El Ayuntamiento de Iruñea va a obligar a todos los policías municipales que trabajarán en sanfermines en el turno de mañana a acudir a cursos de antidisturbios antes de las fiestas. La Policía Municipal ya ha protagonizado cargas en sanfermines, fundamentalmente durante el chupinazo, pero esta es la primera vez que se organizan este tipo de cursos en las semanas previas al 6 de julio.

La noticia, de la que GARA tuvo ayer conocimiento, supone un paso adelante en la consolidación del cuerpo de Policía Municipal como elemento represivo. Fuentes cercanas a la comisaría de Monasterio de Irache subrayan que las competencias de orden público no corresponden a Policía Municipal. De hecho, las últimas cargas durante las fiestas de Iruñea y, en particular, los incidentes en los Encierros de la Villavesa, habían sido llevados a cabo por la Policía española.

Aún se desconoce cuándo tendrá lugar el adiestramiento en «uso de material antidisturbios» para los agentes. Hasta ahora, Policía Municipal no emplea las pelotas de goma o botes de humo. No obstante, sí que se les ha visto usar sprays de pimienta (durante el encierro de la Villavesa de 2012), porras extensibles (chupinazo de 2010) e incluso armas de paintball (desalojo de Marqués de Rozalejos), así como escudos para formar barreras ante protestas.

La actuación más polémica de Policía Municipal en Sanfermines ocurrió en 2010, cuando cargaron con violencia contra unos jóvenes que intentaban introducir una ikurriña de grandes dimensiones en la Plaza del Ayuntamiento. Durante el incidente, alguien lanzó una botella de vidrio que impactó contra una persona ajena al suceso y que sufrió secuelas de por vida. La sentencia acabó por reconocer la responsabilidad civil del Ayuntamiento.

La noticia de los nuevos cursos forzosos para agentes llega en un momento muy complejo para el cuerpo que dirige Simón Santamaría. Actualmente, el jefe de la Policía Municipal se ve inmerso en un doble escándalo por violación de derechos laborales y su presunta intervención para evitar que el exedil de Seguridad Ciudadana, Ignacio Polo, fuera llevado a juicio por un delito contra la seguridad vial.

La última noticia en esos procesos es la ampliación de la denuncia interpuesta por los sindicatos por encubrir el presunto delito cometido por el exconcejal. En concreto, los tres sindicatos con representación en este cuerpo informan a la juez de que poseen una grabación de ese día en la que un mando confiesa que tiene órdenes de no imputar a Polo por un delito «dé lo que dé» en el etilómetro. El concejal hizo tres pruebas, superando en todas los 0,6 mg. Pese a que la directriz es procesar por un delito cuando la etilometría supera el 0,4 mg, el caso del concejal fue una excepción y acabó una multa. Habrá nuevos interrogatorios en breve.