intenciones y si va a tener un recorrido para que definitivamente se acabe con esta barbaridad, como han hecho Francia, Holanda o el Reino Unido».

Como apunta, «lo importante es que hay que legislar para que no regresen». En este sentido, desde la corporación se están tomando iniciativas como, por ejemplo, la aprobación de una ordenación que obstaculiza el paso de vehículos de más de 3.500 kilos de peso –esta técnica conlleva mucho tráfico pesado–. El Ayuntamiento es, de facto, la primera instancia que puede o no dar licencias. «Esta es una comarca con un excedente energético importante, que produce energía eólica a espuertas y con una central nuclear, aunque está parada. Yo suelo decir que nosotros exportamos muchas cosas buenas y recibimos este tipo de ‘regalos’ a cambio. A ver si empiezan a traernos cosas ‘malas’ como las que hay en las ciudades, como son los hospitales», ironiza.

En su día, José Casado resumió en un poema sus sentimientos hacia el fracking: «Duele la tierra/ duele como muere/ duele como la entierran/ duele como la rompen/ con soterrada fuerza./ Duele que la humillen/ de torticera manera/ duele que la revienten/ la expriman y quiebren/ que veneno la inyecten/ que veneno se vuelva./ Duele que por 4 perras/ toda ella se venda/ duele que hijos suyos/ mercadeen así con ella./ Duele que descastados hipócritas/ jueguen así con todos/ para obtener sus prebendas./ Yo aquí no quiero fracking/ porque Las Merindades quiero/ que ni duelan ni se mueran».

Medina de Pomar, todos contra el fracking. A unos 7 km se encuentra Medina de Pomar, un antiguo y animado municipio. Si de Villarcayo son famosos sus chorizos y morcillas, Medina presume de su «lechuga de Medina», una delicatessem vegetal que tiene marca de garantía. A unos pocos kilómetros está Moneo, un minúsculo pueblo dominado por la escarpada sierra de Tesla, a cuyos pies se abrirían los dos pozos de Urraca 2. El pueblo tiene una historia «peleona»: se levantó hace dos décadas contra un proyecto de cementerio nuclear, hace seis contra la instalación de una planta de reciclaje de neumáticos y plásticos de vehículos –era una planta de obtención de hidrocarburo líquido, con destino a Petronor, de Muskiz; los vecinos la rechazaban por contaminante– y ahora, contra el fracking.

«A este valle no lo quieren nada más que para lo malo», dice Pedro Ruiz Bravo, un productor y comercializador de productos agrícolas, quien también distribuye en Euskal Herria. No ha sido nada difícil, al contrario, testar la opinión de los vecinos del valle, no en vano más de 150 colectivos sociales de la comarca han mostrado su rechazo a esta técnica. Aquí la mayoría están en contra de la fractura hidráulica y lo han demostrado en las movilizaciones que han protagonizado. «A la fuerza ahorcan, porque si nos quedásemos muertos ya habrían pasado por encima nuestro», sentencia Pedro. «¿Sabes qué pasa? –añade Rodrigo Rueda, un hostelero que acude en representación de AME hostelería, la asociación empresarial del municipio– que estamos en un sitio muy malo, porque esto es Castilla y León, pero nadie se acuerda de nosotros. Estamos tan al norte, tan cerca del País Vasco que preguntas a la gente de Burgos capital y no saben dónde esta Medina de Pomar, y eso que es la cuarta población de la provincia. Nos tienen olvidados en carreteras, en todo. En el País Vasco prohibieron pronto el fracking, porque estaba el Gobierno Vasco metido de por medio, pero eso nos salpicó más aún, porque tiraron más hacia aquí. Cuando se desactivaba en el País Vasco, se reactivaba aquí».

Doce pozos en Burgos, que se dicen pronto, entre los de Las Merindades y Sedano. ¿Qué supondrían? «En hostelería, afectaría al turismo, que supone el 50% de los ingresos; de 5.800 habitantes en invierno, llegamos a los 30.000 en verano. Aquí viene gente de todo el País Vasco. Es el segundo Barakaldo, porque los fines de semana sube muchísima gente de Bilbao. Vivimos del comercio y turismo, nuestra mayor fuente de ingresos junto a la agricultura», explica Rodrigo. «Al final es una cadena», añade Vanessa Bueno, la gerente de la asociación empresarial, porque «si la gente deja de venir, cae el turismo y cae la hostelería. Y en agricultura afecta y mucho, y lo primero es que te quitan la marca de garantía».

Al igual que en Villarcayo, la posición mantenida a favor o en contra del fracking ha resultado decisiva en los resultados de las elecciones municipales. Al PP, en Medina de Pomar, le costó la alcaldía, al ser desbancada por la coalición formada por PSOE y Somos Medina. «Este es el primer ayuntamiento de izquierdas desde la República. Desde siempre había sido de derechas», apunta Yolanda Ratón, vecina de Moneo y concejala de Comercio en Medina de Pomar por el PSOE, además de activista contra el fracking.

«El fracking ha tenido que ver mucho con esto; eso lo tenemos muy claro todos, porque el PP ha estado jugando a dos bandas en la Diputación de Burgos y en las Cortes, y la gente ya no se fía». Al igual que en Villarcayo, desde el consistorio se están articulando medidas para dificultar la apertura de los pozos. Ahora en todos los municipios andan con las alegaciones al Plan Director de Industria de Castilla León, que incluye dos artículos en los que se habla de dar facilidades a la explotación y exploración de gas no convencional. «La consejera dijo en la junta que no sabía nada –exclama Yolanda Ratón–. No sé si es ignorancia o se piensan que somos tontos».