Ética del referéndum

Es necesario ir más allá en el calado ético de una decisión de esta importancia para Catalunya, para el Estado español y para los pueblos que lo conforman.

19/09/2017

A lo largo de estos días, a medida que se aproxima el 1-O, los acontecimientos siguen precipitándose en Catalunya y Madrid. La diada convocada por la Assemblea Nacional Catalana y el Òmnium Cultural reafirmó masivamente la voluntad democrática y mayoritaria del pueblo catalán por el referéndum de autodeterminación a favor de la independencia. Sin embargo el Estado español y su Gobierno central mantienen e incrementan sus amenazas estrechando cada día más el cerco judicial y policial para impedir su celebración.

Es indudable la trascendencia política de la decisión del Parlament y la forma en que pueda resolverse. Las posiciones están enfrentadas y es muy difícil prever el resultado del procés y que alcanzará su punto culminante el 1-O con consecuencias, por el momento, imprevisibles.

Planteado y aprobado legalmente por el Parlament, junto con la Llei de Transitorietat, la votación del referéndum, en caso de celebrarse y de ganar el «Sí», organizaría el proceso constituyente posterior que daría paso a la proclamación de una república en Catalunya.

Una decisión democrática de esta envergadura implica consecuencias políticas, jurídicas, económicas decisivas que suponen un cambio radical en las relaciones entre la nación catalana y el Estado español. Plantea, por tanto, un profundo cuestionamiento al que la conciencia ciudadana debe responder desde criterios que dimanan de la razón ética.

El derecho de libre determinación de los pueblos o de autodeterminación consiste en el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. Está recogido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La “Carta de París para una nueva Europa” (1990) reafirmó la igualdad de derechos de los pueblos, en concreto, a la autodeterminación de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con las normas pertinentes al derecho internacional, incluidas las referentes a la integridad territorial de los Estados. La “Declaración Universal de los Derechos Colectivos de los Pueblos” (Barcelona, 1990) afirmó la autodeterminación de los pueblos, que implica el derecho a su propio territorio, el control de su medio ambiente y recursos económicos, de los medios de comunicación, la defensa y desarrollo de su identidad cultural y lingüística.

Estas declaraciones, por tanto, reconocen la capacidad y libertad de un pueblo para tomar sus propias decisiones como nación soberana, también la de su independencia, por la que tiene derecho a optar democráticamente según los principios y legalidad internacionales. Expresan un alto consentimiento ético y avalan la decisión que el Parlament ha tomado con todo derecho, a pesar de la legalidad del Estado español y su Constitución elaborada desde la ideología unionista.

Pero es necesario ir más allá en el calado ético de una decisión de esta importancia para Catalunya, para el Estado español y para los pueblos que lo conforman y que, en nuestra experiencia histórica y actual, está en la base del conflicto vasco. Desde ella ofrezco los criterios éticos que legitiman tanto la autodeterminación como la opción independentista.

Me refiero, en primer lugar, a declaraciones éticas de anteriores obispos vascos sobre la soberanía e independencia. Afirmaron «ni la unidad de un Estado, ni la independencia de un pueblo, ni cualquiera de las fórmulas intermedias son realidades definitivas (...). Ninguna de ellas puede ser considerada como la única forma legítima a la luz de la fe. Ninguna puede ser tampoco excluida en nombre de la fe» (1979). Y más tarde proponiendo caminos para “Erradicar la violencia, debilitando sus causas” (1985), afirmaban que «la opción política en favor de la independencia de un pueblo es éticamente aceptable».

En esta mima línea defendían el derecho de autodeterminación de cada pueblo, por las vías del diálogo y la negociación, excluyendo el recurso a la fuerza armada para imponer un determinado modelo político no refrendado por la voluntad popular manifestada legítimamente (1987). Más tarde en su carta pastoral “Preparar la paz” (2002), insistían en que «ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el Estado español son, en principio, para la Iglesia ‘dogmas políticos’ que requieran un asentimiento incondicionado. En este punto el pensamiento social cristiano afirma como un derecho cívico la libertad de sostener y promover por vías pacíficas cualquiera de estas opciones».

Los papas en sus propuestas por la justicia y por la paz, también han incidido en la consideración ética de estos derechos: «hasta que los derechos de todos los pueblos, entre los que se encuentran el de autodeterminación y el de independencia, no sean debidamente reconocidos y honrados, no podrá haber paz verdadera y duradera, aunque el abusivo poder de las armas pueda prevalecer por un tiempo sobre las reacciones de los oponentes» (Pablo VI). El actual papa Francisco lo expresó con claridad en Bolivia: «Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia… La paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en los derechos de los pueblos particularmente el derecho a la independencia».

José María Setién ofreció, durante su mandato episcopal, una densa reflexión ética sobre la autodeterminación e independencia. Justificó los derechos de los pueblos a «darse a sí mismos su propia organización dentro de la solidaridad internacional» y calificó como «lamentable jurídica y políticamente la doctrina que ha hecho de los Estados soberanos, la fuente única de la juridicidad dentro del mismo y la atribución a los mimos de la exclusiva del carácter de persona jurídica en el ámbito internacional».

Estas razones de profundo y coherente significado ético son directamente aplicables al referéndum catalán legitimado, por tanto, desde la justicia y los derechos de los pueblos. Además, como afirmaron en una carta abierta un grupo de cristianos catalanes (2015) «que Cataluña se plantee un paso adelante hacia la soberanía total es lógico y comprensible en este momento en que el Estado español está introduciendo evidentes medidas recentralizadoras. Si quiere conservar no solo su identidad como pueblo, sino sacar de dentro de sí misma su potencialidad en todos los órdenes de la vida (político, cultural, económico, científico, educativo, lingüístico), Cataluña no puede seguir dependiendo de un Estado que le niega su condición nacional, que limita sus posibilidades de crecer y desarrollarse, y que se muestra impermeable a una remodelación en base a su carácter plurinacional y plurilingüe».

Cuando se trata de inculcar entre otros miedos el de la amenaza de su no admisión de la UE, la aprobación del referéndum –decisión respetable, según el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker–, sería sin embargo un paso ético importante para otra conformación de Europa, más allá de las imposiciones de los actuales Estados. Propone, en efecto, otro modelo de convivencia con el Estado español y en Europa para caminar, desde el diálogo y negociación entre iguales, hacia una nueva cultura política más solidaria, más abierta, más plural y contra nacionalismos excluyentes, xenofobias y populismos.

El Parlament y el Gobierno catalanes, recogiendo el sentir mayoritario de su pueblo, han tenido la valentía necesaria para convocar unilateralmente –a pesar de sus esfuerzos por la bilateralidad– un referéndum, expresión de democracia y de razón ética, para que Catalunya decida su futuro como nación soberana. Es el comienzo de un largo camino al que deben unirse Euskal Herria y otros pueblos, si lo desean, con la esperanza de construir una Europa y un mundo diferentes desde los principio éticos de la justicia social y de la paz.

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