En 2016, la Guardia Civil detuvo a responsables de la empresa pública Acuamed, en el inicio de un caso en el que han acabado procesadas 42 personas por adjudicación y ejecución irregular en una veintena de obras hidráulicas y medioambientales. Entre los imputados constan cargos de las empresas adjudicatarias.

En 2018, la UTE responsable de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) pagó más de 60 millones de euros al Gobierno de Aragón para evitar un juicio por los sobrecostes fraudulentos del proyecto, que acabó costando más del doble de los 56 millones de euros previstos inicialmente.

El mismo año, un juzgado dio por probado que en las obras de la estación de La Sagrera, en Barcelona, la UTE que llevaba a cabo las obras facturó trabajos no ejecutados y generó notables sobrecostes.

Estos tres casos, botón de muestra, no tienen en común al partido que gobernaba –ocurrió tanto con el PSOE como con el PP–, pero sí a una de las empresas que formaba parte de las diferentes UTE. Se trata de Acciona, cuyo presidente, José Manuel Entrecanales, declinó el pasado martes acudir al llamado del Parlamento navarro, donde fue citado por la comisión de investigación sobre obras públicas.

En el caso de Acuamed fueron imputados ocho altos cargos de Acciona, que también aparece en el caso Gürtel. En el caso Plaza, fueron dos los procesados. Y ahora están siendo investigados otros tres, entre ellos el exdirector de Construcción en el Estado español, Justo Vicente Pelegrini, que tampoco acudió a la cita del Parlamento esta semana.

Conocida la fundamentada crisis reputacional de la empresa, no es de extrañar que Acciona saltase por la ventana en cuanto vio entrar por la puerta los titulares que le implicaban en el caso que tiene como principales investigados a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Pero pese a abandonar la UTE del túnel de Belate, la empresa ha tenido tiempo de dejar la huella de su modus operandi también aquí. El demoledor informe del interventor general de Nafarroa paralizó en noviembre el pago de 8,5 millones de sobrecostes que el Ejecutivo de María Chivite había aprobado ya. El organismo supervisor del propio Gobierno acusó a Acciona y Osés de haber mentido para cobrar 6,2 millones más de la cuenta.

Puertas giratorias «cloaqueras»

Cada vez que un escándalo llama a la puerta de Acciona se activan los cortafuegos, que pasan por despedir a los cargos investigados, como Pelegrini, y tratar de desvincular a la empresa. También suele haber promesas de autoenmienda. Por ejemplo, en noviembre de este año, la corporación encargó a la auditora PwC una revisión de sus protocolos de prevención de delitos.

Pero estos anuncios chocan con la realidad. Solo un año antes, en 2024, un juzgado de Sevilla declaró nulo el despido de un cargo medio de Acciona, expulsado tras haber denunciado las prácticas corruptas de su superior, Francisco Javier López Buciega. El trabajador denunció internamente la existencia de un correo electrónico de Gmail, al margen del servicio corporativo, en el que la empresa recogía los pliegos de los concursos públicos antes de que se hiciesen públicos.

Pero para desgracia de este cargo medio, el responsable de gestionar estas denuncias internas era Joaquín Collado, ex teniente coronel de la Guardia Civil, condecorado por su papel en la lucha contra ETA y responsable en su día del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. En 2013 dio el salto a Acciona, donde saltándose el derecho a la confidencialidad, investigó el rastro de la denuncia por canales internos y dio con su autor, que se había quejado de la presión a la que le sometía su superior para conseguir los pliegos fuera como fuera. Lo despidieron de forma fulminante, y aunque el juez obligó a la empresa a readmitirlo, Infobae –que destapó en su día el caso– aseguró este diciembre que lo ha hecho a regañadientes, con una bajada de sueldo y apartado de sus funciones anteriores.

Por cierto, por Acciona fichó también Manuel Sánchez Corbí, exjefe de Operaciones Antiterroristas –condenado por las torturas a Kepa Urra– y ex coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la misma que investiga ahora el caso Koldo-Ábalos-Cerdán.

Todo un sistema

Sería iluso, sin embargo, pensar en Acciona como en la manzana podrida del sistema empresarial español. Basta recordar las multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), contra varios cárteles del sector. En 2021, por ejemplo, Acciona y otras once empresas fueron multadas con 61 millones de euros por alterar licitaciones de conservación y explotación de carreteras. Un año más tarde, la empresa de Entrecanales volvía a ser una de las seis empresas sancionadas a pagar 204 millones por alterar durante más de 25 años licitaciones de construcción de infraestructuras.

El escándalo, a estas alturas, quizá ya no sea que manipulasen concursos públicos durante un cuarto de siglo, sino que pagando multas irrisorias –Acciona facturó 19.190 millones de euros en 2024–, sigan ganando alegremente licitaciones públicas como si aquí no hubiera ocurrido nada.