Activista social
Unión Europea: la lista de la vergüenza

En vez de acogida o reasentamiento, se levantan vallas y muros cada vez más altos con concertinas; se abren fosos, centros de internamiento (CIE) y se hipoteca la cooperación al desarrollo con terceros países a cambio de que éstos lleven a cabo políticas de retención de potenciales solicitantes de asilo.

23/11/2017

Hace unas fechas, el prestigioso periódico alemán “Der Taggespiegel” publicó una lista con los 33.293 nombres de las personas migrantes fallecidas en su intento de llegar a Europa para poder alcanzar refugio. Solo en 2016, la cifra alcanzó las 7.872 personas, la inmensa mayoría, ahogadas al intentar cruzar el mar Mediterráneo.

La lista, que ocupó 48 páginas del citado periódico, abarca el periodo que va entre el año 1993 y el 29 de mayo de 2017. Lamentablemente, el número sigue creciendo. ACNUR alerta de que la del Mediterráneo es la ruta migratoria más peligrosa y mortal de las que existen. El 65% de todas las personas fallecidas en el mundo en el uso de las distintas rutas migratorias lo han sido intentando atravesarlo.

En 2016 ACNUR contabilizó en 65,6 millones las personas desplazadas forzosas en 2016, es decir, el número de aquellos que a causa de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de los derechos humanos se ven obligados a abandonar su casa y su vida con todo lo que ello comporta. ACNUR registró ese mismo año, el último del que se disponen de datos completos, un crecimiento en 10,3 millones de nuevos desplazados (6,9 millones dentro de las fronteras de su propio país y 3,4 millones de nuevos refugiados y nuevos solicitantes de asilo).

Por su parte, las personas que han arribado a las costas españolas en lo que va de año no deja de aumentar. A estas alturas son 15 mil y ya superan a todas las que llegaron en 2016. Solo en el fin de semana del 18 y 19 de noviembre, se contabilizaron 1.100. La realidad ratifica los datos que año tras año ACNUR menciona, en el sentido de un crecimiento constante de quienes forzosamente deben abandonar el lugar en el que habitan. La cifra representa ya la mayor de la historia tras la Segunda Guerra Mundial.

Las razones profundas de que cada minuto 20 personas se conviertan en nuevos desplazados hay que buscarla en la creciente desigualdad y opresión que, a consecuencia de la política neoliberal, estamos viviendo en todo el mundo. La guerra, el hambre, el cambio climático, la tala o extracción masiva de materias primas, etc. Todos ellos son los efectos que provocan un importante desplazamiento forzado de una cantidad cada vez mayor de personas. Pero como decimos, en el fondo, se halla el dominio de un número cada vez más reducido y concentrado de Estados y personas, los más ricos del mundo, y de la lógica económica que esta situación impone.

El 84% de los 22,5 millones de personas contabilizadas como refugiados por ACNUR, que no representa a todos los que existen, pero sí la inmensa mayoría, encuentran refugio en países empobrecidos; únicamente el 16% restante lo hace en Estados que no tienen tal condición. Sin embargo, a pesar de ser una minoría quienes intentan llegar a Europa, particularmente desde el otro lado del mar Mediterráneo, esta ruta concentra, como antes señalamos, el mayor índice de mortandad y es la más peligrosa del mundo. Las razones se ponen al desnudo en un reciente informe de la fundación porCausa llamado “La industria del control migratorio”. En él observamos muchas de las claves de una realidad que en diferentes artículos de Sin Permiso hemos analizado ampliamente. Esas claves no tienen que ver con ninguna condición extraña del mar Mediterráneo, sino con la política que la Unión Europea y los 28 estados que la componen están llevando a cabo desde hace ya mucho tiempo.

Se trata de una política que menosprecia el derecho internacional y las distintas convenciones que lo rigen y que, por ende, constituyen la supuesta base legal obligatoria de funcionamiento de la propia Unión. Sobre el papel, si bien cada vez menos, se supone que dichas normas, entre las que se incluyen las obligaciones que marcan el derecho de asilo y refugio o la necesidad de la acogida, representan la «esencia de Europa». Ello implicaría, si fuera cierto, que los Derechos Humanos son la base de toda acción política, dado que se considera, al menos en los discursos, que son el medio de garantizar paz y seguridad para la población, así como la buena vecindad. Pero a la hora de la verdad, los jefes de Europa hacen justo lo contrario. La política de seguridad no se apoya en los hipotéticos valores que teóricamente sostienen sus bases, sino en la fuerza bruta, en la guerra contra el que llega, y a esos parámetros se supedita todo. Una guerra que se practica precisamente contra aquellos que huyen indefensos de ella y no contra las causas que la provocan.

Por esa razón fracasó el modesto plan de reubicación y reasentamiento de 160 mil personas que iba a llevar a término la UE y que finalizó en septiembre. En vez de acogida o reasentamiento, se levantan vallas y muros cada vez más altos con concertinas; se abren fosos, centros de internamiento (CIE) y se hipoteca la cooperación al desarrollo con terceros países a cambio de que éstos lleven a cabo políticas de retención de potenciales solicitantes de asilo o de compromiso de retorno con las que poder avalar las expulsiones forzosas y masivas que realizan los Estados de la Unión. Se discrimina, contraviniendo la Convención de Ginebra, a los potenciales solicitantes de protección internacional por su origen mientras se firman pactos de devolución con Turquía, Marruecos o incluso con el fallido Estado libio, donde el acuerdo se establece ya con señores de la guerra. Dentro de la misma lógica, se inunda el Mediterráneo en vez de con barcos de salvamento para evitar ahogamientos, con embarcaciones militares para rechazar, hostigar y evitar que arriben a los que intentan cruzarlo. Todo ello, por supuesto, muy bien financiado con dinero público europeo y de los propios estados.

En su informe, porCausa muestra cómo funciona esta política y quién, con nombres y apellidos, obtiene en España rédito de ella. Lo primero que destaca de las operaciones es su opacidad; lo segundo, la neolengua usada para describirlas. Así, por ejemplo, el Fondo de Asilo Migración e Integración emplea más dinero en control migratorio y de frontera que en lo que supondría que tiene que hacer si atendemos a su nombre. Además están empresas como INDRA, Dragados y Ferrovial que son el top de la industria del control migratorio, como también Amper, Telefónica, Corte Inglés Informática, Globalfood, Dulcinea o Siemens. A todo ello se suma que esta industria puede existir gracias y en exclusiva a los fondos públicos que se le destinan, o sea, que es resultado únicamente de una voluntad manifiesta de las autoridades políticas, no del «mercado».

La manera premeditada, consciente y perseverante por parte de los jefes de la UE y de los 28 estados de organizar una política en relación a la migración y al asilo contraria a los propios principios de la legalidad internacional lleva a una conclusión que no es otra que, tal política, se vea obligada a avanzar, lo más posible, fuera de los focos parlamentarios y fuera del control de la ciudadanía. Y para lograrlo, no hay mejor medio que se ejecute a través de empresas privadas (externalizaciones) y bajo nombres más propios del 1984 de Orwell.

En el mundo hay un número que no puede ser calculado, pero que resulta muy real de personas que nacen, viven y mueren sin haber nunca llegado a existir. Es decir, sin que jamás hayan sido registradas por medio o instrumento alguno. Ahora, gracias al trabajo de “Der Taggespiegel” para muchas de aquellas que murieron en el Mediterráneo eso ha cambiado. Cada nombre en esa lista de la vergüenza representa una mancha para las autoridades y gobiernos que han permitido que haya un inventario como ese y que consienten que éste siga creciendo. A la par, esa lista constituye un acicate para que la ciudadanía se comprometa y luche por dar la vuelta una política que no sólo está condenada por inútil e incapaz de resolver la situación de más de 65 millones de personas en el mundo, sino que provoca muertes y un sufrimiento absolutamente innecesarios y contrarios a la legalidad internacional

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