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CONSUMO

La letra de los contratos


Desde que por ley se estableció el tamaño de letra que se debía utilizar en los contratos entre empresas y personas consumidoras, se solucionó el problema de leer con lupa los mismos. Pero “hecha la ley hecha la trampa”, y ahora lo que prima es incluir conceptos ambiguos en las clausulas generales. Así pues, aunque la letra sea legible, su significado es incomprensible.

Pasa en la mayoría de contratos: bancarios, de seguros, de garantías, de telefonía... Mucho texto redundante, demasiado técnico para el lector medio, pero en algún lugar del escrito se cuelan términos “trampa” en medio de frases legales. Tomaremos como ejemplo los de telefonía móvil, sector que se las trae en reclamaciones de los usuarios. Esto ocurre con las ofertas tan en boga como son las de “tarifas ilimitadas”.

¿Sin límite? La mayoría de las operadoras en los contratos incluyen el concepto “uso razonable” y una se pregunta, ¿quién decide qué es uso razonable? Luego, el asunto cae por su peso porque, si hay un límite razonable, no son ilimitadas y, si quien decide solo es la empresa, es una clausula abusiva, amen de la publicidad engañosa que utilizan de por medio. Así pasa lo que pasa, un trasiego continuo de bajas y de altas en los contratos, pues, dependiendo de la publicidad televisiva que más nos atraiga, perdemos la fidelidad a la que nos ligó en su momento.

Para ser justos, las culpas van repartidas, ya que leemos poco de los contratos y la otra parte lo sabe y abusa. Nos pasaba con las ofertas de “móviles gratis”, que sí pero menos, pues había obligación de permanencia o penalizaciones. Ahora lo de “tarifas ilimitadas” –bien pensado, nada en este mundo es eterno–, luego toca ver dónde está el truco. De nada valen leyes ni sanciones (por cierto, poquísimas), pues las operadoras no superan la prueba de lo que se denomina “un control de transparencia” en los contratos para que sean válidos, como lo recuerdan el Tribunal Supremo y los jueces. Y, repartiendo culpas, la tercera y fundamental es la de las administraciones públicas que, teniendo competencias, practican el laissez- faire, laissez-passer, o sea, que cada quien se las componga.