Monitoreando debates, rastreando alternativas

La suspensión total de los campamentos o udalekus es una decisión controvertida. Objetivamente, vista la curva de contagios, tiene sentido. Hay que frenar la transmisión en menores que son en general asintomáticos y que al regresar a casa pueden pasar fácilmente y sin darse cuenta la enfermedad a abuelos y abuelas –o a padres y madres con riesgos–. Los campamentos son contextos muy problemáticos para controlar la expansión del virus. No obstante, objetivamente también, esto supone que el cuidado de esos niños y niñas, cuyos padres y madres trabajan en muchos de los casos, va a recaer sobre los más mayores y frágiles ante el covid-19. No en el plazo de quince días, sino ya.

De paso, el argumento sobre el difícil control en estos contextos sirve por igual para el comienzo del curso escolar. Como todo, o se explica mejor o se entiende peor. Priorizar en las clases presenciales a los más pequeños no es muy congruente. Setiembre está a la vuelta de la esquina y no hay un plan claro por parte de las consejerías de Educación. Por ahora, la carga cae sobre los centros y luego caerá sobre los y las docentes. La Administración vasca aprende mucho más lentamente que los niños y niñas.

Como fondo de estos temas aparecen otros dos: la falta de rastreadores, por un lado, y la necesidad de políticas públicas para fomentar el empleo en esta crisis, por otro. Ya sé que las cosas no son tan fáciles como atar cabos, pero tampoco tan misteriosas como aparecen todas las decisiones con esta Administración.

Hay cerca de 4.000 monitores que se han quedado sin empleo por una decisión del Gobierno de Lakua. Una decisión comprensible pero discutible. En muchos casos tienen un perfil profesional muy compatible con las competencias que se exigen a los rastreadores. Son jóvenes y pueden ser la solución. Algo que además tendría beneficios desde el punto de vista de la pedagogía social. Solo les falta una formación adecuada, tal y como hemos visto en otros países europeos de nuestras dimensiones. Por ejemplo, en Escocia.

Todo indica que Lakua quiere que el cuerpo de rastreadores esté integrado en Osakidetza. No explican por qué. Quizás tenga que ver con la salvaje interinidad que hay en el Servicio Público de Salud. No está claro, una vez más.

Si no se puede, si hay razones de peso para hacerlo de otra manera, si se ha descartado… lo que sea, son los responsables quienes deben tomar decisiones. También quienes deben explicarlas. Y si la solución no viene de aquí, les toca decir cuáles son las alternativas. Como ellos no informan de nada que no sea evidente, a los medios y a la sociedad civil solo nos queda plantear estos debates con ánimo constructivo.

Lo que a estas alturas no puede estar a debate es que hacen falta muchos más rastreadores. Lo explicaba perfectamente ayer Beñat Zaldua en estas páginas. En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa hay 218 rastreadores y ayer dieron cuenta de 241 nuevos positivos. En este ámbito, en el ranking del Estado, la CAV está en el puesto 9 de las 15 autonomías que han dado datos de rastreador por habitante. Ojo, Nafarroa le sigue en el puesto 10.

Me disgusta el tradicional relato de que en Euskal Herria estamos mejor que en el Estado español. Creo que deberíamos mirarnos en otros espejos, más exigentes y más ambiciosos. Entre otras cosas, porque uno de los peligros de la complacencia es que deje de corresponderse con la realidad. Corremos el riesgo de jugar siempre a ser cabeza de ratón y acabar siendo contramuslo de roedor.