Bruselas da por muerto el reglamento de Dublín
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha certificado la defunción del reglamento de Dublín, que ata a los refugiados a los países en primera línea de las rutas migratorias. Otra cosa es que el difunto termine de expirar, ya que las negociaciones entre los estados miembros para un acuerdo migratorio se antojan muy complejas.
«Puedo anunciar que vamos a abolir el reglamento de Dublín y reemplazarlo por un nuevo sistema europeo de gobernanza de las migraciones (…) Habrá un nuevo mecanismo fuerte de solidaridad», anunció al final del discurso del Estado de la Unión Europea (UE) la presidenta de la Comisión de Bruselas, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento de Estrasburgo.
Von der Leyen hizo el anuncio una semana antes de la presentación, el 23 de setiembre, de la esperada reforma migratoria.
Un día después, el ministro griego adjunto de Migraciones, Giorgos Koumoutsakos, ha insistido hoy en que el reglamento de Dublín «ha fracasado y debe cambiar».
Primer país de entrada
El reglamento Dublin III, en vigor desde 2013, es un acuerdo entre los miembros de la UE, además de Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein, y estipula que la responsabilidad del examen de la demanda de asilo de un refugiado incumbe al primer país de entrada en Europa.
Así, si un migrante que pasó por Grecia llega al Estado francés, este último no está, en teoría, obligado a registrar su demanda y puede ser devuelto al primer país europeo al que llegó.
De esta manera, los países en primera línea de llegada de migrantes (Grecia, Malta, Italia y Estado español) sufren un gran agravio.
Koumoutsakos ha señalado que «hay una conciencia general en Europa de que debemos alejarnos de la herencia» del reglamento de Dublín, que ya quedó en evidencia durante la crisis provocada por la oleada de refugiados en 2015. La alemana Angela Merkel dio un puñetazo moral y acogió a un millón largo de refugiados.
El responsable griego asume que las negociaciones serán «complicadas y difíciles» porque «los intereses de los países miembros no son los mismos».
«Los nuestros son muy distintos respecto a los de los países de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) pero exigimos una solidaridad real y un reparto justo de la carga» migratoria, ha advertido.