Finaliza la comisión del Parlamento navarro con un dictamen que descarta pruebas de corrupción

La comisión de investigación sobre las adjudicaciones a personas y empresas vinculadas a la trama que la UCO atribuye a Santos Cerdán ha aprobado este miércoles su dictamen final. El texto ha salido adelante en comisión con los votos de PSN, EH Bildu y Geroa Bai, que suman 27 de los 50 escaños del Parlamento de Nafarroa, una mayoría que garantiza su ratificación definitiva en el pleno del 18 de junio. 

Se cierran así unos trabajos que arrancaron en octubre y que han tenido en la adjudicación de los túneles de Belate su principal campo de batalla. La comisión ha dejado también momentos algo bizarros, como el tenso careo entre Cerdán y Esparza, que acabó sacando a relucir viejas cuentas pendientes entre ambos, o la comparecencia de Koldo García desde una sala de la prisión, casi sin mobiliario y con una bandera española de fondo.

Otras ausencias fueron menos pintorescas y más reveladoras. Los dos técnicos de la CHE y los cuatro técnicos de la CHC ni siquiera comparecieron. Tampoco José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. Los empresarios señalados como presuntos corruptores han permanecido en segundo plano durante todos estos meses, pese a las innumerables investigaciones que describen cómo grupos de constructoras y consultoras negocian entre sí el reparto de los contratos públicos.

Precisamente una de las cuestiones que ha quedado de sobra acreditada en estos meses son las limitaciones del propio organismo. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, las ha enumerado durante su intervención. El secreto sumarial, que ha impedido acceder incluso a los informes de la UCO. El derecho de los investigados a no declarar, que dejó comparecencias en blanco. La falta de medios coercitivos y el hecho de que solo las administraciones navarras estuvieran obligadas a aportar documentación. Y la duración acotada del mandato, porque si tras el cierre aparecieran nuevos indicios o pruebas, la comisión ya no podría reactivarse. Las conclusiones del dictamen, por tanto, deben leerse con ese marco presente.

Con todo, las conclusiones pactadas el 3 de junio por PSN, EH Bildu y Geroa Bai deja respuestas nítidas. ¿Irregularidades? Sí. ¿Lagunas de transparencia? También. ¿Corrupción? El texto señala que con la información disponible no ha podido constatarse. Las informaciones del ‘caso Koldo’ y los informes de la UCO sembraron una duda razonable, y a esa duda se respondió con auditorías, una comisión de investigación y ahora un paquete de medidas para que lo ocurrido no se repita.

En concreto, la primera de las conclusiones sostiene que «no se ha podido acreditar» la existencia de «prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados». Pese a la gravedad de las sospechas iniciales, ni las comparecencias ni la documentación examinada han aportado pruebas directas de sobornos, reparto de comisiones, apropiación de fondos públicos o conflictos de intereses.

La segunda extiende esa conclusión a las empresas licitadoras y adjudicatarias, incluidas aquellas cuyos responsables están siendo investigados penalmente. Su relación con personas investigadas «genera un contexto de sospecha» que justificó la comisión, admite el texto, pero «no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas de adjudicación».

El tercer punto es el más crítico con la gestión. La comisión constata vicios procedimentales en varios contratos, en especial en la licitación de Belate. Falta de actas, publicación tardía en el DOUE, deficiencias de motivación y los votos particulares y reparos de Intervención que advertían de posibles incumplimientos de la normativa. El dictamen los califica como «objetivamente incumplimientos de la legalidad y la buena administración», aunque sin «pruebas concluyentes» de un pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados ni de un beneficio económico indebido.

La cuarta conclusión se centra en Belate. No ha quedado acreditada injerencia política «directa o indirecta o de cualquier otra naturaleza» sobre la Mesa de Contratación, cuyos vocales negaron de forma coincidente haber recibido instrucciones o presiones. El texto sí recoge «conductas discutibles» del presidente de la Mesa, como pedir a técnicos «repensar» puntuaciones o correos que intentaban modular votos particulares, y reuniones de cargos políticos que pueden interpretarse como «presión ambiental». La Mesa, admite, funcionó «lejos de los estándares deseables de ecuanimidad, serenidad y buena administración».

Las aportaciones de los cuatro grupos por separado no han salido adelante, como tampoco las de UPN, PPN y Vox. 

Recomendaciones

El dictamen se completa con un bloque de recomendaciones que sí lleva cuatro firmas, también la de Contigo-Zurekin. La principal es un Plan de Integridad en la Contratación Pública que revise los pliegos tipo, impida que las puntuaciones sujetas a valoración subjetiva se compartan antes de su registro y fije protocolos ante indicios de corrupción.

Los grupos plantean además modificar la Ley Foral 2/2018 para regular con mayor claridad las mesas de contratación, justo el terreno donde se libró la batalla de Belate.

El paquete incluye reforzar la Intervención General y consolidar la plantilla de la OANA, que sigue con siete de sus once plazas sin cubrir, hasta el punto de estudiar si debe poder impugnar ante los tribunales las ilegalidades contractuales que detecte.

Las formaciones recuperan también las propuestas que el Observatorio de la Contratación Pública formuló en 2014 contra la corrupción en los contratos públicos, vigentes doce años después.

Debate en la comisión

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha abierto el debate calificando la comisión de «operación de salvamento político» de María Chivite y ha acusado al resto de grupos de levantar «un muro político de protección alrededor de la presidenta». A su juicio, «la presunción de inocencia no puede convertirse en impunidad política», y una presidenta «no necesita estar condenada para asumir responsabilidades políticas».

Esparza ha recordado que, según la UCO, la trama «nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN» antes de extenderse al resto del Estado. Belate sería, en su lectura, «el paradigma de este modus operandi». «Mismos actores, mismas empresas, mismos protagonistas, misma manera», ha resumido, antes de repasar los vínculos de Cerdán con Servinabar, «de la que posee el 45%», ha señalado.

Con EH Bildu ha sido especialmente duro. Ha acusado a la coalición de usar la comisión para «pagar los favores prestados a Cerdán». Ha cerrado advirtiendo a los firmantes de que «la sombra de Cerdán les va a acompañar siempre».

El portavoz del PSN en la Comisión, Javier Lecumberri, ha replicado a Esparza acusando a UPN, PP y Vox de haber construido «un relato político con fines e intenciones políticas» en lugar de hablar de lo sucedido en la comisión. Tras desmenuzar las obras públicas analizadas, ha defendido, no se han hallado indicios de corrupción, injerencias o participación política en ninguna de las licitaciones. 

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha reivindicado el trabajo de la comisión frente a quienes la dan por amañada y ha dedicado el grueso de su turno a desmontar el método de los dictámenes de UPN y PP. Ninguno de los dos llega a afirmar que haya existido corrupción, ha señalado. El PP escribe que no puede constatarla, pero que hay indicios que «invitan a pensar» que existió. UPN sostiene que, si la trama de Cerdán actuó en otras provincias, «es lógico pensar que también lo hiciera en Navarra».

Para Araiz, ese razonamiento tiene nombre, imputación por analogía. Como la trama hizo algo en un sitio, se da por hecho que lo hizo también en otro. Así, ha añadido que la oposición está «elevando a la categoría de prueba» lo que de momento son «meras diligencias de investigación», informes policiales que ningún tribunal ha contrastado todavía. 

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha insistido en que la comisión «ha sido útil, ha permitido conocer y arrojar luz sobre actuaciones que habían generado preocupación social y también política», y ha manifestado, para opinar que «lo que trataba esta comisión era confirmar hechos y no de alimentar ni indicios ni relatos interesados, algunos ya preestablecidos».

El portavoz del PPN, Javier García, ha visto en la comisión a «un Partido Socialista mucho más preocupado por defenderse políticamente que por esclarecer los hechos», y a unos socios que «hablan de transparencia, exigen responsabilidades» pero han actuado «como escuderos» del PSN. 

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha marcado distancia con «los relatos políticos de la derecha», aunque ha admitido que «no todo se ha hecho bien» y que hay comportamientos «incompatibles con los principios básicos de la contratación pública» y «evidencias de una falta de ética política y también empresarial». Ha subrayado, eso sí, que es la primera vez en Nafarroa que la mayoría que sostiene a un Gobierno impulsa una comisión de investigación sobre sí misma.