Demanda y espera crecen por encima de un parque de vivienda social escaso

Ipar Euskal Herria dispone de 18.500 viviendad de acceso social o HLM, un parque netamente insuficiente cuando ya en la lista de espera figuran 11.600 hogares. Es solo una de las conclusiones del informe de la Mancomunidad Vasca sobre la precariedad habitacional.

El Observatorio de la Precariedad, creado en 2020 por la Mancomunidad Vasca, ha presentado su primer diagnóstico. Apoyado en el conocimiento de los organismos que trabajan día a día con personas en situación de fragilidad social, el trabajo da la medida de un reto mayor como es el de hacer frente a una crisis, la habitacional, que presenta muy diversas facetas.

«Es esencial conocer mejor las situaciones de precariedad para tratar de combatirlas mejor y al tiempo arrojar luz en el debate público», considera Jean-René Etchegaray en el escrito de presentación de esa primera publicación, disponible en la página web de la institución vasca.

La idea es que cada año se renueve la misión de ese observatorio, a fin de evaluar los distintos vectores de la precariedad social en un territorio en el que un 11,9% de los hogares –esto es, unas 17.400 unidades familiares– vive bajo el umbral de la pobreza, según las cifras que expone el propio presidente de la Mancomunidad Vasca.

En la escala de la precariedad la dificultad de acceder a una vivienda digna o incluso a un alojamiento provisional para dejar atrás las situaciones más extremas se sitúa en posiciones de cabeza, máxime cuando en Ipar Euskal Euskal Herria la tensión inmobiliaria ha pasado de ser un problema de la costa a extenderse al conjunto del territorio.

250 personas en la calle

La primera cifra, que emana de la plataforma de orientación a los sectores precarios para la búsqueda de vivienda, deja constancia de que en 2020 un total de 1.361 personas precisaban de una solución habitacional. Un tercio de esas demandas correspondían a familias con hijos-as a su cargo.

Las cifras, esta vez basadas en la labor de la asociación Atherbea, reflejan además que 250 personas vivían en la calle solo «en la costa vasca», lo que pone en evidencia lo limitado de los dispositivos existentes toda vez que las personas que soportan la precariedad habitacional más extrema deben esperar durante semanas cuando no meses para obtener una plaza en un centro de acogida y reinserción social.

La precariedad habitacional afecta a personas con realidades diversas y que precisan, por tanto, de respuestas adaptadas. De hecho, bajo un mismo epígrafe se sitúa ya a personas que viven en la calle, y que las más de las veces arrastran cuadros socio-sanitarios complejos, y a ciudadanos que o bien no disponen de una vivienda en condiciones básicas de salubridad o bien atraviesan una situación de temporalidad habitacional o directamente están en riesgo de ser expulsadas en cualquier momento de la casa en la que mal que bien habitan.

Ello sin contar a las personas demandantes de asilo, cuya problemática no se aborda expresamente en el informe, pero para quienes la crisis de alojamiento se suma a la dificultad de la acogida. De hecho, frente a las 96 plazas existentes en el Centro de Acogida de Demandantes de Asilo (CADA) de Baiona, son 130-150 las personas a las que se alberga cada año para estancias medias de hasta 14 meses, dada la imposibilidad de encontrar viviendas alternativas por los altos precios de los alquileres en la capital labortana.

El caso de Sandrine

El acceso a viviendas sociales o HLM se ha convertido en otro calvario del que da testimonio Sandrine. Esta mujer que llegó en 2017 a Euskal Herria hizo su demanda de vivienda social pero no logró acceder a una casa de una sola habitación en Angelu hasta tres años después. Entre medio pasó por situaciones de enorme fragilidad, ligadas a la dificultad de mantener un empleo estable por motivos de edad y más tarde el final de la prestación del desempleo, circunstancias que le abocaron a perder la vivienda compartida en que vivía y a figurar como «domiciliada» en el Centro de Acción de Baiona por no contar ya con una dirección propia.

Su historia se incluye en el informe como ejemplo de hasta qué punto la crisis habitacional puede hacer bascular la vida de ciudadanos a los que, a priori, no se identifica con los perfiles de personas que sufren condiciones de pobreza.

Con dirección pero sin hogar

El de Sandrine no es un caso excepcional. A finales de 2020 hasta 1.018 personas figuraban en Ipar Euskal Herria como «domiciliadas» en un Centro de Acción Social, a fin de poder recibir allí su correo a falta de contar con un lugar de residencia habitual.

Pantxika Ibarboure, directora general de Atherbea distingue entre dos entradas diferentes en los servicios de urgencia habitacional. A través del 115 llegan una parte de las personas en situación de precariedad máxima, por lo general hombres solos y sin hogar. Vía Servicio Integral de Acogida y Orientación (SIAO) entran personas que precisan de ayuda no ya para resolver una acogida con urgencia sino para hacer la transición hacia una solución habitacional estable.

En este segundo grupo aparecen, cada vez con más frecuencia, «mujeres que han sufrido violencia, pero también personas en riesgo de perder su vivienda, o que tienen problemas de salud, y se constata también un aumento de jóvenes y, a imagen de la sociedad, incluso de personas de edad avanzada», explica Ibarboure en ese primer informe del Observatorio.

Por lo que se refiere a las personas sin hogar, Atherbea trabajó en 2020 en el sector de Biarritz-Baiona-Angelu al lado de 199 personas. La misión de observación que se estableció en Hendaia durante tres meses, a raíz de «episodios de crispación entre residentes y personas en situación de marginalidad», permitió a Atherbea acercarse a otros 50 sin hogar. Este año la asociación ha podido dotarse, con ayuda estatal, de un equipo móvil y quince plazas suplementarias de albergue de urgencia en la localidad del Bidasoa.

Mientras, por los cuatro puntos de acogida de día o PAJ existentes en las localidades de Hendaia, Baiona, Biarritz y Donibane Lohizune pasaron en 2019 un total de 45.000 personas para tomar una bebida caliente, asearse, descansar un rato o lavar la ropa. Unos gestos cotidianos que forman parte de la rutina de cualquiera que disponga de un techo, pero que se convierten en un lujo cuando no se dispone una casa o el lugar en que se habita no reúne los requisitos más esenciales.

De migrantes a trabajadoras precarias, el público que acude a los PAJ va cambiando en función de las evoluciones económicas, de los accidentes vitales o de los controles en la muga.

La oferta de albergue o vivienda temporal en Ipar Euskal Herria confirma el informe del Observatorio de la Precariedad, existe pero está excesivamente concentrada en la zona del BAB –Biarritz, Angelu, Baiona– y, en todo caso, las soluciones que están ya en marcha «son netamente insuficientes para responder a todas las demandas».

El informe del Observatorio de la Precariedad constata que los plazos incluso para obtener una plaza de albergue de urgencia se dilatan de 8 a 10 semanas y de 6 a 12 meses cuando se trata de encontrar plaza en un servicio de albergue colectivo.

Demora superior a la media

Ipar Euskal Herria cuenta con 18.500 viviendas de acceso social o HLM, y en el caso de Baiona solo su residencia Breuer, con sus llamativas siete torres, alberga 1.100 viviendas.

Sin embargo hoy hay 11.600 hogares modestos que esperan acceder a una vivienda HLM, aunque 3.000 de ellos están viviendo ya, aclara el informe, en un alojamiento social que, por diversos motivos, no se adapta a sus necesidades actuales.

La tensión inmobiliaria en Ipar Euskal Herria lleva a descartar otras alternativas y a permanecer a la espera de esa vivienda necesaria durante un periodo medio de 21 meses, netamente superior a los 14 meses de espera media a escala hexagonal.

Dar respuesta a esa situación candente es uno de los retos del Programa Local de Vivienda de que se ha dotado a seis años vista la Mancomunidad Vasca.

Etxebizitza Foroa eginen dute ekainaren 4an Hiriburun

2021ko azaroaren 20an etxebizitza eskubidea aldarrikatzeko manifestazio handia iragan zen Baionan. 30 eragile sozial, sindikal eta politiko baino gehiagoren babesa lortu zuen deialdiak. Geroztik, Se loger au Pays-Herrian Bizi koordinakundea plataforma gisa egituratzeko lanean aritu da.

Taldearen «sortze ofiziala» heldu den ekainaren 4an Hiriburun antolaturiko Biltzar Nagusian helduko da. La Perle gelan goizeko 9.30ean eman dute hitzordua. Goiza plataformaren sortzeari eta «ibilbide-orria eta gobernantza eredua» zehazteari eskainiko diete, eta arratsalderako etxebizitzaren krisiari buruzko tailerrak eta foroa antolatzeko hautua egin dute. Hala, 14.30ean bi tailer izanen dira; lehenengoa, bigarren etxebizitzei buruzkoa, eta bestea, etxebizitza sozialen gaia jorratuko duena.

Horren ondotik, mintzaldi publikoa iraganen da, 18.00etan. Parte hartzaileak ondorengoak izanen dira: Emmanuelle Cosse frantziar etxebizitza ministro ohi eta Etxebizitzaren aldeko Batasun Sozialeko presidentea; Rene Dutrey pertsona xume eta behartsuen Etxebizitzarako Goi Batzordeko idazkari nagusia; Joseba Otondo Baztango auzapeza; eta Stephane Pfeiferr etxebizitza alorreko ardura duen Bordeleko auzapezordea izanen dira. GARA