Argentina ha entrado técnicamente en ‘default’ (suspensión de pagos) tras cumplirse el plazo fijado para el pago a los tenedores de deuda esta pasada medianoche, sin llegar a un acuerdo con los ‘holdouts’, conocidos como ‘fondos buitre’, que respaldados por la sentencia del juez estadounidense Thomas Griesa reclaman el pago de 1.300 millones de dólares al país.

Tras una reunión más de seis horas en Nueva York, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, advertía de que Argentina no podía acceder a este reclamo y ofrecía a los fondos buitre «las mismas condiciones que dispusieron el resto de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010», algo que los representantes de los ‘holdouts’ han rechazado.

En este sentido, Kicillof ha sentenciado que no se va a firmar «nada que comprometa el futuro de los argentinos» y ha insistido en que acudirán al derecho nacional e internacional para que esta situación –que califica de «injusta»– no se perpetúe en el tiempo.

Pese a todo, el ministro ha defendido una y otra vez en que el país no entrará en suspensión de pagos, ya que el Gobierno ha hecho frente a los pagos de los bonistas que accedieron al canje, aunque el dinero haya sido bloqueado en un banco por el juez Griesa. «Es una situación inédida e insólita», ha denunciado en unas declaraciones que publica el diario argentino ‘Clarín’.

«El dinero está ahí, evidentemente. Si fuera un ‘default’ no estaría allí», ha señalado, para recordar que Argentina hizo un giro de 1.031 millones de dólares el 26 de junio, a tiempo para no caer en el impago.

Esta es la segunda vez en la que Argentina entra en una suspensión de pagos, después del masivo ‘default’ de 2001, que es del que proviene la deuda adquirida por el país austral y, por lo tanto, la situación actual a la que se enfrenta el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El mediador Daniel Pollack, designado por el juez Griesa en el caso de la deuda argentina, ya advirtió tras la fallida reunión de que Argentina entraría «de forma inminente» en una situación de suspensión de pagos que, según el abogado, «no es una mera condición técnica», sino más bien «un hecho real y doloroso que hará daño a la gente real».

Entre los que se verán afectados directamente por este hecho Pollack incluye a los propios ciudadanos argentinos, a los tenedores de bonos y a los inversores extranjeros.