Un informe encargado por Lakua propone crear un código de conducta para empresas de armas

El Instituto de Gobernanza Democrática, Globernance, y el Gobierno de Lakua han presentado este miércoles un informe sobre el comercio y exportación de armas en la CAV y el papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia y el control de las exportaciones.

Según han explicado, el documento responde a un encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación al Instituto de Globernance y ha sido presentado por la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando; el director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Paul Ortega; y los autores del trabajo, Juanjo Álvarez, José Luiís Iriarte, Cayetana Santaolalla y Unai Belintxon.

Entre otras cuestiones, el informe analiza el ámbito jurídico y competencial del comercio de armas y los puertos de interés general como premisa necesaria para determinar el papel y la competencia autonómica en esta materia dentro de la Unión Europea. En segundo lugar, estudia el marco jurídico regulatorio que se aplica al comercio de armas, su exportación y medidas de transparencia y control para la no vulneración de los derechos humanos y el derecho humanitario; a la exportación de armas a los países que son objeto de sanciones de Naciones Unidas o de la UE; y al establecimiento de mecanismos de control por parte de las instituciones vascas.

Álvarez ha explicado que existen cuatro bloques normativos: El Estatuto de Autonomía, la Constitución Europea, los reglamentos europeos y los convenios internacionales de la ONU, y tal y como ha señalado los han estudiado para ver «si hay algo donde puedan intervenir las instituciones vascas».

En este sentido, Iriarte ha explicado que el Estado, tal y como se recoge en el artículo 149 de la Constitución, tiene la competencia exclusiva en cuanto al régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. Asimismo, el Estado tiene también la competencia exclusiva en materia de marina mercante y puertos de interés general, como los de Bilbo y Pasaia. Por lo tanto, Iriarte ha asegurado que las instituciones vascas no tienen competencias en este ámbito.

Con respecto a la UE, tras recordar que, en este momento, «tiene sancionados a 35 países, así como a personas de todo el mundo relacionados con el terrorismo, el desarrollo de armas químicas y el ciberterrorismo», José Luis Iriarte ha explicado que las sanciones son «muy variadas» pero, «casi siempre, la sanción que se impone es la prohibición de exportar armas al país sancionado y se limita mucho también la exportación de mercancías y de servicios de doble uso».

Código de conducta

Pese a no haber recogido información de todas las empresas del sector, el documento constata el escaso número de empresas vascas que disponen de un Código Ético o de Conducta abierto y público referido a materias como la protección de los derechos humanos. Asimismo, Santaolalla ha remarcado que muchos de esos códigos de conducta son «ambiguos y generalistas».

Por ello, el documento propone el diseño y creación por parte de las instituciones de un Código de Conducta y de Transparencia sobre las buenas prácticas comerciales, «que se aplicaría en las empresas vascas del sector que se adhieran voluntariamente a esta iniciativa».

Según han subrayado los autores, dicho código podría conllevar la creación de un observatorio de los derechos humanos y el Derecho Humanitario, impulsado por el Gobierno de Lakua, o la creación de una Comisión de Conducta de buen comercio, integrada por representantes de las administraciones públicas, empresas del sector, clientes o usuario y sociedad civil.

«Opacidad y oscurantismo»

Por último, Santaolalla ha destacado que si bien todas las exportaciones están codificadas con uso de códigos arancelarios, les ha sido «imposible» rastrear exportaciones de comercio de armas efectuados por empresas privadas, «porque no hay información». «Cuando hemos ido a la Agencia Tributaria estatal en busca de esa información, nos hemos encontrado con una gran opacidad y oscurantismo». Asimismo, ha subrayado que la Agencia Tributaria no está obligando a las empresas a que esas operaciones se hagan públicas.