«Las redes político-criminales están torpedeando el Gobierno de Bernardo Arévalo»

Andrea Reyes es diputada electa por el departamento de Guatemala del Movimiento Semilla, el partido que hace dos años ganó las elecciones de la mano del socialdemócrata Bernardo Arévalo. Es también la impulsora del nuevo partido, Raíces, y abogada, implicada en organizaciones projusticia en el país.

Andrea Reyes, diputada guatemalteca del partido gobernante y una de las fundadoras de Movimiento Semilla, denuncia la ofensiva institucional dirigida a frenar cualquier atisbo de cambio democrático. Su partido nació en 2015, tras las masivas protestas anticorrupción que tumbaron al presidente Otto Pérez Molina. Formado por activistas y líderes estudiantiles, Semilla logró 7 diputados en 2019 y, tres años después, encabezó la candidatura que llevó al socialdemócrata Bernardo Arévalo a ganar con casi el 61% en la segunda vuelta, una victoria histórica en un país de casi 20 millones de habitantes marcado por tres décadas de regímenes autoritarios y guerra civil, la negación de su realidad multiétnica e instituciones corroídas por la corrupción y el crimen organizado.

Llegar al poder casi le cuesta el puesto a Arévalo, quien denunció un intento de golpe de Estado tras la persecución política  orquestada por ciertos poderes del Estado, con el Ministerio Público, liderado por la fiscal Consuelo Porras, como pieza clave. Con la ayuda del juez Fredy Orellana, se suspendió la personalidad jurídica del partido y una maniobra parlamentaria avalada después por el magistrado declaró independientes a sus diputados y bloqueó su músculo legislativo. Como sistema presidencialista, además,  ganar la jefatura del Estado no otorga el control de la Cámara: Semilla hoy es tercera fuerza con 23 escaños.

De esa parálisis impuesta –y división interna– nació Raíces, el nuevo proyecto con el que parte del oficialismo busca competir en 2027. En esta entrevista realizada en su despacho de Ciudad de Guatemala, Reyes repasa el recorrido del movimiento y las amenazas persistentes en la política guatemalteca.

¿Cómo pasa Semilla de grupo de análisis a lograr la presidencia en pocos años?

Semilla se constituyó para 2019. Veníamos de grupos de análisis que se juntaban para pensar en Guatemala en términos académicos, a lo que se empezaron a unir activistas del del movimiento estudiantil. Venimos las protestas que pidieron la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. En 2019, logramos 7 diputados; y en 2023, ganamos la elección presidencial y fuimos tercera fuerza en el Congreso. Este éxito se consiguió sin una red de alcaldes ni una presencia territorial significativa.
 
Y de un profundo rechazo al ‘Pacto de Corruptos’. ¿Qué actores considera centrales en ese entramado?

Nosotras incluso le llamamos ‘Pacto golpista’. Son redes político-empresariales de extrema derecha, con figuras como el expresidente Alejandro Giammattei, que llevan 25 años repartiendo privilegios entre los suyos. No tienen un plan de país: su oferta es propaganda religiosa y provida. Controlan el Congreso y usan la justicia como arma política.

Una de sus piezas clave es la fiscal general Consuelo Porras. ¿Cómo explicaría el poder que acumula el Ministerio Público en Guatemala?

En Guatemala, el Ministerio Público es el garrote del Estado. Investiga, tiene inteligencia y persigue penalmente en una misma institución, al contrario que en España, por ejemplo, donde quien investiga es la Guardia Civil y la Fiscalía persigue. Ella desmanteló todo el sistema anticorrupción construido con apoyo de la CICIG [la misión de la ONU contra la impunidad]. Se cerraron casos de corrupción como el de la constructora brasileña Odebrecht y se persiguió a fiscales, jueces y periodistas críticos, como José Rubén Zamora, que hoy sigue preso. Ella está absolutamente coludida con el crimen organizado.

Y tuvo un papel relevante en el intento de desestabilizar el Gobierno de Arévalo.

Vía amparos y decisiones judiciales, eliminó primero candidatos incómodos –de derecha e izquierda– y luego armó el ‘caso Semilla’ alegando errores administrativos que cometen todos los partidos, pero a nosotros nos lo convirtieron en un caso penal con gente presa y exiliada. Hoy por hoy el partido está ilegalizado.

El año que viene se elige nuevo fiscal general. ¿Qué espera?

Alguien que no use la justicia como arma política. Como decía, hoy tenemos siete exiliados y cuatro presos políticos, fiscales cuya ‘falta’ fue luchar contra la corrupción o gente que se dedicó a contar votos en el Tribunal Supremo Electoral. No se puede repetir la ilegalización de un partido por no responder a las demandas de la elite política tradicional.

Sin implantación territorial, sufriendo una persecución judicial.. ¿qué valoración hace de estos dos años de Arévalo?

Semilla se ha enfrentado a un difícil inicio de gobierno. Ha habido una curva de aprendizaje tras constantes ataques por parte de la oposición del sistema de justicia guatemalteco, cuyos órganos siguen emitiendo fallos a favor de corruptos y personas vinculadas al crimen organizado. Como comentamos, 2026 será decisivo, ya que se renovarán puestos clave para el país. Además de la Fiscalía, se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General y Contraloría General de Cuentas, todos ellos fundamentales para el futuro político de Guatemala.

Ha mencionado varias veces al crimen organizado. ¿Qué papel juega este en el equilibrio político?

Cuando hablo de crimen organizado, no estoy hablando de un cartel del narcotráfico en específico, sino de redes político-criminales que están instauradas en el Estado, muchas de ellas directamente en el Poder Judicial o en el empresariado organizado. Gente que responde a una élite corrupta política que ha mantenido esta serie de privilegios en los últimos 25 años y que, digamos, son quienes han defendido ese status quo y quienes torpedean al gobierno de Arévalo.

Amparos, apertura de casos penales... Por ejemplo, tuvimos el allanamiento de un ministro de obra pública que no estaba respondiendo a sus intereses y tuvo que salir huyendo del país. También está el caso de Luis Pacheco, que fue preso por movilizar  a la ciudadanía contra del golpe de Estado en 2023. Luego fue viceministro de Minas, era el encargado de ver esta clase de megaproyectos mineros que se instauran en el país y que tienen una situación compleja a la hora de enfrentar esta apertura de licencias aprobadas por gobiernos anteriores.

Como el caso de Alejandro Giammattei y la famosa alfombra mágica.

En un incidente conocido por el soborno en efectivo entregado dentro de una alfombra enrollada al expresidente Giammattei a cambio de licencias para explotar minas. Este último fue incluido en la lista Magnitsky de EEUU y sancionado por su presunta corrupción. Su caso evidencia la macabra conexión en el área de El Estor entre el narcotráfico, los actores políticos y la propia industria extractivista. Esta red no solo implica corrupción, sino también graves violaciones a los derechos humanos.

Volviendo a Semilla, el partido experimentó una ruptura que llevó a la constitución de uno nuevo, Raíces. La continuidad es evidente. ¿Cómo explica usted esta división?

La ilegalización del partido y también cierta desidia de la dirigencia del partido para tomar decisiones en torno a la defensa del partido y de las personas que son afiliadas al proyecto y que están ahorita presas o exiliadas nos dejó en una situación compleja. Además, vía orden judicial se nos declaró independientes –incluido Samuel Perez, que fue por una semana presidente del Congreso–,  lo que limita nuestra capacidad para presidir comisiones importantes, fiscalizar a otros funcionarios y aprobar leyes, y ello nos obliga a depender de actores políticos ajenos poco fiables.

Pero ustedes siguen apoyando a Arévalo.

Sí. Raíces nace ante la imposibilidad que implica el tope del Poder Judicial a una evolución del proyecto, pero, sobre todo, de la intención de continuar con el proyecto político que ganó las elecciones en 2023. Las acciones legales contra Semilla en los tribunales han sido objeto de un proceso de dilación porque saben que no pueden fallar en contra. Esto está ocurriendo ya: en el Departamento de Guatemala, por ejemplo, cinco de las seis estructuras legales del partido están vencidas. Como el partido está suspendido, no pueden renovarlas. ¿Qué va a pasar? Que cuando devuelvan el partido a la legalidad, ya será un cadáver, imposible de resucitar. La única opción responsable era crear un nuevo partido con la misma gente.

¿Cómo describiría la relación del gobierno actual con EEUU, considerando la influencia de Washington en la región?

Es un tema un poco espinoso. Sin embargo, la política exterior ha sido el punto fuerte del gobierno actual y, por tanto, en algunas materias sí que ha habido colaboración. Por ejemplo, se negoció para que los deportados regresen en condiciones dignas, con programas sociales de apoyo. El Gobierno ha conseguido además una apertura más fluida con la Casa Blanca porque, a diferencia de muchos diputados, no responde a los intereses del crimen y del narcotráfico, un problema de seguridad nacional para EEUU. Esta relación ha facilitado la negociación de aranceles y la creación de institucionalidad para atraer la inversión de empresas estadounidenses.

¿Le preocupa que el modelo Bukele, dado su popularidad, pueda replicarse?

Aunque goza de gran popularidad, creo que ahorita está en su peor momento por la implantación de un estado de excepción demasiado prolongado. Su modelo, además, no se replica fácilmente en Guatemala. Si bien existe una simpatía en los barrios populares debido a la convivencia con pandillas, las diferencias en cuanto a la composición etnogáfica así como sociales y geográficas entre ambos países son enormes. En El Salvador es más fácil instarurar figuras como la de Bukele. Acá lo intentaron, pero pierden la popularidad muy rápido.